La denuncia de una nueva matanza en una aislada comunidad indígena de la Amazonia ecuatoriana pone en duda el cumplimiento por parte del Estado de medidas cautelares impuestas en 2006 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de los llamados pueblos no contactados.
Según las informaciones en investigación, unos 30 taromenane habrían muerto el 29 de marzo a manos de rivales dl grupo huaorani, siete años después de la exigencia de la CIDH de proteger a los pueblos en aislamiento voluntario.
El gobierno asegura que hace todo lo posible, pero organizaciones de la sociedad civil creen que no.
La Fiscalía investiga la matanza de la que se tuvo los primeros indicios a comienzos de mayo, pero la indagación está aún en su fase previa.
Kawetipe Yeti, presidente de la Federación Huaorani del Ecuador, aseguró que hubo 30 víctimas taromenane, algunas niñas y niños, en una acción de venganza por un incidente previo de un grupo de su etnia, ocurrida cerca del río Tiguacuno, en el Parque Nacional de Yasuní. Antes, un huaorani que dijo haber liderado el ataque dio una cifra inferior.
Los taromenane y los tagaeri constituyen los últimos pueblos de la nororiental cuenca amazónica ecuatoriana en aislamiento voluntario. Oficialmente, cuentan con una zona intangible de más de 700.000 hectáreas, creada en 1999 para proteger el lugar de cualquier actividad que pueda alterar la biodiversidad y la cultura etnológica.
Sus últimos enfrentamientos con indígenas de pueblos parcialmente abiertos a la civilización dominante, como los huaorani, reactivan las dudas sobre esa protección y generan críticas a la actuación del gobierno y sobre el impacto del modelo de desarrollo en una zona rica en petróleo, minería y madera.
La CIDH, que es parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos, demandó en 2006 al Estado ecuatoriano que “adopte medidas efectivas para proteger la vida e integridad personal de los miembros de los pueblos tagaeri y taromenane”.
La disposición agrega que las autoridades deben tomar “las medidas que sean necesarias para proteger el territorio en el que habitan, incluyendo las acciones requeridas para impedir el ingreso de terceros”.
Para cumplir con estos requerimientos, Ecuador lanzó un año después el “Plan para proteger la vida de los pueblos no contactados Tagaeri-Taromenane”, como parte de una política nacional para los pueblos que eligen permanecer sin contacto externo.
Esa política propone entre sus líneas estratégicas “asegurar la existencia e integridad física, cultural y territorial de los pueblos en aislamiento voluntario”.
El gobierno estableció entonces como prioridades la prohibición del ingreso a la zona de protección de esos pueblos de cualquier agente externo con fines ajenos al imperativo de protección social y ambiental.
La excepción son otros pueblos originarios de la zona, como los huaorani, con unos 4.000 integrantes, frente a los 300 taromenane y 30 tagaeri, en un país con 14,6 millones de habitantes, donde siete por ciento se autodefinen como pertenecientes a alguno de los 14 pueblos indígenas.
También se determinó que los militares podrán ingresar al territorio por razones de seguridad nacional previstas legalmente y que se dará atención prioritaria a los ecosistemas amazónicos donde existan pueblos en aislamiento voluntario.
Tras la denuncia de la nueva matanza, el gobierno informó que en 2012 un equipo técnico del Ministerio del Interior “realizó alrededor de 200 patrullajes en la zona intangible, a fin de determinar la posible presencia de grupos de pueblos en aislamiento”.
El objetivo de esos patrullajes, se explicó, es “establecer planes de protección, así como determinar acciones para evitar el contacto con colonos o grupos nativos occidentalizados” por el equipo que ejecuta la política para estos pueblos desde 2010.
El gobierno añadió que también se realizaron visitas a varias comunidades indígenas de pueblos no aislados para recolectar información sobre posibles avistamientos físicos, humanos o materiales de los pueblos protegidos.
Pero las organizaciones de la sociedad civil consideran insuficientes estos esfuerzos y aseguran que si las medidas hubieran sido más efectivas, estos episodios violentos podían evitarse.
Por ejemplo, la exdiputada de izquierda María Paula Romo señaló que “pensar que se trata de un enfrentamiento entre indígenas o entre clanes es una inaceptable forma de desvincular responsabilidad en lo que está sucediendo”.
Para ella, además de acciones concretas en este conflicto, “el tema de fondo debe ser una revisión honesta y profunda del modelo de desarrollo en la Amazonia”.
Lo mismo cree Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) . “El conflicto no se puede reducir a un enfrentamiento entre pueblos hermanos”, pues “sería caer en lecturas políticas malintencionadas”, dijo a IPS.
“Muchos buscan mostrar al mundo que esto es un ‘problema entre indios’ y no lo que es: resultado de un proceso extractivista que aumentó la presión sobre los pueblos indígenas. Este es un problema nacional”, dijo el líder de la mayor organización indígena ecuatoriana.
Cholango denunció que la imposición de ese modelo acarreó que los pueblos aislados voluntariamente pierdan su forma de vida, su hábitat, comida y animales, entre otras cosas, lo que los obliga a defenderse, incluso entre ellos mismos.
En cambio, Juan Sebastián Medina, director del Plan de Medidas Cautelares del Ministerio del Interior, cree que el conflicto “no puede ser entendido como una manera de presión política, ni una manera de presión maderera o petrolera”.
“Hay que entenderlo desde una cosmovisión”, planteó en declaraciones públicas.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó el 26 de mayo el problema como “extremadamente complejo”, al referirse al pedido de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizado 10 días antes, de terminar el conflicto entre las naciones indígenas amazónicas.
“La ONU acaba de declarar que el gobierno ecuatoriano tiene que proteger la vida de los no contactados. Maravilloso. Que nos digan cómo”, señaló. Es muy complicado “proteger la vida de los no contactados sin contactarlos”, reflexionó.
Un grupo de antropólogos también se ha pronunciado y el miércoles 29 envió 16 recomendaciones a las autoridades para que busquen soluciones reales al tema.
Una de las primeras es que “el Estado realice una investigación pericial que determine y logre brindar una comprensión profunda de los factores internos de la dinámica huaorani, de la relación huaorani-taromenane y con otras familias o grupos aislados”.
También proponen que el Estado incorpore al análisis los factores del contexto de la economía política de la región amazónica, como “el modelo de desarrollo extractivo vinculado a la explotación de hidrocarburos”.
Estos especialistas, al igual que la Conaie y defensores de los derechos indígenas, consideran que es “improcedente reducir el conflicto únicamente a la confrontación entre huaorani y taromenane, en desmedro del entendimiento de los factores históricos, económicos y políticos circundantes, que han agudizado las tensiones internas”.
Por ahora se espera que las investigaciones judiciales concluyan para conocer los extremos del último enfrentamiento.
Por su parte, Correa informó que también se investigarán posibles omisiones e inobservancias de las autoridades en la protección de los pueblos no contactados. Además, se estudia la conveniencia de crear un organismo que se encargue directamente de la atención a esos pueblos que desean permanecer aislados.
