“¿Tendremos justicia?”, se preguntan muchos en Afganistán a medida que se acercan las elecciones presidenciales, previstas para abril en este país de Asia central devastado por la guerra.
En la lista de candidatos hay varios señores de la guerra acusados de crímenes aberrantes y que aún no fueron llevados a la justicia. “La próxima elección presidencial es crucial para decidir si Afganistán tendrá futuro como un país que respeta los derechos humanos o si los abusos y la impunidad continuarán”, dijo Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch (HRW).
Entre los aspirantes a presidente hay “excomandantes militares y de las guerrillas implicados en graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, según la organización con sede en Nueva York.
HRW planteó a 11 candidatos a la presidencia 17 preguntas sobre los problemas de derechos humanos más acuciantes del país. El cuestionario recibió el respaldo público de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán en una reunión celebrada en Kabul en diciembre que llamó al gobierno a aplicar una justicia de transición y a llevar ante los tribunales a los responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.
Legisladores de la cámara alta del parlamento afgano reclamaron que se excluya a los criminales de guerra de la lista de candidatos a la presidencia.
“La sangre de la nación gotea desde las barbas y las corbatas de algunas personas de la lista. No deberían ser candidatos”, afirmó Balqis Roshan, una senadora de la occidental provincia de Farah, según Pajhwok, la agencia de noticias afgana.
Pero numerosos senadores más se opusieron con energía a la propuesta de su colega, y la calificaron de un complot contra el proceso democrático.
El régimen del movimiento islamista Talibán fue derrocado en 2001, y en 2004 se celebraron las primeras elecciones presidenciales, cuando se eligió a Hamid Karzai para dirigir al país. Sin embargo, para la mayoría de los afganos, los crímenes del pasado siguen siendo un gran problema.
Noventa por ciento de los 30 millones de afganos se consideran víctimas de la guerra, ya que sufrieron abusos y atrocidades, directa o indirectamente. “¿Cómo podemos alcanzar la paz sin tomar esto en cuenta?”, se preguntó Aziz Rafiee, director ejecutivo de la Organización Foro de la Sociedad Civil Afgana.
“Si la justicia se sacrifica por el mero hecho del cese del fuego, no va a ser una paz verdadera. Será una paz muy, muy frágil”, dijo a IPS.
[related_articles]Una encuesta realizada en 2005 por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, basada en entrevistas en profundidad y con grupos focales en los que participaron miles de personas, mostró que 94 por ciento de la gente consideraba que lograr que se hiciera justicia con los crímenes del pasado era “muy importante”( 75,9 por ciento) o “importante”( 18,5 por ciento).
Estas cifras, como otras de encuestas de opinión más recientes, muestran que la mayoría de los afganos no solo quieren que se aclaren las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra, sino que también consideran a la justicia como una condición necesaria para la paz.
Cientos de personas se reunieron en el centro de Kabul para una manifestación organizada por la Asociación Social de Afganos en Reclamo de Justicia para conmemorar el Día Nacional de las Víctimas, uno después del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre.
En la ocasión criticaron al gobierno afgano y a la comunidad internacional porque no se comprometen con el reclamo de justicia popular por los crímenes pasados y presentes. Los manifestantes citaron el Informe sobre Actividades de Examen Preliminar, de noviembre de 2013, por el cual la fiscalía de la Corte Penal Internacional encontró que en Afganistán se cometieron y continúan cometiéndose crímenes de guerra y contra la humanidad.
Según Raz Mohammad Dalili, un reconocido activista de la sociedad civil y director de la Organización para el Desarrollo Sanayee, la causa de la violencia en Afganistán es la injusticia, arraigada en una cultura de la impunidad y en la falta de recursos que permitirían a los ciudadanos hacer escuchar sus reclamos.
“Si cometo un delito hoy y nadie me detiene, ¿cómo puedo siquiera considerar el acusar a alguien por crímenes del pasado? En los últimos 12 años se cometieron muchos crímenes, pero muchos de sus perpetradores están en el poder y en los puestos clave”, aseguró.
«Sabemos quiénes son, son los llamados señores de la guerra. ¿Pero cómo podemos llevarlos a la justicia?”, cuestionó el activista.
La mayoría de los afganos creen que ignorar los pedidos de justicia exacerbaría las causas de la inseguridad, los conflictos y la violencia reinantes en el país, dijo, pero muy pocos piensan que el gobierno o la comunidad internacional podrán cumplir con sus expectativas.
“El problema es que los criminales ocupan puestos importantes en el gobierno y en las instituciones. La comunidad internacional no tuvo ni tiene la voluntad política para poner en práctica… su procesamiento”, sostuvo Naim Nazari, coordinador ejecutivo de la Red de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos.
La opinión generalizada en este país es que, después de la caída de los talibanes, que dominaron el país entre 1996 y 2001, la comunidad internacional optó por buscar la estabilidad a corto plazo con el apoyo que brindó a los líderes políticos y militares con pasado turbio, en lugar de fomentar un auténtico proceso de reconciliación social basado en las esperanzas y las demandas de justicia del pueblo.
«Estados Unidos y la comunidad internacional le otorgaron el poder a las personas equivocadas, a quienes cometieron los peores crímenes”, sostuvo Mir Ahmad Joyenda, ex legislador y actual director adjunto para comunicaciones de la Unidad de Investigación y Evaluación de Afganistán, una organización de investigación independiente con sede en Kabul.
“Se subestimó el reclamo de justicia del pueblo afgano mientras se sobrestimó el poder y el consenso de los señores de la guerra”, dijo Joyenda a IPS.
«En 2003, Lajdar Brahimi (por entonces representante especial en Afganistán del Secretario General de las Naciones Unidas) advirtió que no debía sacrificarse la justicia por la paz. Hoy no tenemos ni la paz ni la justicia. La comunidad internacional es culpable de haber apoyado a los criminales y señores de la guerra apoyados”, sentenció.
