Brasil muestra un gran déficit de justicia, leyes e instituciones que garanticen los derechos humanos de sus habitantes, expuestos en muchos lugares a situaciones de alto riesgo ante el fuego cruzado de la criminalidad y las fuerzas de seguridad, advirtió este miércoles 22 Amnistía Internacional.
“En los últimos años hubo importantes avances en materia de derechos básicos en este país, pero en varias áreas persisten las vulnerabilidades”, dijo Átila Roque, director ejecutivo del capítulo brasileño de esta organización no gubernamental con sede central en Londres.
“La amenaza a la vida de la población en general por parte del accionar de criminales sigue siendo grave y los organismos estatales que deben garantizar los derechos de la sociedad a menudo se convierten en agentes de violaciones de esos derechos», comentó Roque a IPS.
El estudio «El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo», que analizó la situación existente al respecto el año pasado en 159 países, dedica más de cuatro páginas a Brasil, en las que se destacan la alta incidencia de los delitos violentos, así como el uso excesivo de la fuerza y hasta la aplicación de torturas de parte de las fuerzas encargadas de combatir el crimen.
Las fuerzas policiales de Río de Janeiro son un caso extremo, afirmó Roque, pues hay agentes que «usan el uniforme como instrumento para violar la ley y sumarse así al delito».
El representante de Amnistía Internacional (AI) entiende que el Estado tiene dificultades para luchar contra esta nueva forma de delincuencia organizada.
«Este es un fenómeno que ha ganado visibilidad en los últimos tiempos y que pone de manifiesto, sobre todo, un proceso de deterioro de la seguridad pública, que no fue capaz de contener la expansión del crimen organizado en las propias filas de la policía», puntualizó.
El despliegue en Río de Janeiro de las Unidades de Policía Pacificadora (comunitaria) ha sido una de las fórmulas eficaces para reducir la tasa de homicidios, pero esa estrategia comunitaria no ha sido ni tan rápida ni tan abarcadora como para alcanzar a las llamadas «milicias» (bandas parapoliciales).
«Si no se presta atención a la profundidad del problema, no se mejorará la situación de la impunidad y de los derechos humanos», sentenció Roque.
El informe de AI también indicó que el sistema penitenciario de Brasil debería tener al menos 200.000 efectivos más para atender la gran cantidad de presos existentes en el país, que en general sufren «condiciones crueles, inhumanas y degradantes».
[related_articles]Para Roque, el creciente aumento de la población carcelaria de Brasil, con 198 millones de habitantes, contribuye a que se perpetren atentados contra los derechos humanos en las penitenciarías, abarrotadas con más de 500.000 reclusos en todo el país, una cantidad solo superada por Estados Unidos, China y Rusia.
Además, más de 40 por ciento de esos presos aún no cuentan con sentencias firmes.
Una delegación de AI, que visitó el año pasado las prisiones del noroccidental estado de Amazonas para investigar la veracidad de las denuncias sobre malos tratos, encontró que los detenidos estaban “hacinados en celdas fétidas e inseguras».
«Se recogieron varios informes sobre torturas, como el simulacro de ahogamiento por medio de bolsas de plástico, golpizas y la aplicación de descargas eléctricas, una práctica que en la mayoría de los casos son responsabilizados policías militares estaduales”, apunta el informe.
La vulnerabilidad indígena
La investigación de AI también aborda el tema indígena, deteniéndose en la situación de la etnia guaraní kaiowá del estado de Mato Grosso do Sul, acosada por la intimidación, la violencia y las amenazas de expulsión de sus tierras ancestrales.
«Los líderes campesinos e indígenas de esa región son vulnerables a la violencia de terratenientes y el riesgo de muerte sigue siendo alto», admitió Roque. Se trata de una «acción organizada de exterminio de un pueblo con la connivencia del Estado y la parálisis de la sociedad», sostuvo.
El informe de AI cuestiona la publicación en julio de 2012 de una ordenanza de la Procuraduría General de la Nación, que permite el desarrollo de proyectos, mineros e hidroeléctricos y construcciones militares en tierras indígenas sin que se efectúen las consultas a las que tienen derecho según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos originarios y tribales, que Brasil ratificó en 2002.
Flavio Machado, coordinador regional del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), señaló a IPS que los pueblos indígenas sufren el «total desprecio» de las autoridades brasileñas y que afrontan una de las más graves situaciones desde los tiempos de la dictadura (1964-1985).
«Hay una ofensiva conjunta contra los pueblos indígenas, (cuyos miembros) son tratados como ciudadanos de segunda clase», aseguró Machado, quien colaboró con AI para la parte indígena del informe anual.
Los 45.000 miembros de la etnia guaraní kaiowá constituyen la segunda mayor población indígena del país. La mayoría vive en pequeñas parcelas confinadas del sur del estado de Mato Grosso do Sul, soportando niveles de violencia y agresión superiores a la media nacional.
La tasa de homicidios de Brasil es de 27,4 por cada 100.000 habitantes, según el Mapa de la Violencia 2012. Pero en el pueblo guaraní-kaiowá, esa media trepa hasta 140 por cada 100.000 personas, explicó Machado.
En los últimos 10 años fueron asesinados 12 líderes indígenas solo en el estado de Mato Grosso do Sul, la mayoría de ellos de la etnia guaraní kaiowá.
«La violencia es ejercida por ganaderos y sicarios a sus órdenes. Hay una milicia para matar indígenas y evitar que sus tierras ancestrales sean demarcadas por las autoridades. Hasta ahora solo han sido reconocidas oficialmente 10 por ciento del territorio que les corresponde por ley”, denunció el CIMI, vinculado a la católica Conferencia Nacional de Obispos
Machado afirmó que el problema más grave que afrontan estos indígenas es el suicidio, angustiados por no ver perspectivas de futuro en sus vidas. Según los datos de la Dirección de Salud Indígena Especial del Ministerio de Salud, se registraron 611 casos de autoeliminación entre 2000 y 2012.
«Esta es la consecuencia del proceso de confinamiento en pequeñas parcelas sin posibilidades de desarrollo”, comentó.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no ha recibido a representantes de las comunidades aborígenes desde que asumió en enero de 2011, a pesar de haber hecho numerosas peticiones, cuestionó el CIMI.
