Hace dos décadas que Susana Apai Wani perdió a su esposo, James Wani. Luego de que la policía lo detuviera acusado de colaborar con el Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán, entonces un grupo rebelde, nunca más supo de él.
Wani fue apresado una noche de mayo de 1992, cuando Sudán todavía era un solo país y el entonces movimiento insurgente, ahora en el gobierno de Sudán del Sur, luchaba por la independencia.
En la guerra civil que se extendió entre 1983 y 2005 murieron alrededor de dos millones de personas. Finalmente, Sudán del Sur logró su independencia el 9 de julio de 2011.
Apai Wani no vio nunca más a su marido ni recibió información oficial sobre su muerte, pero presos políticos que estuvieron en la cárcel con él y que luego fueron liberados le dijeron que había sido asesinado.
También dijo a IPS que perdonó al exagente de policía que, según ella, mató a su marido, pero igual le “gustaría hablar con él para preguntarle por qué le hizo eso a un compatriota sursudanés”.
El ex niño soldado Elia Kwaje, un nombre ficticio para proteger su identidad, integró el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA, por sus siglas en inglés), brazo armado del Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM, por sus siglas en inglés) y reconoció haber perpetrado numerosas atrocidades durante la guerra civil.
“Un día violé a una niña, y otra vez disparé y maté a una mujer embarazada”, contó a IPS.
“Realmente me siento mal por ello, pero fue durante la guerra. Pensábamos distinto. Algún día quiero pedir perdón, pero no sé si la gente entenderá”, apuntó. Pero quizá, pronto, tenga la oportunidad de hacerlo.
El gobierno de Sudán del Sur se prepara para lanzar un proceso de sanación y reconciliación basándose en el modelo de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, creada tras la caída del apartheid (régimen de segregación racial impuesto por la minoría blanca de ese país sobre la mayoría negra).
El gobierno de Sudáfrica creó la comisión en 1995 para que la ciudadanía alcanzara un acuerdo sobre la violencia sufrida durante el apartheid. Habilitó esa instancia, en la que agresores y sobrevivientes prestaron testimonio. Los culpables pudieron solicitar inmunidad civil y penal.
Durante una conferencia de una semana a fines de este año, el presidente de Sudán del Sur, Salva Kirr, lanzará la iniciativa que coincidirá con el inicio de las audiencias a cargo del comité para la paz, la reconciliación y la tolerancia. Se estima que el proceso lleve entre cinco y 10 años.
El arzobispo Daniel Deng Bul encabezará el comité, integrado principalmente por autoridades religiosas, encargadas de escuchar los testimonios.
Ese cuerpo no procesará a los culpables, pero no quedan exentos de un proceso civil. Aunque parece poco probable que esos juicios prosperen en un país cargado de problemas, como el hecho de que 90 por ciento de los 10 millones de sus habitantes viven con menos de un dólar al día, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.[related_articles]
“La guerra dejó un trauma en todos nosotros. Debemos hablar sobre la reconciliación y dejar de vivir en el pasado. Lo que pasó quedó en el pasado. Acordemos: ‘Dejémoslo en el pasado’”, insistió el vicepresidente sursudanés Riek Machar, al frente de los esfuerzos de reconciliación, en entrevista con IPS.
El año pasado, Machar pidió disculpas a la comunidad dinka de Bor, capital del estado de Junqali.
Es que este líder insurgente encabezó una facción del SPLA que mató a cientos, posiblemente miles, de personas en 1991 en lo que se llamó la “masacre de Bor.
El vicepresidente luego bautizó a su facción Movimiento de Independencia de Sudán del Sur.
Además de las atrocidades perpetradas durante la guerra, el nuevo país debió lidiar con el robo de ganado que terminó por desencadenar masacres.
Más de 1.000 personas murieron durante los combates entre la comunidad murle y nuer en el estado de Junqali en 2011. Por lo menos otras 900 más murieron en enfrentamientos entre diciembre de 2011 y febrero de 2012.
La Organización de las Naciones Unidas estima que la violencia inter-étnica en ese estado sursudanés perjudicó a unas 120.000 personas en total.
El profesor Alfred Lokuji, de la Facultad de Paz y Desarrollo Rural de la Universidad de Yuba, dijo a IPS que los responsables de la violencia debían asumir sus delitos en vez de excusar su comportamiento en el clima de guerra imperante.
“No podemos tener un debate inteligente sobre paz y unidad si no queremos reconocer que nuestras acciones dejaron víctimas”, explicó.
Activistas de la sociedad civil aplaudieron el proceso de reconciliación, pero alertaron sobre que no se debe politizarse ni anular la justicia.
“La actual violación de derechos humanos que ocurre en el estado de Junqali, donde hay robo de ganado y asesinatos, no deberían condonarse en nombre de la reconciliación”, dijo Biel Boutros Biel, de la Sociedad para la Defensa de los Derechos Humanos de Sudán del Sur, en entrevista con IPS.
Sarah Ajith, presidenta de la Asociación General de Mujeres de Sudán del Sur, dijo a IPS que ellas están particularmente desmoralizadas por la violencia desenfrenada en ciertas partes del país. Muchas están llenas de resentimiento.
“Voy de un estado a otro educando a las mujeres sobre sus derechos. Cuando las estamos capacitando, escuchamos murmullos. Me siento mal porque la gente es implacable y está frustrada”, relató.
