El acuerdo de paz que firmaron el gobierno y el grupo rebelde y separatista más grande de Filipinas, el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), tras dos años de intensas negociaciones, abre el camino para resolver una de las guerras internas más largas del mundo.
El acuerdo del 25 de enero establece el desarme y un proceso de integración de unos 12.000 combatientes del FMLI a las fuerzas de seguridad filipinas.
Así se podría poner fin al principal desafío armado a la integridad territorial de Filipinas y a cuatro décadas de un conflicto que dejó 150.000 personas muertas, la mayoría civiles, en la sureña isla de Mindanao.
A cambio, el gobierno facilitará la creación de la entidad política autónoma de Bangsamoro en las regiones predominantemente musulmanas de Mindanao. Se prevé que el Congreso legislativo filipino dé existencia legal a la nueva entidad este año.
No obstante, voces críticas dudan de la viabilidad del acuerdo de paz y cuestionan la escasa inclusión con que se celebraron las negociaciones.
“Llegar hasta aquí implicó un camino difícil y sabemos que el que tenemos por delante continuará plagado de desafíos”, declaró Teresita Deles, asesora presidencial especial para las negociaciones de paz.
“En un mundo que busca soluciones pacíficas a todos los problemas, estamos agradecidos de haber encontrado la nuestra”, añadió.
Resuelto a optimizar los dividendos diplomáticos de las negociaciones, el gobierno del presidente Benigno Aquino espera finalizar el establecimiento de Bangsamoro antes del fin de su gestión, en 2016.
Esto significa que la minoría musulmana podrá finalmente disfrutar de una importante autonomía sociocultural y política, pues el gobierno local de Bangsamoro tendrá potestad de administrar los recursos naturales y fiscales de esa región.
Gobernantes de todo el mundo saludaron el acuerdo, con la esperanza de que un Mindanao más estable contribuya a minimizar el fundamentalismo islámico y el extremismo en Asia sudoriental.
El secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, John Kerry, felicitó al gobierno de Aquino por “concluir las negociaciones hacia un acuerdo de paz histórico y amplio”, y elogió la promesa de “paz, seguridad y prosperidad económica para hoy y para las futuras generaciones de Mindanao”.
Washington también alabó a Malasia y al Grupo Internacional de Contacto, integrado por expertos en resolución de conflictos de todo el mundo, por su rol crucial en la mediación del acuerdo final, firmado en Kuala Lumpur.
Mientras, inversores internacionales miran el potencial económico del acuerdo. Se estima que Mindanao posee recursos naturales no explotados, principalmente mineros, por valor de unos 300.000 millones de dólares.
Mientras crece la inseguridad jurídica en grandes centros mineros, como Indonesia, los inversores consideran las perspectivas de operar a gran escala en áreas ricas en recursos, por ejemplo Mindanao.
Filipinas ya está entre las economías de más rápido crecimiento de Asia, con un crecimiento promedio del producto interno bruto (PIB) anual de seis a siete por ciento en los últimos años.
El gobierno de Aquino ha buscado integrar las regiones de Mindanao, desatendidas por mucho tiempo, a la cresta de la ola económica que vive el resto del país.
En Mindanao está una de las regiones más pobres de Filipinas. Y en los últimos años la pobreza aumentó en las provincias de mayoría musulmana.
Como Mindanao padece un rezago relativo en materia de infraestructura, los esfuerzos de reconstrucción tras el conflicto pueden aumentar de modo significativo el gasto interno y las inversiones. Gracias a su geografía favorable y a sus tierras fértiles, la isla tiene también potencial de granero del país.
La recuperación económica de Mindanao puede impulsar el crecimiento del PIB filipino en 0,3 punto porcentual, según el economista Jeff Ng, de Standard Chartered.
[related_articles]Pero Filipinas tiene desafíos tremendos por delante. Grupos escindidos, como los Combatientes Islámicos por la Libertad de Bangsamoro, se oponen al acuerdo y están comprometidos a continuar su lucha contra el gobierno.
Inmediatamente después de firmado el acuerdo, las Fuerzas Armadas lanzaron una ofensiva contra este grupo, con el fin de erradicar la resistencia a la implementación de la región autónoma de Bangsamoro.
El año pasado, algunos grupos rebeldes, entre ellos miembros de la organización madre del FMLI, el Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN), intentaron sabotear las negociaciones sitiando la ciudad de Zamboanga.
El resultado fue una enorme crisis humanitaria y semanas de enfrentamientos militares, que pusieron a prueba la fortaleza de las conversaciones.
La principal objeción de otros sectores rebeldes es que fueron excluidos de los diálogos y que no confían en el gobierno filipino.
En 1996, el gobierno y el FMLN sellaron un acuerdo de paz que permitió crear la Región Autónoma del Mindanao Musulmán.
Pero el intento fracasó, mientras el FMLN debía hacer frente a los desafíos de gobernanza en las áreas menos desarrolladas de Filipinas. Las posteriores administraciones hicieron poco para cumplir lo acordado.
El gobierno de Joseph Estrada (1998-2001), por ejemplo, lanzó una guerra abierta contra otros grupos rebeldes, como el FMLI. El entonces mandatario sostenía que “a veces uno tiene que librar la guerra para ganar la paz. Uno tiene que mostrarles que hay solo una bandera, unas Fuerzas Armadas, un gobierno”.
Deles, entre otras autoridades, reconoce que aquel acuerdo el acuerdo “no implementó mecanismos de reconstrucción posconflicto”. El gobierno no asumió compromisos creíbles y sostenidos para garantizar el reintegro social de los rebeldes y la rehabilitación de las áreas afectadas por la guerra.
No llama la atención, entonces, que haya dudas de que el próximo gobierno garantice la ayuda adecuada a las autoridades de Bangsamoro.
Para muchas organizaciones de la sociedad civil, las negociaciones tampoco permitieron que una serie de comunidades indígenas participaran plenamente en la concepción de una nueva entidad autónoma en Mindanao.
Sin embargo, la mayor amenaza se origina en los señores de la guerra y en las oligarquías locales, profundamente arraigadas, que intentarán secuestrar la nueva institucionalidad estableciendo redes de clientelismo y control.
Al parecer, el gobierno de Aquino generó suficiente impulso para instaurar un nuevo orden político en Mindanao. Pero todavía falta ver si el FMLI transitará con éxito de organización rebelde a agente efectivo de gobernabilidad en Mindanao, algo que solo puede lograrse con un compromiso sostenido de las autoridades nacionales durante las próximas décadas.
