La última vez que el mexicano Enrique Rangel oyó a su hermano Héctor fue la noche del 10 de noviembre de 2009, cuando lo llamó para contarle que no había llegado el cliente que le debía dinero y que unos policías municipales lo habían detenido.
“Ya no supimos más de él”, contó Enrique Rangel, en uno de los 13 testimonios que nueve jurados escucharon en esta capital el martes 28 y este miércoles 29, en la pre-audiencia “Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en México: una política permanente del Estado”.
Los testimonios se enmarcan en los trabajos del capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), lanzado en 2011. Los jurados de cada pre-audiencia temática entrega sus conclusiones para una gran audiencia general, que se realizará en 2014 y emitirá un veredicto sobre la actuación del Estado mexicano.
Héctor Rangel desapareció en la ciudad de Monclova, en el norteño estado de Coahuila. “Cuando fuimos allí los policías nos dijeron que unos compañeros suyos lo habían detenido, que ya había pagado la multa y que se lo habían llevado para una revisión”, explicó Enrique Rangel a IPS
“¿Pero pagar una infracción a medianoche? Luego nos dijeron que mejor nos fuéramos”, explicó este hermano, residente en la central ciudad de Querétaro.
Desde 2007, conforme se intensificó la campaña militar en contra del narcotráfico en México, recrudecieron las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, hasta convertirse en una tragedia humanitaria.[related_articles]
Tradicionalmente, en este país latinoamericano las desapariciones forzadas se achacaban a los organismos de seguridad y a denunciados grupos paramilitares.
Ahora esa práctica adquiere otro ropaje por el influjo de las bandas delictivas que, alegan activistas de derechos humanos, actúan en ocasiones en contubernio con cuerpos policiales o militares.
En diciembre de 2006, días después de asumir como presidente para el periodo 2006-2012, el conservador Felipe Calderón dispuso la participación de efectivos militares en el combate a las drogas ilícitas, una estrategia que sembró la mortandad.
Durante su sexenio se cometieron más de 100.000 homicidios, desaparecieron 26.121 personas y sufrieron desplazamiento unas 250.000, según reportes oficiales y de organizaciones no gubernamentales.
Pero la violencia no ha variado tras la llegada a la Presidencia del también conservador Enrique Peña Nieto. Desde diciembre hasta fines de abril, hubo 8.000 muertes violentas, según recuentos periodísticos.
Como dijo alguna vez el filósofo alemán Walter Benjamin (1892-1940), las víctimas quieren construir la historia a partir de sus relatos. Los jurados escucharon una porción en la que se mezcla la impunidad y el ansia de justicia, entrelazadas por el tiempo, como si un caso fuera heredero de otro.
Domingo Pérez, indígena chol que también expuso su historia ante el TPP, no ceja en la búsqueda de su hermana Minerva Pérez, que era una estudiante de 19 años cuando desapareció el 20 de junio de 1996 en el municipio de Tila, en el norte del sureño estado de Chiapas.
“Hay testimonios de que desapareció en un retén. Presentamos la denuncia y se ordenó una investigación. Pero las autoridades no han tomado cartas en el asunto. Es una violación a nuestro derecho, queremos vivir en paz, pero el gobierno viola nuestra ambición”, declaró Pérez a IPS.
El no gubernamental Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) supo a través de testimonios que Minerva Pérez permaneció secuestrada durante tres días por paramilitares del grupo Paz y Justicia. Durante su secuestro fue golpeada y ultrajada, y luego su rastro se desvaneció en la selva chiapaneca.
Esa región sufría entonces la onda represiva contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se levantó en armas el 1 de enero de 1994 en Chiapas, uno de los estados mexicanos con mayor pobreza.
Luego de algunas refriegas con militares y de una negociación inconclusa con el gobierno de México, el EZLN se replegó a mediados de la década pasada a la jungla chiapaneca.
El Frayba documentó 37 desapariciones forzadas y 85 ejecuciones cometidas entre 1995 y 2000, la mayoría a manos de al menos tres grupos paramilitares que, según denuncias, estaban apoyados por el ejército y el gobierno estadual.
El 20 de marzo de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de los Estados Americanos y con sede en Washington, admitió para su estudio seis expedientes de ejecución extrajudicial y dos de desaparición forzada en la zona norte de Chiapas.
“Los casos están bien sustentados. El fenómeno se profundiza con la estrategia de que las desapariciones y ejecuciones se deben al crimen organizado. Ahora va a ser más difícil probar la relación de grupos paramilitares con el Estado”, explicó a IPS la académica Clemencia Correa, una de las nueve integrantes del jurado del TPP.
El tribunal atiende asuntos vinculados con violencia colectiva, impunidad y falta de acceso a la justicia, migración, feminicidio y violencia de género, ataques contra el maíz y la soberanía alimentaria, así como devastación ambiental y derechos de los pueblos.
Los familiares de las víctimas no desmayan en su lucha por indagar eficazmente todos los casos.
“Pedimos que se esclarezca dónde están y si cometieron un delito, que sean juzgados. Queremos una investigación eficaz para capturar y enjuiciar a los responsables”, reclamó ante IPS Nadin Reyes, hija de Edmundo Reyes, que fue desaparecido junto a Gabriel Cruz el 25 de mayo de 2007. Ambos militaban en el guerrillero Ejército Popular Revolucionario.
La presunción de los familiares, basados en una investigación de la estatal pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que ambos fueron capturados en un operativo efectuado en un hotel de la sureña ciudad de Oaxaca por policías de ese estado, federales y militares.
Al igual que los títulos de la trilogía de novela negra de la sueca Mari Jungsted: Nadie los ha visto, Nadie los ha oído, Nadie los conoce.
“Es un caso por motivos políticos, por su actividad en el EPR. Hicimos la travesía por la que todas las familias han pasado, por varias instancias para pedir solidaridad y exigir a las autoridades”, remarcó Reyes.
El gobierno mexicano anunció el lunes 27 la creación de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, con solo 12 agentes asignados, y recibió críticas de los familiares.
“Tenemos las bitácoras de los agentes que detuvieron a mi hermano, sus nombres. Se los entregamos a las autoridades y no han podido detenerlos”, lamentó Rangel, cuyo hermano era comerciante de ropa.
Los parientes crearon en 2010 Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila que mutó al año siguiente en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México por la magnitud del desastre humanitario. La organización ha documentado más de 300 desapariciones.
