En contraste con los programas estatales de atención social ejecutados por gobiernos progresistas en América Latina y el Caribe, surge una propuesta que apela a la inversión privada y que ya desde su enunciación recibe variados cuestionamientos.
La iniciativa se conoce como “bonos de impacto social” (SIB por sus siglas en inglés), un mecanismo con marcado acento monetarista y sujeto solo a éxitos concretos.
La organización no gubernamental Social Finance, de Gran Bretaña, los define como una forma de contrato basado en resultados, en el cual organismos públicos se comprometen a pagar por una mejora significativa en metas sociales de un segmento específico.
“Hay mucho interés en desarrollar estos modelos, no solo de parte de gobiernos sino también de fundaciones y agencias de desarrollo. Hemos visto muchos temas, pero deben ser diferentes en América Latina” por su situación social, explicó a IPS el estadounidense Michael Eddy, uno de los fundadores de la no gubernamental Instiglio.
[pullquote]3[/pullquote]Esta entidad sin fines de lucro, con sedes en la nororiental ciudad estadounidense de Boston y en la colombiana Medellín, diseñó en 2012 un SIB para esta última metrópoli con la meta de reducir el embarazo adolescente en 450 casos en un lapso de entre cuatro y seis años.
La inversión prevista fue de dos millones de dólares y un rédito de 10 por ciento. Pero el esquema no se ejecutó porque ese año cambió de administración la alcaldía.
Quienes promueven y desarrollan los SIB pretenden abordar la situación paradójica de que invertir en la prevención de problemas sociales y de salud ahorra dineros públicos, pero es difícil para el Estado hallar los recursos para hacerlo.
El mecanismo es que el gobierno del lugar elegido identifica un problema social a atender, firma un acuerdo con un intermediario que recauda fondos de bancos, fundaciones o individuos, y contrata a un prestatario de servicios sin fines de lucro. Los actores acuden a un tercero para que evalúe el alcance de los objetivos y resuelva cualquier disputa.
Si el proyecto cumple las metas pautadas, el gobierno paga los réditos a los inversionistas a una tasa que oscila generalmente entre seis y 13 por ciento.
Sin embargo, el planteo ha generado inquietudes sobre su aplicación en América Latina, donde ya se han abordado servicios sociales mediante la contratación de terceros.
“Es un problema, porque no resuelve el tema de fondo. No se ven ahorros y hay dudas sobre la eficiencia. Ese dinero tendría que ser utilizado por las instituciones públicas para atender directamente los problemas”, señaló a IPS la activista Martha Juárez, del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, dedicado a defender los derechos de género.
A esas críticas se suma el juicio de Kyle McKay, analista de la legislativa Asamblea General del estado estadounidense de Maryland, quien estudió los mitos de capital nuevo para programas sociales, ahorros presupuestarios, pagos por metas exitosas y enfoque de resultados conducente a innovaciones en su artículo “Refutando los mitos detrás de la especulación de los bonos de impacto social”.
“Estos emprendimientos en creatividad financiera pueden convertirse en experimentos caros que dejan a los gobiernos con el riesgo último y a los proveedores con contratos quebrados o en disputa”, arguyó McKay en su trabajo publicado en abril en la revista estadounidense Revisión de Innovación Social, de la Universidad de Stanford.
En la actualidad hay 32 SIB en fase de diseño en distintas partes del mundo y otros seis en ejecución en Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, según un mapa esbozado por Instiglio.
Por América Latina solo figura el preparado para Medellín. Las temáticas abarcan salud, cuidados infantiles, justicia juvenil, personas sin vivienda y pueblos indígenas.
Jane Newman, directora internacional de Social Finance, indicó a IPS que los SIB necesitan “una estricta medición de resultados, un objetivo claramente definido, un tema prioritario tanto para el sector público como para los inversionistas y una intervención basada en evidencias”.
Esa organización, que lleva a cabo intervenciones sociales en Gran Bretaña y Estados Unidos, lidera la ejecución del primer bono social en el mundo, lanzado en 2010, para evitar la reincidencia en el delito de 3.000 hombres privados de la libertad con condenas menores a 12 meses en la cárcel de la central ciudad inglesa de Peterborough.
El proyecto atrajo a 17 inversionistas que aportaron algo más de cinco millones de libras (unos ocho millones de dólares), cuya tasa máxima de retorno anual será de 13 por ciento durante ocho años, si se logra abatir la reincidencia en por lo menos 7,5 por ciento. Si esta no se materializa, los financistas no recibirán ninguna devolución de parte del Estado.
[related_articles]La primera medición se hará en 2014 y, según Newman, los datos parciales avizoran el alcance del objetivo calculado.
Para América Latina, el dilema pasa no solamente por la adaptación temática, sino también por el manejo del riesgo, las cuestiones presupuestarias y el éxito efectivo de los propósitos.
“Los ahorros son muy complicados”, reconoció Eddy, comparando entre lo que pagaría un gobierno por las metas logradas y el costo si la administración pública hubiera emprendido el programa, pues en todo caso el costo de este debe ser menor que el de no resolver el problema.
Eddy mencionó sondeos en México y Paraguay para diseñar SIB. En el primer caso podrían introducirse en el tratamiento de enfermedades como la diabetes, o en salud materna, aunque aún no hay planes concretos para su introducción. Además, adelantó que en Colombia la intención es presentar el proyecto de disminución del embarazo adolescente al gobierno nacional.
“Se necesitan regulaciones puntuales” referidas a temas como “perspectiva de género, calidad del servicio y el respeto a derechos”, planteó Juárez.
A comienzos del año próximo, el Fondo Multilateral de Inversiones, adscrito al Banco Interamericano de Desarrollo, propondrá a su junta directiva un programa para respaldar la emisión de SIB, ya sea mediante financiamiento o como compradores de esos documentos.
