Nyenge Ali, residente del distrito de Ulanga, en el norte de Tanzania, se despertó cuando agentes uniformados rodearon su casa. Lo acusaron de caza ilegal y, en presencia de su hijo de 11 años, lo obligaron a desnudarse, le arrojaron agua salada sobre el cuerpo y lo azotaron con un bastón, denunció.
«No tuve más remedio que cumplir sus órdenes», dijo Nyenge a IPS desde Ulanga. “Sufrí lesiones graves. Apenas podía sentarme. Les rogué que tuvieran piedad, pero siguieron pegándome”, contó.
El agricultor de 38 años, de la aldea de Iputi, que acusó públicamente de agresión a las fuerzas de seguridad, afirma que el suplicio constituyó una tortura física y emocional severa. En un momento dado, asegura que sus captores lo obligaron a marcarse la imagen de una serpiente pitón en el muslo con una hojilla de afeitar.
La historia de Nyenge es una de muchas que salieron a la luz durante una investigación que realizó el parlamento tanzano sobre los excesos de una campaña contra la caza furtiva, destinada a reducir el comercio ilegal de marfil. Durante ella, también se recogieron acusaciones de asesinato, violación, tortura y extorsión a aldeanos por efectivos de fuerzas de seguridad.
La investigación reveló que 13 personas fueron asesinadas y miles de cabezas de ganado, el sustento de muchos en este país del sudeste de África de 45 millones de habitantes, resultaron mutiladas o muertas.
En octubre de 2013, el presidente Jakaya Kikwete ordenó el refuerzo de más de 2.300 efectivos de la Fuerza de Defensa Popular, policías, guardabosques y unidades especiales para luchar contra la caza furtiva, en una campaña que denominó Operación Tokomeza.
La caza de elefantes y rinocerontes está prohibida en Tanzania, pero ha crecido en los últimos años.
Pero al mes siguiente Kikwete se vio forzado a poner fin a la operación, presionado por las fuertes críticas a la represión desatada.
«La operación contra la caza furtiva tenía buenas intenciones, pero los asesinatos denunciados, las violaciones y la brutalidad son totalmente inaceptables», declaró el primer ministro Mizengo Pinda en diciembre ante el parlamento.
Pinda dijo que la caza furtiva alcanzó dimensiones alarmantes en los parques nacionales del país, en especial en la Reserva de Caza Selous, cuya población de elefantes cayó de 55.000 a 13.000 ejemplares.[related_articles]
El gobierno calcula que durante noviembre y diciembre los cazadores mataron 60 elefantes, mientras que en octubre, cuando la operación estuvo vigente, solo se mató a dos.
Neema Moses, otra residente de Ulanga, declaró ante una comisión parlamentaria, creada para investigar los abusos contra los derechos humanos, que los efectivos la desnudaron, le insertaron una botella en la vagina y la obligaron a tener relaciones sexuales con sus parientes políticos.
El presidente de la comisión, James Lembeli, dijo durante la presentación del informe sobre los abusos que su equipo demostró fuera de toda duda que las fuerzas de seguridad sembraron el terror y cometieron atrocidades “indecibles” contra civiles inocentes.
“Algunas mujeres afirmaron haber sido violadas y sodomizadas. En la población de Matongo, en el distrito de Bariadi, por ejemplo, una mujer denunció que tres soldados la violaron a punta de pistola”, agregó en la presentación del informe.
Lembeli aseguró que entre las víctimas había dirigentes de gobiernos locales, que fueron humillados en interrogatorios improvisados frente a sus electores. Citó el caso de Peter Samwel, concejal de Sakasaka, en el distrito de Meatu, a quien le ataron los brazos y las piernas con una cuerda y lo colgaron boca abajo durante horas, según determinó la investigación.
Las redadas obligaron a algunas personas a abandonar sus hogares por temor a resultar heridas, agregó Lembeli.
Según las declaraciones de variados testigos, los acusados de ser cazadores furtivos perdieron miles de animales y otros bienes, incluyendo dinero en efectivo, cuando los agentes los capturaron o simplemente robaron.
En la aldea de Minziro, en Kagera, una zona próxima al lago Victoria, los residentes recuerdan que el 13 de octubre un grupo de soldados invadió la localidad, golpeó a los pobladores e incendió las viviendas de quienes sospechaban que eran inmigrantes indocumentados.
Abraham Kafanobo, el vicepresidente de la aldea, dijo a IPS que la mayoría de los habitantes huyeron tras el incidente y temían volver, incluso después de la suspensión de la campaña contra la caza furtiva.
El escándalo provocó la destitución de los ministros de Turismo, Defensa, Desarrollo de la Ganadería e Interior.
El entonces ministro de Turismo, Khamis Kagesheki, dijo en octubre que los cazadores furtivos involucrados en el tráfico de marfil debían morir “en el acto».
Issa Shivji, abogado y activista por los derechos humanos, criticó la participación militar en una campaña civil y agregó que la forma en que se llevó a cabo fue “una gran vergüenza” para Tanzania.
El activista reclamó una rápida investigación de los presuntos abusos y dijo que se deben presentar cargos penales contra el personal de seguridad que participó en la operación, con independencia de su rango.
«No es solo la vergüenza, sino que es una gran tragedia que requiere que nos preguntemos a dónde vamos como nación”, afirmó.
¿Qué motivó que los órganos de seguridad, que tienen la obligación de proteger la vida, la dignidad y el respeto de la población, actuaran de manera tan irresponsable?”, se preguntó.
