La tala es la principal industria de las Islas Salomón, un archipiélago ubicado en el océano Pacífico sur, 80 por ciento del cual está cubierto de bosques tropicales. Pero, aunque la madera representa 60 por ciento de sus ganancias por concepto de exportaciones, la mayoría de las comunidades locales no ven los beneficios.
Y cuando los costos sociales para quienes viven en las cercanías de los sitios destinados a la tala incluyen una mayor desigualdad, más alcoholismo, debilitamiento de la gobernanza tradicional y violación de los derechos humanos, como la explotación sexual infantil con fines comerciales, hay motivos para que los isleños sostengan que sus vidas han empeorado.
Actualmente, siete empresas madereras de Malasia operan cerca de Huahai, una aldea de 500 habitantes en la región rural de Arekwa, en la isla de Malaita, en la provincia homónima. Pero la comunidad ya está harta de la tala, que la ha cercado durante una década y que cada año atrae a nuevos operadores.
“Las empresas se están beneficiando, pero están destruyendo los recursos de nuestra comunidad”, dijo Maddlyn Maelofa, lideresa de la Unión de Madres para la región de Arekwa, en diálogo con IPS en Huahai.
Pero la principal preocupación de Maelofa es el destino de los niños y las niñas de la aldea.
Los taladores “invitan a niñas de entre 13 y 14 años a los campamentos de tala. A veces les dicen que van a ver películas, pero nosotras no sabemos qué ocurre”, señaló.
Maelofa está al tanto de que hay por lo menos 10 niñas involucradas, y muchas de ellas han quedado embarazadas.
“También vi a una mujer llevar a su hija adolescente a un barco de tala”, continuó. “La embarcación llegó para recoger los troncos y la mujer fue para vender (prostituir) a su hija”.
[pullquote]3[/pullquote]En las provincias de Makira, Isabel, Occidental y Malaita, cuatro de las nueve que integran las Islas Salomón, se identificaron casos de explotación sexual de menores por parte de taladores extranjeros.
En 2007, el Centro de Cuidados Cristianos de la Iglesia de Melanesia en la capital, Honiara, publicó un informe sobre el tema en la provincia de Makira. En base a un estudio de 12 aldeas y 41 entrevistas individuales, documentó los casos de 73 niñas y niños que habían sido sometidos a explotación sexual, y los de 12 niñas a las que habían vendido en casamiento a trabajadores migrantes del sector de la tala. La mitad de ellas tenían menos de 15 años.
La prostitución infantil prevalecía en cada comunidad con víctimas de entre 11 y 19 años, y las niñas o sus familias recibían recompensas bajo la forma de efectivo o de mercaderías.
Una portavoz del Consejo de Mujeres de Malaita subrayó que una consecuencia trágica es el aumento de los embarazos adolescentes y una generación cada vez más grande de niños sin padre. Muchas familias no pueden darse el lujo de mantener a los hijos ilegítimos, dijo, especialmente cuando los taladores vuelven a sus países de origen y dejan atrás a las niñas que fecundaron.
En los años 90, las empresas internacionales dedicadas a la tala obtuvieron numerosas concesiones en el país, mientras un conflicto civil que duraría cinco años (1998-2003) generaba inestabilidad política.
La extracción de madera, dominada por empresas de Asia sudoriental, pronto llegó a niveles insostenibles, frente a la enorme demanda de recursos naturales generada con el rápido desarrollo de las economías asiáticas.
La corrupción, los limitados recursos del gobierno para el control de las operaciones de tala y una escasa presencia policial en áreas rurales apartadas de las Islas Salomón contribuyeron con la impunidad corporativa.
Las penurias socioeconómicas y la falta de educación en comunidades insulares aisladas, donde 23 por ciento de la población vive bajo la línea de pobreza, también son factores en la explotación.
Según el informe del Centro de Cuidados Cristianos, “los taladores extranjeros presentaron una oportunidad para que los jóvenes accedieran a dinero y mercaderías que normalmente estarían fuera de su alcance”. Además concluyó que, para las familias, la perspectiva de recibir dinero también determinaba que los padres no impidieran la explotación.
Entre otros problemas sociales figuran los casamientos precoces y la práctica de exigir dote, que implica entregar dinero o bienes a la familia de una niña prometida en matrimonio. Se estima que, en este país, tres por ciento de niños y niñas se casan a la edad legal de 15 años y, 22 por ciento, a los 18 años.
Aaron Olofia, presidente del Subcomité de Protección a la Infancia del Ministerio de Salud en Honiara, dijo a IPS que se creó un Grupo de Trabajo Contra la Explotación Comercial y Sexual de Niños (Tacsec, por sus siglas en inglés), a fin de responder a las recomendaciones del informe.
Entre otras cosas, el estudio propuso generar más conciencia entre las comunidades, empoderar a padres e hijos, crear servicios de apoyo local más efectivos y consultas con las empresas de tala.
“Nos comprometimos con las comunidades y los campamentos de tala”, dijo Olofia. “Las comunidades accedieron a crear pequeños grupos de trabajo integrados por jefes y líderes religiosos para explorar la mejor manera de abordar el problema”.
[related_articles]El grupo de trabajo se contactó con varias compañías que posteriormente introdujeron sanciones para los trabajadores que habían participado en la explotación infantil. Las medidas incluían una multa de 10.000 dólares y un regreso forzado al país de origen. Pero por la falta de financiamiento, el Tacsec no pudo implementar los castigos previstos.
Las leyes existentes en Islas Salomón prohíben la “desfloración” de niñas menores de 13 años y el atraer a adolescentes menores de 15 hacia la prostitución.
Una evaluación del código penal para los delitos sexuales realizada este año por la Comisión de Reforma Legal recomienda incluir también como infracciones el inducir a un niño o niña a participar en la explotación sexual comercial y recibir un beneficio generado a partir de la prostitución o explotación infantil. Asimismo, propone castigos a padres, madres o tutores que permitan que esto ocurra.
Longden Manedika, director del no gubernamental Fondo de Desarrollo de las Islas Salomón, también cree que es necesario conceder a mujeres y niñas roles más significativos y poderosos en la toma de decisiones en las aldeas y en el desarrollo rural.
El Consejo de Mujeres de Malaita promueve la creación de normas comunitarias para proteger los derechos humanos en ese ámbito antes de que las empresas de tala ingresen a un área, así como la mejora de la alfabetización en las aldeas y la toma de conciencia sobre la explotación infantil en las escuelas locales.
Los habitantes de la aldea de Hauhai también exploraron alternativas económicas sostenibles a la extracción de madera. Casi las tres cuartas partes de las personas que allí viven son empleadas por firmas locales de la industria del coco.
“Elaboramos aceite de coco y lo exportamos”, explicó Maelofa. “Los dueños de la fábrica lo venden, pero quienes cultivan los cocos también se benefician, porque venden su fruto a la fábrica”.
Ahora la comunidad no ve motivos para que continúe la tala en su área.
“El año pasado, una empresa intentó venir a operar aquí y ellos (los jefes) no lo permitieron, así que la compañía se fue. Ahora nuestros jefes no permiten la tala aquí”, dijo Maelofa.
