La Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe evaluará a partir de este lunes 12 en Montevideo los éxitos y fracasos de una amplia gama de temas de género, como salud reproductiva, violencia sexual, derechos femeninos, mortalidad materna y el avance del VIH/sida.
La pregunta que se hacen la mayoría de los delegados es cómo se ha desempeñado la región en la implementación del histórico Programa de Acción adoptado en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo realizada en 1994 en El Cairo.
La cuestión parece aún más relevante considerando que una reunión de alto nivel de la Asamblea General está prevista que se realice en 2014 para evaluar los logros y las deficiencias de la conferencia de 1994.
María José Alcalá, directora del grupo de tareas de la secretaría de alto nivel para la conferencia, insiste en que la comunidad internacional debe sumarse a los compromisos asumidos en El Cairo.
Alcalá dijo a IPS que la de la capital egipcia fue una reunión histórica, que puso los derechos reproductivos de las mujeres en el centro del desarrollo sostenible.
“Su implementación generó beneficios tremendos a individuos, familias, economías y países, aunque en toda la región hay millones que no los cumplen”, señaló.
Pero en la conferencia de Montevideo, que irá hasta el jueves 15 organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en conjunto con el gobierno de Uruguay, “también debemos ir más allá de los acuerdos hechos hace 20 años para que la promesa de El Cairo y los derechos sexuales y reproductivos para todos y todas sean una realidad independientemente de quién sea usted o de dónde proceda”, destacó.
En un discurso que pronunció en la ceremonia del 30 aniversario de los Premios de Población del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la semana pasada, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, subrayó el hecho de que “la población no es una cuestión de números”.
“Todo es sobre las personas, sobre las opciones que toman y las que son capaces de tomar”, dijo.
“Debemos empoderar a los individuos. Debemos proteger su libertad, capacidad y derecho a tomar decisiones informadas. Esto permitirá a las personas cumplir su potencial. Y eso hará avanzar a sociedades enteras”, agregó.
El director ejecutivo del UNFPA, Babatunde Osotimehin, coincidió con el punto de vista de Ban en cuanto a que el desarrollo no es sostenible a menos que sea equitativo y sirva a todos.
“No podría estar más de acuerdo con él. En el UNFPA continuamos enfatizando que la gente y el principio de equidad deben mantenerse en el centro del desarrollo sostenible”, dijo.
[related_articles]Osotimehin señaló que esto significa reconocer la necesidad de invertir en las mujeres y en los jóvenes y promover los derechos humanos. “Significa aumentar la equidad para construir un mundo de oportunidades para todos”, planteó.
Alcalá dijo que, entre los temas a debatir en Montevideo, una prioridad importante serán los derechos humanos fundamentales.
“Los gobiernos de la región (latinoamericana) tienen que asumir fuertes compromisos para promover la igualdad de género, los derechos de mujeres y niñas, el empoderamiento de los jóvenes y la salud y los derechos sexuales y reproductivos”, señaló.
Estos son derechos básicos para tomar decisiones sobre la propia vida privada, libres de toda forma de discriminación, coerción o violencia.
“Ellos incluyen decidir si tener hijos, cuándo, cómo y cuántos, si casarse y con quién, decisiones sobre el cuerpo, la sexualidad y la salud de una, y tener la información y los servicios para hacerlo”, destacó.
Pero para demasiadas mujeres y adolescentes en América Latina y el Caribe –y para demasiados jóvenes y comunidades que viven en la pobreza-, disfrutar de estos derechos todavía dista de ser una realidad, advirtió Alcalá.
Mientras la ONU se embarca en su agenda de desarrollo posterior a 2015, descrita como la sucesora lógica de sus Objetivos de Desarrollo para el Milenio con plazo para ese año, se espera que la población y la salud reproductiva sean parte integral de esas nuevas prioridades, que incluyan los propuestos Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La conferencia de Montevideo incluirá un debate general sobre experiencias nacionales relativas a la población y el desarrollo, perspectivas para el período posterior a 2014 y el rol de los adolescentes y los jóvenes.
Un asunto clave es crear más atención política y obtener más inversiones para adolescentes y jóvenes, comenzó Alcalá a IPS. Destacó, además, que las adolescentes de América Latina y el Caribe tienen la segunda mayor prevalencia de embarazos del mundo, luego de las de África subsahariana. Alrededor de 20 por ciento de todos los nacimientos en la región son de madres de entre 10 y 19 años.
Las mujeres jóvenes del Caribe también tienen 2,5 más probabilidades de infectarse con el VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida) que los hombres jóvenes, añadió.
La experta indicó que su grupo de tareas reclama el acceso universal a una educación sexual exhaustiva para todos los y las jóvenes, dentro y fuera de la escuela. Los países de la región ya están dando pasos concretos en esta dirección: esta debe ser una prioridad de cualquier agenda con sentido común para el siglo XXI, sostuvo.
Para ella, es necesario hacer más para intensificar la prevención de la violencia contra mujeres y niñas y llevar a los perpetradores a la justicia.
Alrededor de 36 por ciento de las mujeres de América Latina y el Caribe experimentan violencia sexual o física en sus vidas y, pese a que varios países han incrementado sus esfuerzos, la impunidad para estos delitos sigue siendo rampante.
Los gobiernos que se reunirán en Montevideo también deben abordar el fin de los abortos inseguros, dado que son grandes causantes de muertes de mujeres y adolescentes, puntualizó. La región tiene la mayor proporción de abortos inseguros del mundo: 4,2 millones por año.
“Debemos frenar el temor que se desata sobre las mujeres, y el cruel encarcelamiento y castigo de mujeres y niñas que han buscado cuidados que salvaran sus vidas luego de pasar por un aborto inseguro”, planteó.
“Hay que recordar que, incluso donde sea ilegal, en la región como en todo el mundo, las mujeres y las parejas adineradas hallarán una manera de obtener un procedimiento seguro; pero son las mujeres y las niñas pobres las que serán forzadas a poner en riesgo sus vidas cuando no tengan más recurso que practicarse un aborto inseguro”, agregó.
Este es un asunto fundamental de equidad social, dijo.
“Así que tenemos una opción: continuar parados al costado mientras mujeres y niñas corren riesgos y pierden sus vidas, o permitir a las mujeres y las adolescentes el derecho básico a tomar decisiones sobre su propio cuerpo, salud y vida”, resumió.
