Defensores de los derechos humanos advierten sobre los riesgos sociales y ambientales de un acuerdo, pactado a puertas cerradas y cuyos alcances se desconocen, para la construcción de una enorme represa en República Democrática del Congo (RDC) con inversión privada de China.
Las negociaciones por la represa Inga III en RDC se suceden desde hace décadas, pero la construcción comenzó a tomar forma en el último año con el apoyo del Banco Mundial, la institución financiera multilateral con sede en Washington.
El martes 11, el directorio del Banco Mundial iba a decidir la concesión de un préstamo inicial de 73 millones de dólares para el proyecto, a través de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el organismo del banco que brinda ayuda a los países más pobres. Pero la votación se aplazó repentinamente la semana previa.
Ahora, organizaciones de la sociedad civil denuncian que el proyecto seguiría adelante con la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial, con el respaldo de inversores chinos.
Los detractores de la represa, preocupados por su impacto social y ambiental, temen que una mayor participación del sector privado margine los beneficios para la población pobre de este país de África central con 15 millones de habitantes.
“Con la entrega del proyecto a un inversor privado será aún menos probable que las personas pobres del país se beneficien con él”, expresó Peter Bosshard, director de políticas de la organización ecologista International Rivers.
«El acuerdo con la CFI se concretó a puertas cerradas, sin ningún tipo de rendición de cuentas ante el parlamento de RDC, la junta directiva del Banco Mundial o la sociedad civil”, planteó a IPS.
Bosshard consideró que “los acuerdos sin transparencia como el de la represa Inga III son la mejor receta para profundizar la corrupción en RDC. No van a fortalecer la rendición de cuentas públicas necesaria para el desarrollo social y económico”.
Con base en fuentes del Banco Mundial, el activista dijo que el cambio de la modalidad de financiación de Inga III se habría decidido entre altos funcionarios del la entidad, la CFI y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), sin consultar al directorio del banco multilateral.
Hasta el momento, ninguna de estas instituciones confirmó públicamente el acuerdo.
“El Grupo del Banco Mundial tiene un compromiso total con el respaldo al proyecto hidroeléctrico de Inga III, que tiene el potencial de mejorar las vidas de millones de africanos”, declaró un portavoz de la entidad en un comunicado.
“Aplazamos la presentación ante el directorio de un paquete de asistencia técnica relacionada con el diseño de la operación del proyecto”, pero este “no fue cancelado, y nuestro compromiso con Inga III no ha cambiado”, según la declaración.
Los mayores beneficiados
Inga III sería la primera de una serie de plantas hidroeléctricas a lo largo del río Congo, que se conoce como el proyecto Gran Inga. El mismo incluye una represa de 145 metros de altura que inundaría una zona conocida como valle de Bundi, donde viven unas 30.000 personas.
El proyecto completo podría proporcionar hasta 40.000 megavatios de electricidad, un potencial de energía codiciado por el resto del continente desde hace décadas.[related_articles]
La larga violencia en RDC atrasó el avance del proyecto durante años, pero el Gran Inga recibió un fuerte impulso el año pasado cuando el gobierno de Sudáfrica acordó la compra de una importante cantidad de energía producida por Inga III.
La represa, con un costo de 12.000 millones de dólares estaría construida para 2020. Datos difundidos por el gobierno congoleño en noviembre indican que produciría alrededor de 4.800 MW de electricidad. De esa cifra, 2.500 MW irían a Sudáfrica, mientras 1.300 MW se destinarían al uso de la minería e industrias afines en la austral provincia congoleña de Katanga.
“Hay pocos indicios de que los planes de desarrollo de la represa abordarán la cuestión del acceso a la electricidad de la población. Los usuarios industriales serán los principales beneficiarios,” manifestó a Maurice Carney, director ejecutivo de Amigos del Congo, una organización de Washington.
“Sólo 10 por ciento de la población del Congo tiene acceso a la electricidad y la situación es aún peor para la población rural, donde sólo 1 por ciento tiene acceso a la electricidad. Para un país como RDC, que está dotado de un sinnúmero de opciones alternativas de energía, lo mejor serían las tecnologías de energía renovable a pequeña escala”, afirmó a IPS.
Carney se suma a las voces que exigen un estudio integral del Gran Inga, que incluye el análisis de todos los impactos sociales y ambientales.
«Nos preguntamos si el proyecto podrá generar algún tipo de desarrollo en manos del sector privado», dijo Joshua Klemm, gerente del programa de África de Bank Information Centre, una organización de Washington que vigila las actividades del Banco Mundial.
“Para bien o para mal, si este proyecto pertenece al gobierno congoleño, al menos hay alguna esperanza de que se amplíe el acceso a la electricidad en el país. Eso se iría por la borda si hablamos de un proyecto totalmente privado”, sostuvo a IPS.
Posturas en conflicto en Estados Unidos
A medida que el proyecto Inga III tomó impulso en los últimos meses, la USAID también manifestó interés en la propuesta. En diciembre, el administrador de la Agencia, Rajiv Shah, visitó el lugar proyectado para construir la represa y declaró que el proyecto podría integrarse en la iniciativa que adelanta Washington para aumentar la electrificación en África.
La USAID denegó hacer comentarios a IPS sobre la represa en RDC, cuando en enero el Congreso legislativo de Estados Unidos aprobó una histórica ley que exige que el Tesoro (ministerio de hacienda) niegue la financiación multilateral para proyectos hidroeléctricos a gran escala en el Sur en desarrollo.
Las nuevas disposiciones, contenidas en una ley que habilita al gobierno federal a realizar gastos, repercuten tanto en los fondos que Estados Unidos otorga bilateralmente a través de la USAID y otras agencias, como en los considerables aportes que Washington realiza a las instituciones multilaterales de desarrollo, en particular al Banco Mundial.
Según la nueva ley, Washington “tendría que oponerse a la represa Inga III en la CFI, e igualmente si se hubiera tratado de un proyecto de la AIF”, dijo Bosshard. “No hay ninguna diferencia, pero es paradójico que el administrador de la USAID haya impulsado el proyecto”, dijo el directivo de International Rivers.
