Los precios suben, la rupia se devalúa y las miradas en India se vuelven a la enorme economía paralela que desvía grandes recursos destinados al desarrollo y los pone en los bolsillos de una elite corrupta.
El 30 de septiembre, un tribunal especial condenó al dirigente político Lalu Prasad Yadav, cuyo partido integra la coalición gobernante, por el desvío de millones de dólares asignados a la compra de forraje mientras era ministro jefe del oriental estado de Bihar, en los años 90.
La pena es de cinco años de prisión. Como supera los dos años, Yadav perderá el escaño que ocupa en el parlamento y no podrá postularse a las elecciones del año próximo, según un dictamen que la Corte Suprema de Justicia emitió en julio y que el gobierno intentó revocar mediante una ordenanza.
[pullquote]3[/pullquote]Pero Rahul Gandhi, descendiente de la dinastía política Nehru-Gandhi y posible primer ministro si el gobernante Partido del Congreso vuelve a ganar en 2014, se opuso abiertamente a la ordenanza a fines de septiembre, sellando el destino político de Yadav y de otros legisladores condenados por corrupción.
“Si queremos combatir la corrupción, ya sea del Partido del Congreso o del (principal de la oposición) Bharatiya Janata, no podemos seguir incurriendo en estas pequeñas transigencias. Porque si lo hacemos, transigimos en todo”, dijo Gandhi.
La oposición de Gandhi a las medidas de su propio partido aspiran a dar respuesta a la creciente indignación popular que despierta la corrupción. Su padre, Rajiv Gandhi, primer ministro entre 1984 y 1989, también criticaba a los «agentes del poder» del Partido del Congreso, que robaban fondos destinados al desarrollo.
Pero el dinero ilícito o no declarado es imposible de erradicar, pues constituye la savia que mantiene con vida a los partidos políticos de India, opina Ashwini Sharma, profesor de economía política mundial en la Universidad de Nueva Delhi, académico de gobernanza global de la Universidad de Londres y profesor visitante de la de Varsovia.
“Pedir a los partidos políticos que combatan la corrupción es como pedirle al lobo que cuide el gallinero”, dijo Sharma a IPS.
Pero, puesto que el dinero clandestino está tan arraigado en India, es importante evaluar los costos reales que impone al cuerpo político, planteó.
“Ya sabemos que la gran economía paralela hace imposible que los economistas elaboren análisis precisos y tracen políticas y programas que funcionen”, señaló.
Para peor, según Sharma, el dinero ilícito sale del país por los canales clandestinos de la «hawala», un sistema informal de transferencia de efectivo. Y si regresa a India es solamente para que unos pocos privilegiados lleven vidas de lujo.
Sharma atribuye en parte la devaluación de la rupia, que cayó 20 por ciento frente al dólar en los últimos cuatro meses, a la creciente fuga de capitales, típica de los períodos preelectorales.
La economía paralela constituye un sistema extragubernamental sostenido por una falange de operadores, intermediarios y guardaespaldas que coluden con contadores públicos, policías y burócratas, explicó Sharma. Para cada uno hay una mordida.
“La corrupción se alimenta a sí misma mediante la constante generación de dinero ilícito”, añadió.
En India, tener recursos para lujos depende de que una parte importante de los ingresos venga de dinero ilícito que se obtuvo aprovechando las oportunidades que brinda la economía paralela.
Un estudio publicado en 2012 concluyó que en este país se pagan anualmente 70.000 millones de dólares en sobornos a cambio de servicios gubernamentales comunes y corrientes.
Esos sobornos funcionan como una suerte de impuesto paralelo, que no llega a las arcas del Estado, explicó a IPS el autor de esa investigación, R. Vaidyanathan, profesor de finanzas en el Instituto Indio de Administración de la sureña ciudad de Bangalore.
«El sistema… está tan bien desarrollado que la verdadera recaudación se terceriza mediante agentes privados», dijo.
[related_articles]Debido a este «sistema fiscal del soborno», un gobierno tras otro se han negado a ampliar la base del impuesto a la renta más allá del tres por ciento de la población, añadió.
“Obviamente, usted no puede pedirle a la gente que pague dos tipos de impuestos, uno formal y otro que alimenta la economía irregular”, abundó.
Datos del Ministerio de Finanzas indican que en el año fiscal 2011-2012 solo 30 millones de personas, en este país de 1.200 millones de habitantes, pagaron el impuesto anual a la renta, y 90 por ciento erogaron sumas menores a 7.000 dólares cada una.
La expresión política del rechazo popular a la corrupción se plasmó en el Partido Aam Aadmi, o Partido de la Gente Común, liderado por Arvind Kejriwal, un ex recaudador de impuestos que promete limpiar el sistema y se postula como candidato con una escoba como símbolo.
Kejriwal es famoso por promover la transparencia. Sus esfuerzos se materializaron en la Ley de Derecho a la Información de 2005. Pero los partidos siguen intentando reformar la norma para evitar que los alcance.
“Es una burla que los partidos se resistan a la rendición de cuentas cuando deberían apoyarla”, dijo Sharma. “Esto muestra cuánto dependen de la economía paralela”.
Según Joginder Singh, exdirector del Buró Central de Investigaciones del Departamento de Policía, los pobres son las peores víctimas de la corrupción, pues no se salvan de desembolsar sobornos cada vez que necesitan hacer un trámite en una oficina pública.
“La corrupción es lo que mantiene a la mayoría de los indios en la pobreza, pese a que viven en un país rico en recursos naturales y humanos”, dijo Singh, cercano a las iniciativas anticorrupción.
“Es un secreto a voces que la mayoría de los proyectos públicos tienen una dimensión de corrupción incorporada», añadió.
En 2010, la organización Global Financial Integrity, con sede en Washington, estimó que el dinero que India había perdido por fuga de capitales sumaba unos 462.000 millones de dólares, y que 68 por ciento había salido a partir de 1991, cuando el país se embarcó en reformas económicas.
Sharma insiste en que es vital evaluar la verdadera dimensión de la economía paralela.
“El último estudio del Instituto Nacional de Finanzas y Políticas Públicas es de 1984, cuando el dinero ilícito se estimaba en 20 por ciento del producto interno bruto (PIB). Pero la mayoría de los expertos coinciden en que ahora debe rondar en 50 por ciento del PIB”, señaló.
