Activistas valoraron el pronunciamiento del relator especial de la ONU, Ben Emmerson, quien urgió a las autoridades chilenas a poner la cuestión mapuche entre sus prioridades y las exhortó a que se abstengan de aplicar la ley antiterrorista ante reivindicaciones de tierras ancestrales.
“La legislación antiterrorista ha sido utilizada de forma discriminatoria contra los indígenas mapuches (…), lo cual ha resultado en una verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo y ha sido factor de deslegitimación de sus reclamos territoriales”, sentenció Emmerson al finalizar su primera visita oficial a Chile, que se extendió por dos semanas.
Paulina Acevedo, portavoz del no gubernamental Observatorio Ciudadano, especializado en cuestiones indígenas, señaló que es “muy importante el énfasis que ha puesto el relator en el sentido de que ha hecho recomendaciones claras al estado chileno y para el corto plazo”.
“La experiencia dicta que la acumulación de recomendaciones en un mismo sentido avanza hacia seguir presionando a las autoridades sobre algún tipo de cambio”, añadió Acevedo a IPS.
“Se le ha hecho ver al estado chileno por múltiples órganos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) la necesidad de modificar la ley antiterrorista y hoy día lo está haciendo el relator especial específicamente para este punto”, indicó.
La activista destacó que, “en ese sentido, se abre una mirada auspiciosa de cambio”.
[related_articles]Emmerson señaló en rueda de prensa este martes 30 que su visita a Chile le brindó “oportunidad suficiente para llegar a ciertas conclusiones” y recomendar que se adopte con urgencia una estrategia nacional para solucionar el llamado conflicto mapuche “dentro de un plazo definido y relativamente breve”.
Esta estrategia debe ser concebida e implementada por una comisión consultiva nacional, en la que participen todos los actores involucrados, explicó el abogado británico, tras entrevistarse con comuneros y líderes mapuches, representantes de la justicia, la policía y funcionarios del gobierno del derechista Sebastián Piñera y parlamentarios, entre otros.
También pidió el fin de la impunidad frente a las acciones violentas de la policía contra comunidades mapuches, recomendó a la Fiscalía de Chile que utilice “leyes penales comunes para investigar, procesar y castigar los reclamos y protestas” y estimó indispensable que el Estado disponga de más recursos para acelerar la devolución de sus territorios.
El relator especial de la ONU sobre derechos humanos y contraterrorismo aseguró en su declaración que la “piedra angular” de la “estrategia nacional debe ser el reconocimiento constitucional del derecho mapuche de existir como pueblo indígena dentro del Estado de Chile”.
En un aparte con IPS tras la conferencia de prensa, Emmerson dijo a IPS que “la participación política de parte de las comunidades mapuches es axiomática, es esencial al éxito de una estrategia nacional”.
Agregó que en los últimos días visitó muchas de esas comunidades en sus casas. “No solo se sienten aisladas, sino que cuentan con parcelas muy pequeñas de tierra improductiva, lo cual hace que vivan en circunstancias de pobreza y rodeados de grandes haciendas, comerciales, productivas, que en el pasado eran suyas”, relató.
“Entonces, sí existe ese sentimiento de aislamiento, de abandono del Estado, pero también de desconexión de uno y de otro”, insistió Emmerson.
“Asegurar un proceso de participación a través de la comisión consultiva es el único medio para incorporar a todas esas comunidades dentro de un proceso político para que participen en una solución negociada”, apuntó.
Respecto de la ley antiterrorista heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el relator de la ONU enfatizó que “debería cesar inmediatamente” su puesta en práctica, pues “se ha aplicado en forma desproporcionada contra los mapuches”.
Esta norma, cuestionada por organismos internacionales, establece la extensión de la detención preventiva hasta por dos años, permite la interferencia de las comunicaciones, el uso de testigos “sin rostro” y el aumento de condenas respecto de igual delito contemplado en el Código Penal común.
Emmerson advirtió que en su viaje a las regiones de La Araucanía y del Bío-bio, en el sur del país, donde se concentran las comunidades mapuches, observó una situación “extremadamente volátil y probable de convertirse en un conflicto regional de gran envergadura, salvo que se tome acción urgente para abordar las manifestaciones de violencia” y sus causas.
Los mapuches, que con casi un millón de integrantes conforman hoy la mayor etnia indígena de Chile, mantuvieron una enconada resistencia por más de 300 años a la conquista española, hasta que fueron controlados a sangre y fuego en lo que se denominó “la pacificación de La Araucanía”.
En el marco de su persistente lucha por la devolución de sus tierras ancestrales, aparecieron grupos que apelaron a la quema de vehículos y de haciendas forestales en manos de terratenientes.
Uno de los últimos casos trágicos ocurrió en enero, cuando un pequeño grupo, presuntamente mapuche, incendió la vivienda principal de un establecimiento rural, donde murieron carbonizados Werner Luchsinger y su esposa Vivianne McKay.
Ese atentado mereció la atención especial de Emmerson, quien pidió respeto a los derechos de las víctimas de lo que denominó “violencia rural” y demandó su esclarecimiento y castigo. Pero siempre bajo la legislación penal común, enfatizó.
Los actos violentos perpetrados por supuestos grupos de mapuches son sucedidos en general por una represión indiscriminada de la policía, que incluye allanamientos ilegales en comunidades indígenas, según denuncias de activistas y víctimas.
Acevedo destacó que la invitación al relator de la ONU fue formulada por el propio Estado, “por lo que no sería correcto que las autoridades desconozcan las recomendaciones que él ha hecho”.
Consultado al respecto, Emmerson recordó que el Estado chileno tiene trayectoria de colaboración con las Naciones Unidas y que “uno no va al médico, recibe una receta y la tira a la basura”.
El experto puntualizó que el gobierno que asuma en marzo de 2014 debe tener como eje principal de sus políticas la no aplicación de la ley antiterrorista al pueblo mapuche.
Según todas las encuestas, la socialista Michelle Bachelet podría volver a ocupar la Presidencia, como lo hizo de 2006 a 2010, como líder de la coalición de centroizquierda Nueva Mayoría. Curiosamente, durante su mandato fue cuando más se aplicó la ley antiterrorista en las últimas dos décadas.
Sin embargo, hoy asegura que “en ningún caso volvería a aplicarla”.
