Numerosos analistas reconocen los logros alcanzados por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que concluirá su misión a fines de 2014 tras varias prórrogas, pero también creen que no cumplió totalmente con su mandato.
El TPIR, con sede en Arusha, Tanzania, se creó en 1994 para procesar a los responsables del genocidio de Ruanda ocurrido ese año.
Cuando falta un año y medio para que termine su trabajo, el tribunal ya procesó a 75 personas, condenó a 46 y absolvió a 12.
De los 46 imputados, 17 esperan una resolución de la Cámara de Apelaciones, aunque la mayoría de estas instancias están bastante avanzadas.
La organización de derechos humanos Human Rights watch (HRW), con sede en Nueva York, es un observador regular del trabajo del TPIR, que comenzó efectivamente en 1997.
Carina Tertsakian, investigadora de la división África de HRW, remarcó el “importante papel” desempeñado por el TPIR en el procesamiento de los responsables del genocidio de los tutsis en Ruanda.
Según ella, el sistema de justicia ruandés no hubiera podido detener a figuras del antiguo régimen ruandés.
El genocidio dejó unas 800.000 personas muertas, en especial tutsis, según cifras oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Pero Tertsakian también reconoció algunas debilidades del tribunal.
“Creemos que uno de los principales puntos débiles del TPIR es que no abrió ni un solo caso por crímenes de guerra cometidos por miembros del exgrupo rebelde Frente Patriótico Ruandés (FPR, ahora en el gobierno), pese que era parte de su mandato”, dijo a IPS.
“Hay pruebas creíbles de crímenes perpetrados por soldados del FPR, y es una parte importante del mandato del TPIR que no se ejecutó”, puntualizó.
En Kigali, los sobrevivientes del genocidio, quienes crearon el grupo Ibuka (“recuerda”, en la lengua kinyarwanda), agradecen al tribunal el fuerte mensaje que envió a los responsables de las matanzas, en especial a los que aún están fugitivos. Pero también expresaron ciertas reservas.
“El TPIR se preocupa, lo que es motivo de celebración”, indicó Naphtal Ahishakiye, secretario ejecutivo de Ibuka. “Pero no es mucho si uno piensa en todos los medios que tiene a su disposición”, puntualizó.
También dijo sentirse consternado de que todavía hubiera nueve responsables fugitivos, entre ellos el multimillonario Félicien Kabuga, considerado el principal proveedor de fondos para el genocidio.
Según el portavoz del TPIR, Roland Amoussouga, el trabajo del tribunal insumió 1.600 millones de dólares al 31 de diciembre de 2011.
Ibuka también cuestionó algunos fallos.[related_articles]
“En numerosos casos, el tribunal absolvió o dictó sentencias demasiado indulgentes, pese a las pruebas sólidas presentadas”, se lamentó Ahishakiye, quien también cree que el TPIR “no contribuyó prácticamente en nada con la reconciliación” en Ruanda.
“El TPIR, y en particular la Cámara de Apelaciones, absolvió en los últimos meses a varios miembros del gabinete, muchos de los cuales habían recibido una fuerte condena en primera instancia”, protestó el diplomático ruandés Olivier Nduhungirehe, en un debate sobre la justicia penal internacional, organizado por la ONU el 21 de junio.
Funcionarios del TPIR se niegan por ahora a realizar comentarios sobre las críticas “puramente políticas”.
La oposición al gobierno ruandés también se queja del trabajo del TPIR.
Las Fuerzas Democráticas Unidas, un partido fundado en el exilio que actualmente trata de registrarse en Ruanda, sostiene que el principal fracaso del tribunal de Arusha es no haber buscado a los responsables del atentado contra el avión en el que viajaba el entonces presidente Juvénal Habyarimana, derribado por un misil el 6 de abril de 1994.
“La falta de voluntad para procesar a los responsables del atentado que desató el genocidio es una falla enorme. Está claro que hubo presión política de algunos sectores”, opinó Jean-Baptiste Mberabahizi, portavoz del partido desde Bélgica. Es la “justicia del vencedor sobre el vencido”, afirmó.
El académico francés especialista en la zona de los Grandes Lagos, André Guichaoua opinó: “El análisis de los logros cualitativos y cuantitativos del TPIR podrán ser controvertidos, pero el tribunal marcó un camino”.
“La fiscalía, los jueces y su personal procesaron a los principales arquitectos del genocidio, crearon jurisprudencia y fijaron estándares en materia de justicia y verdad”, remarcó.
Guichaoua, testigo experto en varios casos del TPIR, reconoció que el tribunal “priorizó el procesamiento y juicio de los arquitectos del genocidio contra” los tutsis.
Pero el no haber procesado a los miembros de las hoy disueltas fuerzas rebeldes, responsables de los crímenes cometidos en 1994 y actualmente en el gobierno, “socava la credibilidad del tribunal, el alcance de sus fallos, el conocimiento de la verdad y la comprensión de lo ocurrido”, dijo a IPS.
Guichaoua cree que los diferentes fiscales del tribunal, con el consentimiento del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, sucumbieron a la presión de Kigali. Por eso, él opina que la misión del TPIR no se cumplió totalmente.
El mandato del tribunal caducaba a fines de 2008, pero sus autoridades pidieron una prórroga hasta finales de 2009.
A fines de 2010, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución que extendió hasta fines de 2014 el plazo para que el TPIR culmine su misión.
