La decisión del gobierno de Ecuador de iniciar los pasos para explotar parte del petróleo de una de las zonas más biodiversas del planeta, el Parque Nacional Yasuní, desencadenó alarma general entre ambientalistas e indígenas, que demandan realizar un referendo al respecto.
El presidente Rafael Correa ordenó archivar el 15 de agosto la Iniciativa Yasuní-ITT, destinada a dejar en el subsuelo la riqueza hidrocarburífera del parque amazónico a cambio de una compensación económica internacional, por la falta de aportes al fideicomiso abierto con ese fin.
La decisión da luz verde a la empresa estatal Petroamazonas para que comience operaciones exploratorias en el parque, según el decreto que pone fin a la iniciativa.
Los opositores a la explotación alertan de la afectación que sufriría la fauna, la flora y los pueblos en aislamiento voluntario (tagaeri y taromenane) si se concreta la incursión petrolera en el área protegida más grande del Ecuador, con 982.000 hectáreas.
Por ello, el jueves 22, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la Confederación Kichwa de Ecuador (Ecuarunari), la Confederación de Estudiantes Universitarios y Acción Ecológica, entre otras organizaciones, presentaron ante la Corte Constitucional su propuesta de referendo que, para ser aceptada, requiere el respaldo de 584.116 firmas, cinco por ciento del padrón electoral.
La pregunta que se plantearía a la ciudadanía es «¿Está usted de acuerdo que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo suelo?».
Correa instó a la ciudadanía a recoger las firmas y dijo tener la seguridad de que su propuesta de extraer el crudo del Yasuní, con el propósito de incrementar la obra pública con esos fondos, resultaría vencedora.
[related_articles]El gobierno asegura que solo se intervendrá una extensión de menos de uno por mil de Yasuní, situado en el norte del país, y que no incidirá en la vida de los pueblos aislados, ya que los campos que se explotarían (Ishpingo, Tambococha y Tiputini, ITT) están alejados de la llamada zona intangible, donde habitan esas nacionalidades.
José Lema, presidente del Colegio de Ingenieros Geólogos del Ecuador, evaluó para IPS que es posible que la extracción se produzca como lo plantea el gobierno.
Como antecedente, citó los trabajos que Petroamazonas realiza en el campo Pañacocha, ubicado en otra norteña reserva natural, que ha recibido reconocimientos internacionales por sus buenas prácticas ambientales.
“Petroamazonas viene desarrollando trabajos similares en esa área, donde existe una afectación temporal, mientras se realiza el oleoducto solamente” afirmó.
El experto considera que lo primero que se debe realizar es una nueva evaluación de la zona para rediseñar el plan de explotación.
“Puede cambiar, porque la metodología que se uso en un principio (1993) fue una sísmica 2D”, que “determinó un nivel de reservas de 920 millones de barriles” de crudo, analizó.
“Pero cuando se tenga una información más a detalle, con una valoración volumétrica, se conocerá un volumen más real y, con toda seguridad, será mayor a lo identificado”, adelantó.
[pullquote]1[/pullquote]Para Lema, lo principal será la adecuación de las plataformas que ya existen en el parque y la manera de introducir los equipos para la instalación. Luego vendrá la perforación de los pozos y la construcción de la tubería.
“Hay que considerar que todo proyecto tiene una alteración, el objetivo es reducirla al máximo con el uso de la mejor tecnología”, dijo.
Wilson Pástor, exministro de Recursos no Renovables del gobierno izquierdista moderado de Correa, en el poder desde 2007, cree que la alarma es infundada porque ya existe explotación de crudo en el parque.
“El bloque 31 fue explorado por (la compañía brasileña) Petrobras, hoy es de Petroamazonas y está dentro del parque”, comentó.
Además, en Pañacocha se producen unos 18.000 barriles diarios, pero el crudo no se procesa ni se toca dentro del área, recordó.
“Igual se va a hacer con el ITT, primero porque ya hay siete plataformas realizadas”, y se perforarán pozos por racimos. “Antes se hacía un pozo por plataforma, ahora se hace 25 pozos en cada lugar, de manera que no se ocupa más espacio”, argumentó.
Lo más contaminante son las instalaciones de tratamiento y separación del agua, el gas y del petróleo, lo que implicaría “prácticamente hacer una refinería y esa refinería no se va a hacer en el ITT”, por lo que “la afectación total de la intervención será de 190 hectáreas”, aseveró.
Tampoco se va a generar electricidad en el campo y el oleoducto pasará “totalmente” al margen del parque, en un sendero de tres metros de ancho con material biodegradable para enterrar la tubería.
Como se ve, los planes ya existían.
El exministro asegura que la explotación tendrá un beneficio adicional para el parque. “Hoy el Yasuní no tiene instituciones fuertes que controlen el acceso al parque, pero si Petroamazonas entra habrá recursos para protegerlo”.
El gobierno prevé que el campo Tiputini produzca sus primeros barriles en dos años, Tambococha, 12 meses después e Ishpingo otro año más tarde.
Pero a los colectivos sociales no compran los argumentos de Correa y su gobierno.
María Paula Romo, exconstituyente del partido Ruptura 25, aseguró a IPS que el gobierno dejó de lado el artículo 57 de la Constitución, que prohíbe los procesos extractivistas en zonas donde vivan pueblos aislados.
Ese artículo indica que “los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedado todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos”.
Y añade que “la violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley».
Por eso, dijo Romo, “antes de hablar de las especificaciones de los pozos, lo primero es preguntarse cómo se va a justificar frente a la Constitución entrar en un territorio vedado».
El ministro de Justicia, Lenín Lara, aseguró que no existen pueblos aislados en los campos donde se pretende extraer el crudo, pero ambientalistas y antropólogos lo desmintieron.
“Los taromenanes están siendo cercados por todas partes y, aunque los trabajos se hagan con la mejor tecnología, van a generar presión en esos pueblos”, diojo el periodista y cineasta Carlos Andrés Vera.
Correa decidió archivar su Iniciativa ITT porque de los 3.600 millones de dólares previstos desde su apertura en 2007 se recolectaron apenas 13,3 millones de empresas, personas y países en un fideicomiso administrado por la Organización de las Naciones Unidas.
Con aportes de Carey L. Biron (Washington).
