La violencia sacude a alguna cárcel de Brasil casi cada día. A lo largo de este mes ha ocurrido en el estado nororiental de Maranhão, donde desde un penal se ordenó sembrar el caos en las calles de su capital, lo que ilustra los alcances de la tragedia penitenciaria nacional.
Incluso para una opinión pública habituada a los crímenes dentro de las 1.478 prisiones brasileñas, donde en 2013 fueron asesinados 218 penados, resulta chocante lo que ocurre en el Complejo Penitenciario de Pedrinhas y en la ciudad de São Luis, la capital estadual.
Varios motines o conatos de ellos han estallado durante enero en ese penal, con el saldo provisional de tres reclusos muertos. La última rebelión se produjo el viernes 24, dejo nueve heridos y, como las anteriores, estalló en rechazo a la presencia de la policía militar dentro del recinto y el traslado de reclusos a cárceles de máxima seguridad.
Todo comenzó la noche del 3 de enero, cuando cabecillas presos ordenaron a secuaces de sus bandas en el exterior que incendiasen autobuses y atacasen a comisarías policiales de la ciudad, lo que provocó la muerte de una niña, a causa de quemaduras en 95 por ciento de su cuerpo, y heridas a otras cinco personas.
El día 7, un atroz video filmado en Pedrinhas por reclusos que muestran a tres rivales decapitados, durante otro motín el 17 de diciembre, impactó al país cuando fue difundido por el diario Folha de São Paulo, y movilizó a autoridades regionales y nacionales.
La crisis en Pedrinhas refleja la fragilidad del escenario carcelario brasileño, aseguró a IPS el presidente de la Orden de los Abogados (OAB) de Maranhão, Mário Macieira, para quien la crisis penitenciaria del país, lejos de mitigarse, se agudiza.
“Se repite el cuadro constante de la situación carcelaria brasileña, de superpoblación, pésimas condiciones de higiene y alimentación precaria. El colapso de este sistema, desgraciadamente, no es novedad. Pero la crisis adquirió contornos dramáticos”, detalló.
Todas las unidades de Pedrinhas, excepto la prisión de mujeres, soportan hacinamiento y violencia entre facciones de reclusos, cuyos cabecillas provocan frecuentes revueltas. El penal, con capacidad para 1.700 presos, hospeda a unos 2.500.
Brasil, el quinto país del mundo en población, con casi 200 millones de habitantes, es el cuarto en el número de privados de libertad, 550.000, por detrás de Estados Unidos, China y Rusia. En materia de hacinamiento ocupa el puesto 32, según datos de las Naciones Unidas, con una sobrepoblación de 172 por ciento.
Según la OAB, en 2013 fueron asesinados 218 prisioneros en el país, de ellos 60 en Maranhão. En Pedrinhas ocurrieron 28 por ciento de las muertes totales, detalló Macieira.[related_articles]
Desde el día 3, la Policía Militar y la Fuerza Nacional de Seguridad han ido tomando el control de Pedrinhas, donde en la práctica dominan los jefes de los grupos criminales internos, que mediante teléfonos móviles también dirigen muchas actividades delictivas en el exterior.
Hasta este sábado 25, la comisión de derechos humanos de la OAB no ha podido ingresar a la penitenciaría, con el argumento de falta de seguridad. La Comisión de Derechos Humanos del Senado si pudo visitarla, el día 13, pero se le impidió recorrer muchos sectores con el mismo argumento.
A fines de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno brasileño que solucione los persistentes problemas de malos tratos, insalubridad de Pedrinhas y otra penitenciaría al sur del país.
El pronunciamiento respondió a la denuncia que presentaron en octubre ante la CIDH la OAB y la Sociedad Maranhense de Derechos Humanos, sobre las violaciones humanitarias en Pedrinhas y otras prisiones del estado.
El pequeño estado de Maranhão, uno de los más pobres del país, registra un índice de 100,6 presos por 100.000 habitantes, inferior al promedio nacional, que es de 401,7 presos por 100.000 habitantes.
El déficit de plazas carcelarias en Brasil es de 211.000, pero en Maranhão solo faltan 2.000 de ese total, en un panorama donde Pedrinhas tiene el mayor problema de hacinamiento.
Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública de 2013, los estados brasileños que más necesitan ampliar sus cárceles son São Paulo (88.500 vacantes), Minas Gerais (18.500) y Pernambuco (17.900).
Maceira consideró que para pacificar las cárceles del estado es urgente que se abran nuevas prisiones, pero las autoridades regionales han indicado que solo a fines de año estarán listas algunas nuevas unidades.
El sociólogo Rodrigo de Azevedo dijo a IPS que la crisis penitenciaria se agravó en los últimos 20 años a causa del incremento de la violencia institucional, la sobrepoblación y las facciones criminales dentro de los recintos.
“El blanco del sistema penal en Brasil son las clases populares”, criticó. Además, la cultura que se impone en ese sistema “propicia que estallen situaciones de violencia como las de Maranhão o de otros estados en otras ocasiones”, argumentó.
Azevedo coordina un grupo de investigación en políticas públicas de seguridad y administración de la justicia penal en la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul.
Según su análisis, la guerra contra las drogas y el exceso del recurso de la prisión provisional, mientras los presuntos delincuentes están en espera de juicio, son parte de los factores que incrementan el aumento de las tasas de encarcelados en Brasil.
Alrededor de 40 por ciento de los presos en Brasil no tienen sentencia y en algunos estados, como Maranhão, es 70 por ciento de la población carcelaria la que está presa en forma preventiva.
Otro problema, planteó el sociólogo, es que buena parte de la sociedad brasileña considera que el delincuente -o presunto delincuente si aún no fue juzgado- debe sufrir un suplicio o venganza que va más allá de la pena impuesta por la ley. Como resultado, el irrespeto a los derechos humanos de los presos tiene pocos dolientes.
Azevedo recordó que las agresiones entre reclusos son frecuentes en las prisiones brasileñas y se extienden incluso a los familiares, que sufren extorsiones y violencia física.
“Hay denuncias de mujeres que son obligadas a mantener relaciones sexuales con líderes (de los presos) bajo la amenaza de violencia contra sus familiares encarcelados. Esto hace con que la pena vaya mucho más allá de lo que la ley define”, indicó.
El experto está convencido de que solo una profunda reforma del sistema penitenciario brasileño logrará producir efectos benéficos determinantes en la política carcelaria.
“Si se quieren prevenir los crímenes en Brasil y reducir la violencia hay que atender la cuestión penitenciaria. Lo que ocurre en estos cárceles se refleja en la violencia urbana”, admitió.
Pero pese a las alarmas que cada poco saltan por motines y matanzas en las cárceles, los expertos coinciden en que falta voluntad política y sensibilidad social para afrontar el drama penitenciario de esta potencia emergente.
