Casi 700 personas fueron ejecutadas en Irán el año pasado, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la mayoría integrantes de minorías étnicas o religiosas y acusadas de delitos relacionados con drogas.
“A pesar de las señales de apertura con la elección del presidente (Hasán) Ruhaní hace casi un año, la situación de derechos humanos se deterioró drásticamente”, dijo a IPS el representante en la ONU de la Asociación para los Derechos Humanos en el Kurdistán de Irán, Taimoor Aliassi.
Al menos 687 personas murieron en la horca en 2013, 68 por ciento de ellas luego de las elecciones presidenciales de junio de ese año, indicó Aliassi. Se trata del número más alto en 15 años.
La vasta mayoría de los condenados eran de minorías étnicas, como la kurda y la baluche, o religiosas, como la fe bahaí. “La represión contra estas minorías se acentuó”, advirtió Aliassi.
El activista hizo estos comentarios tras la divulgación del informe del relator especial de la ONU para Irán, Ahmed Shaheed. El gobierno iraní respondió señalando que las conclusiones del trabajo “no son objetivas”, afirmó que se trata de “una compilación de acusaciones infundadas”.
Teherán se opone a una renovación del mandato de Shaheed.
“El año pasado hubo dos ejecuciones por día”, aseguró el relator especial durante una reunión en Ginebra a comienzos de esta semana sobre la situación de los derechos humanos en Irán.
“Sesenta por ciento estaban relacionadas con delitos de drogas. Muchos (sentenciados) no tuvieron acceso a abogados, y sus confesiones fueron obtenidas bajo tortura. Entre los ahorcados había tres menores”, agregó.
Shaheed rechazó la acusación de Teherán de que su informe se basaba en declaraciones de fuentes opositoras e incluso terroristas.
“Aun cuando no pude ingresar al país, hablé con 700 personas. Hago mis entrevistas por (el programa de videollamadas por Internet) Skype. Si hubiera podido viajar a Irán, tendría la versión del gobierno en mi informe. Habría sido una ventaja” para Teherán, afirmó.
“Irán es el segundo país con más ejecuciones, después de China, pero el primero (cuando se calculan) por habitante”, dijo a IPS el director ejecutivo de la organización no gubernamental francesa Ensemble Contre la Peine de Mort (Grupo contra la pena de muerte), Raphaël Chenuil-Hazan.
Esa organización nació en 2000, y fue clave en la creación de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, que realiza un congreso cada tres años.
La aplicación de la pena capital es una referencia para conocer la situación de derechos humanos en un país, explicó Hazan.
“Abre la puerta para que se investiguen otras violaciones a los derechos humanos, como el ajusticiamiento a menores de edad y a minorías étnicas, las ejecuciones públicas, la tortura y los juicios injustos. Podemos trabajar con grupos de base en todos los países, incluyendo China, pero no en Irán”, agregó.
El gobierno iraní, al igual que el de Corea del Norte, “no permite a las organizaciones locales asistir a nuestros congresos”, señaló Hazan.[related_articles]
“Nuestras fuentes son individuos que identificamos en prisiones. El año pasado contamos 687 ejecuciones. Sabemos que hay más, pero esta es la cifra que pudimos demostrar para incluirla en nuestro informe”, agregó.
El reporte de la ONU está en línea con los hallazgos de la organización no gubernamental.
Mahmood Amiry-Moghaddam, portavoz de la organización Iran Human Rights, con sede en Oslo y con miembros en territorio iraní, dijo a IPS que “56 por ciento de las cifras incluidas en este informe son oficiales, y 44 por ciento fueron confirmadas en forma independiente”.
El año pasado, la organización documentó 59 ahorcamientos públicos, “todos anunciados oficialmente. Niñas y niños también fueron testigos de las ejecuciones, pues no hay límite de edad (para presenciarlas). También se realizan muchas en prisiones, y merecen una investigación independiente”, agregó.
Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Irán, los países que no han abolido la pena capital solo pueden aplicarla para los delitos más graves.
“Desde 2010 se ejecutó a más de 1.800 personas por acusaciones relacionadas con drogas. Pero ¿acaso la posesión de 30 gramos de heroína, morfina, opio o metadona es un delito grave?”, preguntó Hazan.
La justicia iraní también establece la pena máxima para castigar delitos como corrupción, rebelión, ofensas sexuales (incluyendo relaciones entre personas del mismo sexo), crimen organizado, robo y contrabando, asesinato y determinadas infracciones religiosas.
Al menos 28 mujeres terminaron en la horca en 2013, según el relator especial.
Algunas organizaciones aseguran que el propio gobierno iraní propaga la adicción a las drogas, particularmente en áreas kurdas, como estrategia política.
“Está aplicando una política antikurda de empujar a los jóvenes de esa minoría a las drogas para luego arrestarlos”, denunció Karen Parker, abogada de derechos humanos de la occidental ciudad estadounidense de San Francisco, en diálogo con IPS.
Por su parte, Gianfranco Fattorini, de la organización francesa Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos), dijo en Ginebra que 20 activistas kurdos se encontraban en el pasillo de la muerte en Irán, y otros 25 habían sido sentenciados a la horca acusados de amenazar la seguridad nacional y de otros delitos similares.
Mientras, Diane Ala’i, de la Comunidad Internacional Baha’i, dijo que la persecución a miembros de esa confesión estaba en cierta medida amparada por la Constitución de la República Islámica, ya que esta solo reconoce tres minorías religiosas: la cristiana, la judía y la zoroástrica.
Los miembros de la fe bahaí son perseguidos desde que nacen hasta que mueren, dijo Ala’i en Ginebra.
“Los niños son marginados en la escuela. A los jóvenes se les niega acceso a la universidad o a empleos en el sector público. Hoy hay 126 bahaís en prisión, solo por ser bahaís. Se los acusa desde ser enemigos de Dios hasta de espías o de pertenecer a alguna organización ilegal”, afirmó.
Algunas de esas personas perseguidas “son ancianas, y otras son madres jóvenes que tuvieron a sus hijos en prisión”.
La activista añadió que los cementerios bahaís sufren actos de vandalismo, y “es claro que estos actos horribles son condonados por las autoridades”.
Los crímenes violentos y la incitación al odio contra los bahaís y otras minorías van en aumento, y las autoridades judiciales no investigan un solo caso. “Esto está orquestado por el gobierno”, sostuvo.
No obstante, también hay un creciente movimiento de solidaridad con los bahaís, reconoció. La semana pasada, 75 prominentes activistas pidieron al sistema judicial iraní que les concediera los beneficios contemplados en la ley islámica también a “minorías religiosas no reconocidas”.
Asimismo, influyentes personalidades, como el cineasta Asghar Farhadi, firmaron una carta abierta pidiendo la abolición de la pena de muerte, en el marco de una campaña iniciada en noviembre.
“Como son muy conocidos, tienen menos riesgos de ir a prisión. Esto es una señal de que la sociedad civil está avanzando. Ahora es tiempo de que el gobierno muestre también apertura”, dijo Hazan.
