Pese a que el Comité Olímpico Internacional adhiere a estándares ecológicos, las autoridades de Rusia arremeten cada vez más duramente contra quienes denuncian el costo ambiental de los preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi.
Desde hace años, ecologistas locales vienen advirtiendo que las playas del Mar Negro, el Parque Nacional Sochi y la reserva nacional de naturaleza del Cáucaso, cerca de la ciudad, sufren serios daños.
Pero ahora, al acercarse los Juegos Olímpicos de Invierno, denuncian ser víctimas de un creciente acoso, bajo la forma de intimidación, escuchas telefónicas, arrestos e incluso atentados contra sus vidas, a manos de autoridades desesperadas por evitar escándalos ambientales tras haber hecho un compromiso de “basura cero” con vistas al encuentro deportivo.
“El acoso va en aumento”, dijo Andrey Petrov, de Greenpeace Rusia, en diálogo con IPS. “Las organizaciones y las personas que trabajan para ellas son objeto de presión”.
Una entidad en particular, el Vigilante Ambiental del Norte del Cáucaso (EWNC), parece haberse convertido en el principal objetivo del gobierno.
Dos de sus miembros, Evgeny Vitishko y Andrey Rudomaja, fueron detenidos por la policía local, ambos bajo acusaciones falsas, según la organización. Los activistas, que finalmente fueron liberados, creen que la policía los siguió y probablemente pinchó sus teléfonos.
Pero hubo otros incidentes aún más perturbadores. Vladimir Kimayev, activista de EWNC, terminó hace poco en un hospital a raíz de un accidente de tránsito, cuando fallaron los frenos de su ciclomotor. Luego dijo a los medios locales que sospechaba que alguien los había tocado.
Rudomaja, director de EWNC, declaró a IPS: “Por supuesto, las represalias que enfrentamos se deben a que a las autoridades les preocupa que continuemos exponiendo el caos reinante en los preparativos para los Juegos Olímpicos”.
La intimidación tiene lugar justo cuando el gobierno recibe serios cuestionamientos sobre el impacto ambiental del acontecimiento deportivo.
Los anfitriones aseguran que se serán los Juegos Olímpicos de Invierno más limpios de la historia. El gobierno se comprometió a que el encuentro, que se desarrollará entre el 7 y el 23 de febrero del año próximo, será de “basura cero”.
Sin embargo, se reveló que el monopolio estatal Ferrocarriles Rusos viene arrojando toneladas de desechos a un vertedero ilegal ubicado al norte de Sochi, lo que plantea un riesgo de contaminación para las fuentes hídricas locales.
La noticia avergonzó a las autoridades locales y federales, pues se dio a conocer durante la Conferencia sobre Deporte y Ambiente que el Comité Olímpico Internacional realizó en Sochi.
[related_articles]EWNC y Greenpeace Rusia no estuvieron invitadas a esa reunión, y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) la boicoteó en protesta por la política de las autoridades frente al impacto ambiental de la cita deportiva. Funcionarios del Comité habían dado su categórica aprobación a los organizadores de los Juegos, diciendo que cumplían con los estándares ambientales requeridos en los preparativos.
Pero cuando se reveló el asunto del vertedero, algunos miembros del Comité exigieron una investigación completa.
El Comité no respondió a los llamados de IPS, pero en un comunicado previo dijo que las autoridades locales eran responsables de tratar con el relleno sanitario ilegal.
La Agencia de Protección Ambiental de Rusia, que hace unos meses emitió un informe reconociendo la existencia del basural, dijo que no había ordenado su clausura, pero que la empresa pública ferroviaria había sido multada con 3.000 dólares.
Hasta ahora, el proyecto en el que está trabajando –una conexión por carretera y vía férrea de casi 50 kilómetros entre las distintas sedes de los Juegos Olímpicos- ha costado 8.500 millones de dólares.
La semana pasada, Ferrocarriles Rusos culpó del problema del vertedero a un subcontratista que, señaló, había lidiado con el asunto. Todavía se pueden ver camiones arrojando toneladas de desechos en el lugar.
Los habitantes de Sochi y zonas aledañas dijeron que hay otros varios basurales más pequeños en el área, y señalaron que desde que se inició el proyecto de Ferrocarriles Rusos se han secado los pozos de agua que había cerca de la aldea donde está el vertedero ilegal.
La población del lugar se ve obligada a obtener agua de cisternas que reciben una vez a la semana.
El problema del basural es apenas uno de los muchos que causan los preparativos de los Juegos Olímpicos de Invierno, según organizaciones ambientalistas.
Otros son la destrucción de miles de hectáreas de bosques raros, así como de sitios de desove de peces amenazados y de sitios de hibernación y de rutas migratorias de distintos animales.
Los ecologistas también señalaron que proyectos que no habían tomado en cuenta las condiciones meteorológicas del lugar ya habían causado algunas muertes, pues las tormentas habían arrasado obras en construcción.
El gobierno negó que hubiera problemas ecológicos serios vinculados a los Juegos, alegando que cumplía con sus compromisos ambientales.
Pero algunos críticos destacaron que las autoridades ya están rezagadas en sus promesas de que los Juegos sean lo más limpios posibles. Su presupuesto de 51.000 millones de dólares para el acontecimiento deportivo, el mayor en la historia olímpica, no tiene disposiciones relativas a los desechos derivados de la construcción.
La legislación fue enmendada reiteradamente para ayudar en los preparativos de los Juegos, a costa del ambiente.
El primer ministro Vladimir Putin anuló disposiciones sobre los residuos generados en los preparativos de los Juegos, que incluían la construcción de plantas de reciclaje. Gracias a esto, las autoridades de Sochi quedaron libres para hacer lo que quisieran con los desechos, y poco después abandonaron los planes de reciclaje por la quema de basura sin clasificar.
Previo a esto, entre 2006 y 2009, se modificaron una serie de leyes sobre conservación ambiental, permitiendo las celebración de competencias deportivas en parques nacionales y que especies raras de árboles y plantas fueran destuirdas para la construcción de sedes olímpicas.
Las autoridades parecen determinadas a garantizar que los Juegos sigan adelante con la menor publicidad negativa posible sobre su impacto ambiental, y ya introdujeron una nueva legislación para asegurarse de que no habrá protestas ni antes ni durante los torneos.
Las reuniones masivas de toda clase quedaron prohibidas en la mayor parte del área de Sochi y sus alrededores entre el 7 de enero y el 21 de marzo del año que viene.
Sin embargo, el ambiente ya está herido, según activistas, y los efectos se sentirán por mucho tiempo luego de finalizado el acontecimiento deportivo.
“Aparte de todo lo que ya se ha destruido, hay una seria amenaza de que luego de los Juegos Olímpicos muchos edificios ya no se usen más y empiecen a deteriorarse y desmoronarse. Esto causará catástrofes en áreas mucho más amplias que aquellas en las que se ha construido”, dijo Petrov, de Greenpeace, a IPS.
