La muerte por tuberculosis de un joven senegalés tras una supuesta falta de atención médica reavivó en España el rechazo de organizaciones sociales hacia la ley promovida el año pasado por el gobierno, que excluye del sistema sanitario público a la mayoría de los inmigrantes en situación irregular.
“Hay casos de mujeres embarazadas y menores de edad extranjeros sin la documentación requerida que encuentran dificultades para ser atendidos en los hospitales y centros de salud. Hay bastantes incidencias”, lamentó a IPS la presidenta de la organización no gubernamental Andalucía Acoge, Sylvia Koniecki.
El Real Decreto Ley 16/2012 emitido el 20 de abril de 2012 por el gobierno español del derechista Partido Popular (PP) establece que, con independencia de su situación legal o irregular en el país, las mujeres extranjeras tienen derecho a asistencia sanitaria pública durante el embarazo, parto y postparto.
Según ese texto legal, los extranjeros indocumentados menores de 18 años recibirán asistencia sanitaria gratuita “en las mismas condiciones que los españoles” y, de superar esa edad, deben ser atendidos en caso de “urgencia, enfermedad grave o accidente”.
La mayoría de los inmigrantes “sin papeles” tiene así limitado su acceso a los centros de salud. Pueden contratar un seguro público de 710 euros anuales (913 dólares), sin incluir medicinas, pero a un costo que no pueden solventar generalmente, según varias organizaciones.
El senegalés indocumentado Alpha Pam, de 28 años, falleció el 21 de abril en el hospital de Inca de Mallorca, en las orientales Islas Baleares, por una tuberculosis que no le fue diagnosticada a tiempo. Sus familiares denuncian falta de asistencia, mientras las autoridades dicen que fue debidamente atendido. Sin embargo, el director del nosocomio, Fernando Navarro, fue destituido este miércoles 22.
El caso fue denunciado el 17 de este mes ante la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, por Izquierda Unida, la coalición liderada por el Partido Comunista.
El gobierno de Mariano Rajoy, embarcado en una política de recortes fiscales y de derechos laborales, calculó un ahorro de 500 millones de euros (645 millones de dólares) con el retiro a partir de septiembre de 2012 de 873.000 tarjetas sanitarias a inmigrantes irregulares, según el Programa Nacional de Reformas 2013.
“No habrá tal ahorro”, consideró Gabriel Ruiz, encargado del programa de inmigrantes de la organización no gubernamental Médicos del Mundo en la sureña ciudad de Málaga, porque al ser excluidos de la atención sanitaria primaria, aumentará el número de usuarios en los servicios de urgencias “y estos son más costosos”.
Ruiz dijo a IPS que la población inmigrante está en general en situación de exclusión social y por ello es más vulnerable a enfermedades derivadas del hacinamiento o la alimentación deficiente. “Al apartarla del sistema sanitario público no sólo ponemos en riesgo su salud, sino la del resto de la sociedad por posible propagación de enfermedades”, subrayó.
Desde el gobierno se justifica la reforma afirmando que el sistema de salud era un “coladero” para la inmigración irregular. Pero un informe de 2012 de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) concluyó que quienes más usan el sistema de salud pública son los propios españoles.
Las sedes de las delegaciones malagueñas de Médicos del Mundo y Málaga Acoge reciben a extranjeros con boletas de pago de atención de urgencias, hecho que contraviene lo estipulado en el decreto ley. “Llegan desesperados con facturas desorbitadas que acumulan intereses por no haber sido abonadas”, apuntó Ruiz.
El gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, también en manos del PP, informó el 8 de este mes que retirará todas las facturas que se hayan emitido indebidamente y devolverá el dinero cobrado en los servicios de urgencias a los inmigrantes.
Es que cada una de las 17 comunidades autónomas españolas ha aplicado el decreto de distinta forma. Andalucía, Cataluña, Asturias, el País Vasco e Islas Canarias se negaron a aplicarlo.
Entidades sociales andaluzas llaman la atención sobre los muchos casos que vienen recogiendo y que solucionan en su mayor parte al actuar como intermediarias con las autoridades.
Según Ruiz, “faltan directrices claras del gobierno local para todos los dispositivos sanitarios de Andalucía”.
“En una sola semana hemos tenido dos o tres casos de inmigrantes indocumentados a los que se les niega la atención primaria o se les deriva a otros organismos como el Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuando es el propio centro de salud el que debe gestionar la cobertura sanitaria”, declaró Ruiz.
Desde la Delegación Provincial de Salud malagueña reconocen que hay incidentes, que ya los había antes de que entrara en vigor el decreto, pero son “casos aislados” que la institución trata “de solventar en la medida de sus posibilidades”, explicó a IPS una portavoz de ese organismo público.
“No deberíamos tener ni un solo caso. Faltan instrucciones precisas de la administración autónoma a los hospitales y centros de salud para evitar que se produzcan incidentes”, indicó a IPS el director de Málaga Acoge, Alejandro Cortina.
En un estudio de esta organización no gubernamental, realizado del 1 de septiembre al 17 de diciembre de 2012, se recogieron 42 casos en 20 centros de salud de seis provincias de Andalucía que afectaron a 69 inmigrantes, 77 por ciento de ellos en situación irregular.
El informe apunta que a 38 por ciento de los afectados se les negó la expedición de una nueva tarjeta sanitaria, a 23 por ciento la solicitud de consulta médica primaria, y a otro 23 por ciento se le emitió factura por la prestación médica realizada. Entre los afectados hubo ocho menores de edad y tres mujeres embarazadas.
Ruiz piensa que estos casos son la punta del iceberg de la crisis social y que el número de inmigrantes irregulares con problemas de atención o facturación indebida es mucho mayor.
En un recorrido por centros de salud malagueños de atención primaria, empleados confirmaron a IPS un descenso notable de la cantidad de inmigrantes irregulares que demandan asistencia, lo que achacaron a falta de información entre los usuarios sobre la continuidad de la asistencia en Andalucía a pesar del decreto.
Sin embargo, se han dado casos de recepcionistas que se han negado a atenderles. El informe de Málaga Acoge concluye que la mayoría de las incidencias en la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles se produjeron con el personal de atención al público en los centros sanitarios.
