Organizaciones no gubernamentales procuran que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU exija al Estado mexicano explicaciones por la frágil protección que brinda a su ciudadanía ante el espionaje masivo ejecutado por Estados Unidos.
El Consejo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) evaluará el 23 de octubre a México en su Examen Periódico Universal durante su 17 sesión, que comenzará dos días antes y se extenderá hasta el 1 de noviembre en su sede de Ginebra.
También en esa ocasión se analizará la situación de los derechos humanos en Estados como Belice, Malta, Mónaco, Jordania, Arabia Saudita, Malasia, China, Chad, Congo, Mauritana, República Centroafricana, Nigeria y Senegal.
“El espionaje está en el radar ahora más que nunca por las revelaciones de Edward Snowden (el excontratista de inteligencia que divulgó secretos de Estados Unidos) y los acontecimientos surgidos” a partir de ellas, dijo Carly Nyst, directora de asesoría internacional de Privacy International (PI), una organización no gubernamental con sede en Londres.
“La ONU está reconociendo lentamente las implicaciones del espionaje”, comentó a IPS.
“La sociedad civil mexicana tiene una muy buena oportunidad de interpelar al Consejo para que este le pida al país una rendición de cuentas”, indicó la activista.
[pullquote]3[/pullquote]PI presentó en marzo el informe “El derecho a la privacidad en México”, en el que alertó de los riesgos de la intromisión gubernamental en las comunicaciones electrónicas en este país latinoamericano con casi 118 millones de habitantes.
“A pesar de los esfuerzos de México por fortalecer y resguardar la protección de datos personales, hay preocupación sobre ciertas prácticas de vigilancia y leyes que han entrado en vigor últimamente”, dice el documento.
También se denuncia en el texto que “hay en general una falta de información y transparencia en torno de la compra y uso de programas de vigilancia por parte del gobierno mexicano”.
Según lo publicado en junio por el diario británico The Guardian, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA) venía recogiendo información de usuarios dentro y fuera de ese país requerida a la empresa Verizon Business Network Services, Inc. Su fuente fue Snowden, hoy asilado en Rusia.
Desde entonces ha fluido mucha tinta sobre el espionaje de Estados Unidos para interceptar comunicaciones privadas en virtualmente todo el mundo, México incluido.
Además, México adquirió también software para seguir llamadas telefónicas, mensajes de correo electrónico, chat, visitas a páginas de Internet y redes sociales.
“El Consejo podría pedir cuentas por no reaccionar. Sería bueno que lo hiciera. Sería bueno que hubiera presión sobre el gobierno mexicano”, declaró a IPS el consultor Cédric Laurant, uno de los cuatro fundadores de la organización no gubernamental Son Tus Datos, dedicada desde 2012 a promocionar la protección de la privacidad.
En su reporte al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, México no alude a la protección de la privacidad y datos personales.
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de 2010 garantiza ese derecho y establece que, si una institución desea transferir esa información a terceros nacionales o extranjeros, deberá comunicar a sus titulares el aviso de privacidad y los propósitos autorizados por ellos.
Pero esa garantía quedó minimizada con la entrada en vigor en marzo de 2012 de la Ley de Geolocalización, que permite al gobierno recolectar, sin aviso y en tiempo real, datos geográficos de usuarios de teléfonos móviles.
En su reporte de marzo “You Only Click Twice: FinFisher’s Global Proliferation” (Solo pulsar dos veces: La proliferación global de FinFisher), el laboratorio interdisciplinario Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, identificó dos servidores del programa intrusivo FinFisher, fabricado por la firma británica Gamma Group, en redes de dos empresas telefónicas privadas mexicanas.
A raíz de este hallazgo, las organizaciones Propuesta Cívica y ContingenteMX solicitaron en junio al estatal Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) una investigación sobre el uso de ese software.
El periodista estadounidense Glenn Greenwald reveló el 1 de este mes que la NSA había espiado el año pasado las comunicaciones electrónicas de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y del mexicano Enrique Peña Nieto, cuando este transitaba la campaña política que lo llevó al gobierno.
[related_articles]Solo entonces reaccionó con contundencia el gobierno mexicano al exigir una investigación a fondo al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en una nota diplomática con todo menos agresiva que la respuesta de Brasilia.
“No estoy tristemente sorprendida, porque los gobiernos tienen una perspectiva cuando se trata de los ciudadanos y otra cuando se trata de dirigentes políticos”, apuntó Nyst.
“Es importante que la sociedad mexicana se apropie de esta oportunidad y apunte al gobierno para que no cree inseguridad. Nunca nos libraremos del espionaje, pero podemos pedir más transparencia y más rendición de cuentas”, cuestionó.
PI, que también elaboró informes sobre Senegal y China, prepara una ofensiva legal contra Gamma Group por exportar FinFisher y trabaja con organizaciones civiles mexicanas para que el IFAI actúe a fondo sobre las actividades gubernamentales y privadas de intrusión irregular.
El tema también estará presente en la 35 Conferencia Internacional de Comisionados de Protección de Datos y Privacidad, que se realizará del 23 al 26 de este mes en Varsovia y en la cual habrá una jornada para la sociedad civil.
Entre las advertencias de PI se cuenta que, sin salvaguardas adecuadas, la legislación amenaza el derecho de los ciudadanos a la privacidad y, por tanto, recomienda regular y controlar el uso que hace la Secretaría (ministerio) de la Defensa Nacional de los programas de vigilancia.
También reclama la supervisión del empleo de esos programas por parte de autoridades judiciales y otras independientes, la aplicación de mecanismos y revisiones apropiadas para garantizar que su uso es necesario, legítimo y proporcionado, así como transparencia respecto de la compra y aplicación de ese equipo.
La sociedad civil puede “exigir que participe activamente en procesos legislativos y que haya alguna manera por la cual pueda representar a diversos sectores. Se pueden enviar cartas al Estado mexicano, a la Presidencia, al Congreso, como ha ocurrido en Estados Unidos”, planteó Laurant.
