Sudán del Sur está dando los primeros pasos de lo que promete ser un largo proceso de sanación de las fracturas que atizaron más de cinco semanas de luchas, dejando miles de muertos y heridos, y 863.000 desplazados.
Pero las tensiones siguen al firme, tras reportes de combates en algunas áreas del país y de la decisión del gobierno de avanzar en los cargos por traición contra cuatro detenidos políticos. Y cuanto más se extienda el proceso, peor se volverá la situación para los cientos de miles de desplazados.[pullquote]3[/pullquote]
El ministro de Información del estado de Nilo Superior, Philip Jiben Ogal, dijo a IPS que la semana pasada hubo disparos en las afueras de Malakal, la capital estadual. Los enfrentamientos violan un acuerdo de cese de fuego que hace casi dos semanas firmaron el gobierno y los rebeldes.
Martin Ojok Karial vive en Malakal y trabaja en la oficina impositiva del Ministerio de Finanzas. Malakal sufrió dos olas de combates. El mercado central de la ciudad está destruido, y por lo menos 27.000 personas han buscado refugio en la base de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los suburbios. Karial es uno de ellos.
La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras también anunció el 31 de enero que la actual inseguridad había obligado a miles de personas a escapar hacia los bosques del estado de Unidad.
Para Karial, la violencia es resultado de una rivalidad política que se salió de control.
“Muchas personas estaban muriendo sin ningún motivo. Porque los enfrentamientos son entre dos personas: el presidente de Sudán del Sur y el vicepresidente. Este no es motivo para que la gente luche y se mate entre sí”, dijo a IPS.
En Yuba, los combates estallaron en un barracón militar el 15 de diciembre y se propagaron rápidamente, primero por toda la capital y luego por el centro y el oriente del país.
El presidente Salva Kiir acusó a su rival político y exvice Riek Machar de intento de golpe de Estado. Machar negó los cargos reiteradamente, aunque reconoció que ahora está en abierta rebelión contra el gobierno.
Luego de semanas de negociaciones en Addis Abeba, ambas partes firmaron el 23 de enero un acuerdo de cese de hostilidades. Apenas horas después, empezaron a acusarse entre sí de violar lo pactado.
Kariak dijo que ahora la gente ha perdido la fe en sus líderes políticos. Aunque las dos partes lleguen a un acuerdo de paz, sostuvo, les resultará muy difícil convencer a personas como él de que durará.
El gobierno liberó a siete de los 11 prisioneros políticos que mantenía desde mediados de diciembre, enviándolos la semana pasada a Nairobi. Y el 1 de este mes llegó a Sudán del Sur una avanzada de observadores regionales para empezar a supervisar el alto al fuego.
El ministro de Justicia, Paulino Wanawilla, reconoció que no había suficientes pruebas para acusar a siete de los detenidos, pero anunció cargos de traición contra los otros cuatro.[related_articles]
Los imputó de ayudar a Machar y a otros dos, todos ellos todavía en libertad, a orquestar un golpe contra el gobierno, alentando el estallido de los enfrentamientos.
Pese a que el gobierno se negó a acceder a las demandas de los rebeldes, ninguna de las dos partes se ha retirado de las conversaciones de paz, cuya reanudación está prevista para esta semana en Etiopía.
“Las partes están comprometidas y están listas para resolver el conflicto de una manera pacífica”, dijo el mayor general etíope Gebreegzabher Mebrahtu tras llegar a Yuba.
Mebrahtu lidera los esfuerzos de vigilancia organizados por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, un bloque regional.
No está claro si las dos partes podrán lograr una negociación que vuelva a unir al dividido país.
En una exhortación pastoral divulgada la semana pasada, el cardenal católico Gabriel Zubeir Wako llamó a una “mejor gobernanza en toda la nación, y al fin del poder político personalizado”.
Mientras la población no se sienta segura de que tiene cierto control sobre sus líderes políticos y sobre lo que acontece en el país, no abandonará las bases de la ONU, las iglesias y las mezquitas en las que buscó refugio.
Valerie Amos, secretaria general adjunta de Asuntos Humanitarios en la ONU, visitó Malakal la semana pasada y habló con varios de los más de 64.000 desplazados.
“Aún cuando les dije: ‘Necesitamos trabajar en la reconciliación, necesitamos que todas las comunidades se unan, que los líderes se unan, necesitamos garantizar la seguridad de las personas’, no se convencieron”, dijo Amos.
En cambio, le pidieron que los trasladaran a otras partes del país o del exterior. Es una situación frágil. Mientras los números de desplazados continúan en aumento, la ONU y sus socios humanitarios se esfuerzan por brindar suficientes alimentos, agua potable y refugio a todos. Los brotes de enfermedades también son un riesgo presente.
Los trabajadores humanitarios empiezan a llamar la atención sobre las implicaciones de la situación a largo plazo. “Estamos llegando al periodo anual de hambruna, y esto es muy probable, porque la gente se ha visto forzada a desplazarse a consecuencia de la inseguridad, y no tendrán las mismas reservas de alimentos que tenían antes”, dijo a IPS el director general de Médicos Sin Fronteras, Arjan Hehenkamp.
La ONU anunció que hay 3,2 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria inmediata, y que más de siete millones pueden correr la misma suerte este año. Y mientras las dos partes continúen enfrentadas, la situación solo empeorará.
