Como se esperaba, la visita a Sri Lanka de Navanethem “Navi” Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, generó tensiones con el gobierno, cada vez más presionado por la comunidad internacional.
Pillay visitó este país insular de Asia meridional entre el 25 y el 31 de agosto. Ya en su tercer día de estadía se generó una discusión entre los propios representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el país.
Ella se encontraba en el corazón del distrito de Mullaittivu, en la Provincia del Norte, donde se produjeron algunas de las más sangrientas batallas del último capítulo de la guerra entre el gobierno y el grupo separatista Tigres para la Liberación de la Patria Tamil-Eelam (LTTE), concluida en 2009 luego de 30 años de combates.
La discusión fue sobre el acceso de la prensa. Varios representantes de medios internacionales en Colombo habían acompañado a Pillay unos 390 kilómetros al norte del país, y al menos dos periodistas la siguieron hasta Mullaittivu, la segunda escala de su gira, luego de haber pasado una mañana en Jaffna, capital de la Provincia del Norte.
Representantes del Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, querían permitir que los medios, especialmente corresponsales extranjeros, accedieran a las reuniones de Pillay con desplazados por la guerra y con parientes de desaparecidos, pero los miembros de la oficina de la ONU en Colombo se resistían.
Según el gobierno srilankés, la oficina del foro mundial había instruido a los medios que no siguieran a la alta comisionada durante su visita a Mullaittivu.
Pero de todas formas lo hicieron, al parecer invitados por su portavoz, Rupert Colville, para que presenciaran el momento en que la funcionaria tenía previsto presentar una ofrenda floral a los caídos en la batalla final de la guerra, en la laguna de Nanthikadal.
El gobierno srilankés le había advertido a la delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que un gesto así “debía ser realizado en algún lugar común a todas las víctimas del conflicto terrorista, y no en territorio donde halló su muerte el líder” del LTTE, Velupillai Prabhakaran.
Finalmente, Pillay nunca hizo la ofrenda floral. Más tarde aclaró que solía honrar a los caídos en conflictos en cada país que visitaba, y que no se trataba de un gesto exclusivo para Sri Lanka.
Para cuando Pillay abandonó Sri Lanka, las tensiones ya eran evidentes.[related_articles]
En la declaración de cinco páginas y media que leyó antes de abandonar el país, la funcionaria elogió al gobierno srilankés por los esfuerzos de desarrollo que lanzó en antiguos baluartes del LTTE, pero también lo exhortó a tomar medidas contra los abusos a los derechos humanos, la persecución de las minorías religiosas y la militarización del norte, entre otras cosas.
Pillay se propuso en Sri Lanka hacer un seguimiento de las recomendaciones incluidas en la resolución adoptada por la ONU el 21 de marzo, que exige acciones de Colombo ante las persistentes denuncias de violaciones a los derechos humanos.
La evaluación de la funcionaria fue cruda: “Estoy profundamente preocupada por el hecho de que Sri Lanka, a pesar de la oportunidad que le ofrece el fin de la guerra para construir un país nuevo, vibrante e inclusivo, está mostrando señales de tomar un rumbo cada vez más autoritario”.
El gobierno del presidente Mahinda Rajapaksa rechazó esa evaluación, y sostuvo que se trataba de una declaración política que transgredía el mandato de Pillay y las normas básicas que debe observar una funcionaria internacional.
“Es mejor que sea el pueblo de Sri Lanka el que juzgue a los líderes del país, y no que los caricaturicen entidades externas influenciadas por intereses creados”, dijo el gobierno en una respuesta a la declaración de Pillay.
Al hablar el lunes 2 en las celebraciones por el aniversario del Partido de la Liberación de Sri Lanka, Rajapaksa dijo que su gobierno no cedería ante las presiones extranjeras.[pullquote]3[/pullquote]
“Ella tiene su propia agenda”, afirmó Ithakandhe Sadathissa, monje budista y presidente de la Organización Nacional de Poder Ravana, grupo nacionalista que realizó protestas frente a la oficina de la ONU en Colombo en dos ocasiones durante la visita de Pillay.
“Ella vino a aquí a reunir datos para luego irse y criticar al país y al gobierno”, dijo a IPS.
El ministro de Vivienda y Servicios de Ingeniería, Wimal Weeravansha, y el portavoz del gobierno y ministro de Medios, Keheliya Rambukwella, también acusaron a Pillay de tener una agenda preestablecida.
“Instamos a la gente a que venga y vea todo por sí misma, en vez de dejarse guiar por propaganda”, dijo por su parte el ministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka, Gamini Lakshman Peiris, durante una visita a Nueva Delhi, pocos días antes de la llegada de Pillay.
“Queremos que el mundo vea lo que está pasando en Sri Lanka”, añadió.
En vísperas de la visita, el gobierno creó una comisión dedicada a investigar las desapariciones forzadas y a elaborar una estricta legislación contra estas.
En lo que fue la más larga de las visitas que ha hecho hasta ahora a 60 países, Pillay pudo interactuar con una amplia gama de representantes, algo por lo cual agradeció al gobierno.
En Jaffna se reunió con 15 representantes de unos 300 familiares de desaparecidos que manifestaban frente a la Biblioteca Pública de la ciudad.
“Ya pasaron cuatro años desde el final de la guerra. La gente necesita respuestas sobre lo que les ocurrió a sus seres amados”, dijo el sacerdote católico Emmanuel Sebamalai, del noroccidental distrito de Mannar.
Los manifestantes “vinieron a reunirse con ella porque sentían que podía ayudarlos a recibir alguna suerte de reparación”, dijo a IPS.
Pillay también participó en una ceremonia que conmemoró el Día de los Desaparecidos en Colombo el 31 de agosto.
“La alta comisionada prometió ayudarnos”, dijo Sandya Ekanaligoda, esposa del dibujante Prageeth Ekanaligoda, desaparecido en enero de 2010. “Seguiré buscando a mi esposo”, dijo.
La evaluación que hizo Pillay antes de su partida seguramente constituya el eje central del informe que hará ante el Consejo de Derechos Humanos a fines de septiembre. Probablemente también presente las denuncias hechas por los civiles y activistas con los que habló.
“La visita de Pillay ayudará a mantener a Sri Lanka en la agenda del Consejo de Derechos Humanos”, dijo a IPS el activista Ruki Fernando.
“Su informe indicará si los cambios que ocurren en Sri Lanka son superficiales o genuinos”, señaló por su parte Ming Yu, investigador de la oficina australiana de Amnistía Internacional, en diálogo con IPS.
