Las localidades mexicanas de la costa caribeña van rezagadas en el diseño y aplicación de sus planes para afrontar los efectos dañinos del cambio climático, a pesar de la urgencia de contar con medidas para aplacar su vulnerabilidad ante el fenómeno.
La Ley General de Cambio Climático de 2012 obliga a estados y alcaldías a instrumentar programas que abarquen asuntos como inventarios de gases de efecto invernadero y políticas de adaptación y mitigación.
IPS recorrió la zona y constató que, de los 37 municipios costeros visitados en los sudorientales estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, solo seis cuentan con programas específicos, al menos 10 los están elaborando y el resto no se ha dado por enterado.
«Los municipios esperan que la federación (gobierno nacional) actúe, pero están absolutamente rebasados, criticó Lourdes Rodríguez, fundadora de la no gubernamental Marea Azul, que trabaja desde 1992 para proteger el ecosistema de la Laguna de Términos, parte de la mayor cuenca hidrológica del país, en Campeche. “Lo están enfrentando muy mal, es pura simulación», señaló a IPS.
“En las costas está el problema más grave, hay erosión. Hay un problema demográfico muy serio, pues llega mucha gente porque hay trabajo en la industria petrolera, y para construir viviendas invaden manglares, rellenan con cualquier cosa”, denunció el activista.
[related_articles]“Las empresas petroleras se asientan sobre los manglares», añadió.
La laguna, de 705.016 hectáreas de extensión y Área de Protección de Flora y Fauna desde 1994, alberga unas 300 especies animales y vegetales, entre las que se cuentan el mangle rojo, blanco y botoncillo, manatíes, tortugas y tapires.
Ciudad del Carmen, poblada por 221.094 personas y ubicada unos 925 kilómetros al sureste de la capital de México, es la demostración de la cuesta de los municipios ante el fenómeno. Ponga en la cazuela un poco de industria petrolera, añada una pizca de turismo, agregue deforestación y revuelva residuos líquidos y de otro tipo, y del horno saldrá un pastel ambientalmente insostenible, el combustible que alimenta el cambio climático.
La costa caribeña de México está expuesta a huracanes y tormentas cada vez más destructivas y a la amenaza del aumento del nivel mar, que inundaría extensas franjas, indican especialistas. Además, emboscan a la riqueza biológica el avance de la industria turística, la deforestación, la ganadería intensiva y las actividades petroleras.
La previsión de la estadounidense Administración Nacional Oceánica y Atmosférica es de entre 13 y 20 tormentas tropicales en el océano Atlántico para la temporada que comenzó este mes y de las cuales entre siete y 11 podrían mutar en huracanes.
«Es un reto mayúsculo”, dijo Itzel Alcérreca, coordinadora del Plan de Acción Climática Municipal (Pacmun), cuyo cometido es preparar a esas administraciones en la definición de políticas en ese terreno. “Pero se busca fortalecer las capacidades locales y el nivel local es un excelente campo de acción, porque se pueden tener acciones tangenciales, a corto plazo», indicó a IPS.
El Pacmun se lanzó en 2011 con nueve alcaldías piloto y ya cubre a 253. Treinta ayuntamientos ya esbozaron sus programas climáticos y se espera agregar más de 30 este año. La iniciativa es impulsada por el Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales (Iclei)-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc) y la embajada británica en México.
El Inecc considera que 1.300 de los más de 2.500 municipios del país son especialmente vulnerables al cambio climático, con 27 millones de personas en riesgo, de los casi 117 millones que habitan México.
El Pacmun identificó problemas como el crecimiento poblacional desproporcionado, planeación inadecuada, procesos de urbanización, cambios de uso de suelo para desarrollos habitacionales o ganaderos y una dotación deficiente de infraestructura básica, como alcantarillado.
Entre los sectores más expuestos anotó turismo, salud, agricultura, biodiversidad, asentamientos humanos y energía.
A pesar de ello, los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche apenas elaboran su plan de cambio climático, mientras Tabasco ya lo tiene.
Esos cuatro estados aportan más de 100 millones de toneladas del contaminante dióxido de carbono a los 748 millones de toneladas que el país emite, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México.
«Afrontamos la erosión de las costas, por la deforestación del manglar, y tenemos afectaciones por ondas cálidas y lluvias más intensas, pero no tenemos la capacidad para diseñar un plan”, declaró Javier Couoh, director de Protección Civil, encargada de actuar en desastres, del municipio de Progreso, en Yucatán, ubicado unos 1.150 kilómetros al sudeste de la Ciudad de México.
“Falta un programa y para ello buscamos apoyo para aprender de esas cosas. Es algo muy grande», se lamentó ante IPS el funcionario, quien asegura que no ha oído hablar del Pacmun.
El poblado, con 54.000 habitantes y que celebra el 1 de julio 142 años de fundación como puerto mercante, vive del turismo, la pesca y la instalación portuaria, amenaza potencial para sus 1.251 hectáreas de manglar.
Su condición es compartida por muchas poblaciones a lo largo de la costa y que viven virtualmente en la oscuridad respecto del cambio climático.
Las autoridades nacionales ven como opciones viables el uso de energías renovables, la eficiencia energética, la movilidad no motorizada y el ecoturismo para mitigar emisiones contaminantes. Pero una limitante es el dinero, por lo cual un objetivo próximo del Pacmun es conseguir fondos para la ejecución de los planes.
«Debemos crear una cultura de financiamiento a nivel local, para que los municipios generen esos recursos. Hay que demostrar que podemos distribuir recursos de manera eficiente», señaló Alcérreca. Una fuente puede ser el fondo climático estipulado por la ley general que debe patrocinar iniciativas de adaptación y mitigación.
En ciudades como Carmen, la depredación ambiental es un habitante más.
«Lo están enfrentando muy mal. Es una receta para el desastre, con muy malos médicos para atenderlo. No se coordinan acciones ni se reconoce que vamos tarde. No queremos mirar lo que ocurre», lamenta Rodríguez, quien junto a otros ambientalistas ha impedido que la firma estatal Petróleos Mexicanos perfore pozos en la Laguna de Términos.
«Tendrían que participar las instancias federales, involucrar a la sociedad, porque son los beneficiarios finales y quienes tienen que aprender. Se tiene que crear conciencia entre los estudiantes», apuntó Couoh.
