Josefina Escamilla viajó a la capital salvadoreña desde la cercana Las Marías para protestar contra el gigante cervecero SabMiller, cuya subsidiaria local pretende perforar un nuevo pozo en los terrenos adyacentes a su comunidad y eso, aseguró, volverá escasa el agua para la población.
“Nosotras ya estamos viejas, pero luchamos por el agua que van a tomar nuestros hijos y nietos”, dijo Escamilla a IPS, mientras, pancarta en mano, ayudaba a bloquear el tránsito vehicular en una concurrida calle capitalina, en protesta por el proyecto.
Comunidades ubicadas en la jurisdicción de Nejapa, 21 kilómetros al norte de San Salvador, comenzaron a movilizarse desde abril contra los planes de Industrias La Constancia (ILC), subsidiaria del consorcio transnacional SabMiller, de abrir un nuevo pozo en la planta de producción que la compañía ya tiene en el cantón Galera Quemada, de ese municipio.
Esas comunidades, apoyadas por organizaciones ambientalistas, aducen que, si se hace esa nueva perforación, se agotará el manto acuífero de la zona y, al final, serán los residentes los que ya no tendrán agua, mientras la compañía la extrae para sus beneficios empresariales.
Solo 69,8 por ciento de los hogares rurales salvadoreños cuentan con servicio de agua por cañería, mientras que en las ciudades llega a 93,5, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012.
“He madrugado para andar aquí en la protesta, no es por gusto que estamos bloqueando esta calle”, contó Escamilla. “Sin electricidad podemos vivir, pero sin agua no”, sentenció.
ILC abrió dos pozos en 1999 en Galera Quemada y trasladó allí sus operaciones de embotellado de gaseosas, que incluyen la marca Coca-Cola. Ahora necesita un tercer pozo para fortalecer su producción de agua purificada.
Esta empresa comenzó sus actividades produciendo cervezas en 1906, de la mano de Rafael Meza Ayau, un conspicuo miembro de la oligarquía de la época. En 2005, cuando ya había ampliado el horizonte agregando jugos, agua embotellada, bebidas carbonatadas e isotónicas, fue adquirida por SabMiller, la segunda cervecera en volumen del mundo.
[related_articles]SabMiller opera en 75 países y sus ganancias llegaron en el último año fiscal a los 6.421 millones de dólares, sin descontar los impuestos, según información de su portal de Internet. En cuanto al aumento de los ingresos de ILC, en particular, la firma da cuenta que en el mismo periodo crecieron 30 por ciento, sin consignar el monto.
Carlos Flores, activista de la Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes), dijo a IPS que pobladores de la zona y organizaciones ecológicas presentaron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) 2.200 cartas para impugnar el proyecto de ILC, en las que se plantea el temor a que se disminuya el recurso hídrico.
Al respecto, el jefe de esa cartera, Herman Rosa Chávez, informó a IPS que el organismo revisa actualmente el estudio de impacto ambiental presentado por ILC, tras lo cual realizará sus propios análisis de la cuenca hidrográfica y, finalmente, dará su dictamen.
El hidrólogo Julio Quiñónez indicó a IPS que el Balance Hídrico Dinámico de El Salvador, elaborado por el Marn en 2005, ya señalaba que el acuífero de Nejapa estaba llegando a su límite.
Lo mismo advirtió un reporte de Geólogos del Mundo en 2003, al afirmar que el manto freático bajó desde 1972 porque la explotación era superior a la recarga.
Quiñónez explicó que el acuífero tiene una capacidad de recarga anual de unos 15 millones de metros cúbicos y en este momento el consumo fluctúa entre siete y 10 millones, incluyendo la explotación comercial que hace la misma firma ILC y el agua que distribuye a la población la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Reportes del Marn indican que la apertura del nuevo pozo, más los dos ya existentes, implicaría la extracción de 1,7 millones de metros cúbicos por año.
“La gente tiene la razón de manifestar su preocupación por el nuevo pozo, es algo que no debe tomarse a la ligera”, acotó Quiñónez. Es también preocupante destacar que la deforestación de la zona, impuesta por nuevos proyectos urbanísticos y agrícolas, reducirá aún más las condiciones de recarga del acuífero, a la par de que aumenta la demanda, agregó.
IPS tuvo acceso a un documento entregado por ANDA a la compañía, el 10 de enero del 2013, en el que afirma que el nuevo pozo no afectaría el suministro de agua que esa firma estatal hace a la población, siempre y cuando la extracción de ILC no supere 1,1 millones de metros cúbicos por año, 600.000 menos de lo que quiere ILC.
La llamada Carta de no Afectación no da luz verde al proyecto sino que se constata que, si la extracción no sobrepasa esos límites, ANDA asegura el suministro de agua a la población de la zona.
ANDA exigió además otras condiciones para entregar su aval, como el hecho de que ILC debe tomar medidas ambientales compensatorias, construir pozos de infiltración, que encaucen las aguas de lluvia al acuífero, así como instalar macromedidores que permitan una lectura exacta de la extracción de agua de los pozos.
Los dos pozos ya existentes, construidos en 1996, no requirieron una Carta de no Afectación, porque esa exigencia está vigente solo desde 2004.
La compañía Industrias La Constancia no atendió la solicitud de IPS para hablar sobre el conflicto generado por el proyecto del pozo.
ANDA tampoco concedió la entrevista para aclarar si la firma sigue sin permitir la entrada de inspectores de esa oficina estatal para que lean los registros de la extracción de agua en los pozos que tiene en su sede central en San Salvador, tal como ha sido denunciado.
“Nunca nos dejaron entrar, ponían a unos matones en la entrada para cerrar el paso”, afirmó Francisco Gómez, quien presidió ANDA del 1 de junio de 2009 a enero de 2010. “La compañía pagaba por el agua con los reportes de lo que ellos decían que consumían”, añadió a IPS.
Mientras tanto, Josefina Escamilla, de la Comunidad Las Marías, se mantuvo firme a las críticas de los automovilistas que se quejaban por el bloqueo de la calle en San Salvador, en la protesta que no solo era por su lucha contra SabMiller e ILC sino contra los legisladores de derecha que se oponen a aprobar una Ley General del Agua, en debate en la Asamblea legislativa.
Ese proyecto establece que el agua es un bien nacional de uso público y reconoce el derecho de las personas a tenerla, entre otros. Pondría más control y regulación al recurso hídrico, afectando a compañías como ILC.
“Con la ley podríamos defender mejor el agua en Nejapa”, dijo Escamilla.
