“Estamos tristes. Queremos de nuevo a nuestro presidente”, dijo el marfileño Yao Amadine a IPS en una esquina de Abiyán, capital económica de este país africano, luego de que la Corte Penal Internacional (CPI) se negó a darle libertad condicional al exmandatario Laurent Gbagbo (2000-2011).
Se acusa al expresidente de haber cometido crímenes contra la humanidad por su supuesta responsabilidad en la crisis postelectoral de 2010 y 2011. Más de 3.000 personas murieron en la violencia desatada en este país luego de que Gbagbo se negó a aceptar la victoria de Allasane Ouattara, reconocido internacionalmente como el ganador de los comicios.
En junio, la CPI consideró que la demanda contra Gbagbo no era lo suficiente sólida, y por tanto pidió al fiscal Fatou Bensouda que ampliara sus investigaciones para presentar más evidencias. La defensa aprovechó esta demora para solicitar la libertad condicional del exmandatario.
Durante semanas, los simpatizantes de Gbagbo en Costa de Marfil esperaron ansiosos su liberación.[related_articles]
“Gbagbo prepara sus valijas” y “Gbagbo regresará pronto” eran algunos titulares de los diarios marfileños el martes 29.
Pero ese mismo día llegó la noticia desde La Haya de que la CPI había rechazado el recurso para liberar al exmandatario, quien tendrá que permanecer detenido a la espera de un posible juicio.
Sus simpatizantes se desmoralizaron.
“Nos robaron a nuestro presidente y no quieren devolverlo. Bensouda no tiene ninguna prueba. Debe liberarlo”, dijo Broue Jean, otro ciudadano marfileño, en diálogo con IPS.
Los habitantes de este país de África occidental siguen el proceso en la CPI con una mezcla de incomprensión y frustración.
“La gente no entiende lo que está ocurriendo”, dijo a IPS el presidente de la Coalición Marfileña para la CPI, Ali Ouattara. “Tienen que entender que estas decisiones son parte de un largo proceso en la corte. No comprenden los motivos detrás de las decisiones”.
Ali Ouattara admitió que la CPI no había mantenido una adecuada comunicación con los marfileños. No obstante, señaló que el proceso es la mejor oportunidad para que se haga justicia sobre lo que ocurrió en este país.
Grupos de derechos humanos condenan la “justicia selectiva” que constatan en los tribunales marfileños.
En un informe divulgado en abril con el título “Turning Rhetoric Into Reality: Accountability for Serious International Crimes in Côte d’Ivoire” (Convirtiendo la retórica en realidad: Responsabilidad por graves delitos internacionales en Costa de Marfil), la organización Human Rights Watch (HRW) denunció parcialidad a la hora de hacer justicia por la violencia que azotó al país.
Desde la crisis, más de 130 partidarios de Gbagbo pasaron por tribunales, y solo un simpatizante de Allasane Ouattara.
Importantes organizaciones de derechos humanos señalan que el proceso de reconciliación nacional en Costa de Marfil está estancado. Amnistía Internacional, HRW y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) exigieron la imparcialidad del sistema de justicia y pidieron que se responsabilice también a los partidarios de Allasane Ouattara por sus crímenes.
Pero parece que Gbagbo será el único marfileño en pasar por La Haya.
La CPI también emitió una orden de arresto contra la esposa del exmandatario, Simone Gbagbo, pero el gobierno se negó a transferirla arguyendo que podía ser juzgada en su propio país.
Las autoridades marfileñas todavía deben tomar una decisión sobre otra orden de arresto emitida por la CPI.
El 23 de septiembre, el ministro de Justicia, Gnenema Coulibaly, informó que el CPI pidió la detención de Charles Ble Goude, exintegrante del grupo miliciano Jóvenes Patriotas, partidario de Gbagbo. Goude es acusado de violación y crímenes contra la humanidad.
La semana pasada, el equipo legal de Goude exigió al gobierno marfileño que el acusado fuera juzgado en este país.
“Creemos que las cortes marfileñas están capacitadas”, dijo en conferencia de prensa Kouadio N’Dry Claver, abogado de Goude. “Le pedimos al gobierno que tome la misma valiente y saludable decisión” que en el caso de Simone Gbagbo, añadió.
Mientras, se anunció la inminente clausura de los organismos creados para investigar la violencia postelectoral.
El portavoz del gobierno, Bruno Koné, informó la semana pasada que el mandato de la Célula Especial de Investigación, creada en 2011, no será renovado una vez que concluya en diciembre.
Los servicios policiales y judiciales están capacitados para asumir su rol, indicó.
“La unidad fue creada en un momento particular. Ahora, la situación volvió a la normalidad. No hay por qué mantenerla”, dijo Koné. Desde abril, muchos jueces e investigadores de ese órgano han sido transferidos a otros departamentos.
Pero Patrick Baudouin, abogado de la FIDH, dijo en conferencia de prensa el 22 de este mes que el gobierno no había presentado “un argumento lógico para justificar el cese de las actividades de la unidad”.
Tampoco se renovará el mandato de la Comisión para el Diálogo, la Verdad y la Reconciliación, creada hace dos años.
La FIDH teme que los crímenes cometidos durante la violencia postelectoral queden impunes. “Se necesita hacer mucho más en el lado de Ouattara. Costa de Marfil sufrió mucho como para permitir la impunidad en cualquiera de los bandos”, dijo Baudouin.
Pero el presidente del Colectivo de Víctimas en Costa de Marfil, Issiaka Diaby, tiene fe en el sistema. “La justicia toma tiempo”, dijo a IPS.
“Creo que la negativa a otorgarle libertad condicional a Laurent Gbagbo es una forma de garantizar la paz social y la cohesión, mientras se hace justicia. Necesitamos eso. Se debe hacer justicia no solo para la crisis postelectoral de 2010 y 2011, sino también para los acontecimientos previos”, dijo Diaby.
Este país fue escenario de una guerra civil entre 2002 y 2007, cuando el Movimiento Patriótico de Costa de Marfil lanzó una ofensiva contra las fuerzas leales a Gbagbo y tomó control del norte.
Pero, según el informe de abril de HRW, “desde 2003 en adelante, los líderes políticos y militares de ambas partes implicados en atrocidades mantuvieron sus puestos con completa impunidad”.
“Debemos poner fin a una década de impunidad”, subrayó Diaby.
“Lamentablemente, no podemos pedir mucho por ahora. Si el ministro dice que ya no se necesita la Célula Especial de Investigación, está bien, lo respetamos. Pero seguiremos vigilando para asegurar que los tribunales y los investigadores realmente continúen” el trabajo, añadió.
