Los beneficios de la reforma energética impulsada por el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto, que ya está en manos del parlamento, están rodeados de incertidumbre, señalan expertos que no ocultan su escepticismo.
“No veo muy favorable la participación de Petróleos Mexicanos (Pemex). Va a pagar un precio muy alto”, opinó Francisco Garaicochea, miembro del no gubernamental Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17.
“Para las empresas transnacionales es tanto o más importante que se abra la explotación en aguas profundas por la venta de sus dispositivos y para tener a su personal participando que lo que puedan obtener de ganancia directa en la extracción de hidrocarburos”, sostuvo.
Garaicochea, exfuncionario de Pemex, dijo a IPS que “se da por hecho que los cambios estructurales permitirán producir un millón de barriles adicionales de petróleo cada día, sin especificar cómo, cuándo y de dónde”.
“Pero esta suposición está basada en recursos prospectivos que la empresa deberá convertir en reservas probadas mediante la perforación de pozos exploratorios y de evaluación, lo que requerirá varios años”, analizó.
Peña Nieto, del tradicional Partido Revolucionario Institucional (PRI), envió al Congreso legislativo esta semana un proyecto de reforma para los sectores petrolero y eléctrico, que abarca a Pemex y a la también estatal Comisión Federal de Electricidad.
La iniciativa incluye modificaciones en los artículos 27 y 28 de la Constitución, para permitir la firma de contratos de utilidad compartida con particulares en exploración y extracción de crudo, cambios en el régimen fiscal de Pemex y la fortificación de la transparencia y rendición de cuentas del monopolio energético estatal.
[related_articles]Propone, además, la participación directa de particulares en la generación de electricidad, aunque el Estado mantiene el control de las redes de transmisión y distribución, una mayor inversión en el desarrollo tecnológico y más respaldo a fuentes alternativas, como la solar y la eólica.
El gobierno asegura que la producción de petróleo pasará de los actuales 2,5 millones de barriles diarios a tres millones en 2018 y 3,5 millones en 2025. En gas natural, el nivel aumentará de los 5.700 millones de pies cúbicos diarios actuales a 8.000 millones en 2018 y a 10.400 millones en 2025.
Asimismo, argumenta que con la reforma se generarán 500.000 empleos adicionales para 2018 y 2,5 millones en 2025, y que se aportará uno por ciento adicional de crecimiento económico en 2018 y dos por ciento en 2025.
La académica estadounidense Lisa Breglia ve una relación directa entre la generación de las cifras y la justificación de la reforma.
“No hay proyectos para empresas extranjeras si no hay nuevos hidrocarburos para explotar. Es claramente conveniente. No necesariamente son reservas fantasmas, pero al mismo tiempo no sé si es la mejor forma para el futuro energético de México moverse en esa dirección y hacer que los inversionistas privados se hagan cargo de eso. No es la única manera de hacerlo”, indicó a IPS.
Breglia, directora interina de los programas de Asuntos Globales e Interdisciplinarios Globales de la estadounidense Universidad George Mason, publicó este año el libro “Living With Oil” (viviendo con el petróleo), en el cual exploró la experiencia de los pobladores de la comunidad Isla Aguada, en el sudoriental estado de Campeche y frente al yacimiento de Cantarell, situado en la Sonda de Campeche en el mar Caribe.
En los últimos años, Pemex ha mostrado contracción en la producción, reducción de las exportaciones, aumento de la deuda y el incremento de las importaciones, una muestra de la necesidad de variaciones de fondo.
Las importaciones de hidrocarburos representan un fuerte lastre, puesto que el año pasado las compras petroleras, que incluyen gasolinas ya refinadas, sobrepasaron los 600.000 barriles diarios y las de gas natural los 1.000 millones de pies cúbicos, según las estadísticas de Pemex.
Pemex, quinto productor de petróleo y 17 de gas en el mundo según sus propios datos, pasó a ser la empresa estatal más emblemática de México en 1938, cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera. Por eso, ese ramo impregna el código genético del PRI y del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), surgido a fines de los años 80 de una escisión del primero.
La firma petrolera reportó en 2012 ingresos por 127.000 millones de dólares. Pero tiene una carga fiscal especial, por lo cual vuelca buen parte de sus ingresos a las arcas centrales del Estado federal y, por tanto, cuenta con escasos fondos propios para invertir en prospecciones, desarrollo tecnológico y construcción de infraestructura. Además, es responsable de 33 por ciento del presupuesto nacional.
La tan ansiada reforma ocasiona un choque de trenes entre las principales fuerzas políticas del país, aunque todas coincidan en la necesidad de cambios, que serán debatidos en septiembre en el parlamento.
En su propuesta divulgada en julio, el opositor Partido Acción Nacional, conservador, plantea un régimen de concesiones a empresas privadas y alianzas entre estas y el Estado para la exploración y producción de hidrocarburos, competencia en refinación, petroquímica y transporte de combustibles y cotización de Pemex en el mercado nacional de valores.
Por su parte, el PRD, que anunciará en los próximos días su iniciativa, sugiere cambios al régimen fiscal de Pemex, mayor inversión estatal en refinación y petroquímica y la creación de un fondo de excedentes petroleros para educación, salud y proyectos de infraestructura.
“¿Por qué compartir con empresas privadas, mediante contratos con incentivos multiplicados por la tecnología de pozos no convencionales y un régimen fiscal con impuestos bajos y recuperación total de las inversiones?”, criticó Garaicochea.
La mayoría de actividades productivas de Pemex está contratada con terceros. Sus prioridades se centran en la exploración a profundidades mayores a 1.500 metros en el Golfo de México, de recursos de gas de esquisto y explotación en aguas poco profundas.
Para Breglia, una reforma de cualquier signo no va a alterar esa situación. “Uno puede remontarse a los años 80, cuando México explotó masivamente el petróleo. Lo inició con el respaldo de contratos con empresas multinacionales. Es falso y naíf que la reforma vaya a cambiar eso”, refirió la experta.
En 2008, una muy debatida reforma al sector petrolero buscó mejorar la administración y fortalecer la rendición de cuentas y transparencia de Pemex, pero resultó un fracaso, dado que no mejoró los indicadores y solo generó más burocracia.
Entre las medidas contenidas en esa instancia figuran la recomposición del Consejo de Administración de la empresa y la creación de comités de vigilancia y auditoría que supervisan la adjudicación de contratos y otros negocios.
