Organizaciones por las libertades civiles y de derechos humanos aplauden el anuncio hecho este lunes 22 por la Casa Blanca de que Dzhokhar Tsarnaev, el único sospechoso sobreviviente del atentado de Boston, no será acusado de «combatiente enemigo», como políticos conservadores reclamaban.
La designación legal de combatiente enemigo, ampliamente debatida, habría permitido una detención mucho más prolongada, potencialmente indefinida, y habría dado más libertad a los organismos del gobierno al momento de interrogar a Tsarnaev.
Algunos también han sugerido que esa imputación podría haber cambiado la jurisdicción del caso hacia las Fuerzas Armadas, aunque esto habría estado en conflicto con los derechos de Tsarnaev como ciudadano de Estados Unidos.
No obstante, muchas organizaciones condenan la decisión del gobierno de empezar a interrogar a Tsarnaev, de 19 años, sin leerle lo que en Washington se conoce como sus «derechos Miranda», una garantía del debido proceso que requiere explicar verbalmente los derechos legales de un sospechoso. Estos incluyen el derecho a la representación legal y a negarse a responder las preguntas de los funcionarios.
«En cuanto a si es un combatiente enemigo, esta no fue realmente una decisión cerrada en absoluto», dijo a IPS la experta Raha Walla, de Human Rights First (HRF), con sede en Washington.
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«Aquí tenemos individuos comprometidos en operaciones terroristas y eso debería ser manejado por autoridades civiles. Es difícil ver ninguna conexión con conflictos armados en marcha o incluso con operaciones extremistas más amplias», sostuvo.
El anuncio pone fin a un debate creciente sobre qué hacer con Tsarnaev, quien fue capturado el viernes 19.
«No será tratado como un combatiente enemigo», dijo este lunes Jay Carney, portavoz de la Casa Blanca.
«Juzgaremos a este terrorista mediante nuestro sistema civil de justicia Esta es absolutamente la manera correcta de proceder», agregó.
Tsarnaev fue acusado este lunes de usar un arma de destrucción masiva para herir y matar personas, lo que podría depararle la pena de muerte.
Hace exactamente una semana, presuntamente él y su hermano Tamerlan, miembros de una familia de origen en Chechenia, mataron a tres personas e hirieron de gravedad a más de 100 en la línea de llegada de la Maratón de Boston, donde habrían hecho explotar dos bombas caseras fabricadas con ollas a presión repletas de clavos y otros metales.
Tamerlan fue abatido el viernes 19 en un enfrentamiento con la policía, mientras que su hermano menor fue capturado, seriamente herido, tras un enorme operativo policial.
A partir de entonces, algunos conservadores han citado los presuntos vínculos de Dzhokhar Tsarnaev con insurgentes islámicos para designarlo combatiente enemigo.
«Uno no puede decir que cada persona que comete un ataque terrorista es un combatiente enemigo», admitió el fin de semana a la prensa el senador Lindsey Graham, uno de los principales defensores de usar ese término para Tsarnaev.
«Pero uno tiene el derecho, (dados) sus vínculos con islamistas radicales y el hecho de que los chechenos están en todo el mundo luchando con (la red extremista) Al Qaeda de seguir ese camino, y sería un gran error» no hacerlo, sostuvo.
Sin embargo, en el caso de Tsarnaev, las leyes de Estados Unidos parecen ser simples, dado que el sospechoso, aunque nació en Kirguistán, se convirtió en ciudadano naturalizado estadounidense el pasado otoño boreal.
«En el marco del derecho estadounidense, los ciudadanos de Estados Unidos no pueden ser juzgados en comisiones militares», declaró Carney este lunes 22, observando que el fiscal general Eric Holder, el Departamento de Justicia y todo el equipo de seguridad nacional del presidente Barack Obama están de acuerdo con la decisión.
Sistemas que funcionan
Las organizaciones de derechos humanos han cuestionado otros elementos del manejo que el gobierno ha hecho del caso Tsarnaev. Les preocupa particularmente la decisión de realizar interrogatorios fuera del ámbito de los derechos Miranda del sospechoso, mientras funcionarios invocan una exención recientemente ampliada en casos que involucran la seguridad pública.
«Las advertencias Miranda fueron impuestas en su momento porque oficiales de policía apelaban a los golpes y la tortura para obtener confesiones de detenidos. No podemos darnos el lujo de repetir nuestros errores», dijo en un comunicado Vincent Warren, director ejecutivo del Centro para los Derechos Constitucionales.
«Si los funcionarios requieren que los sospechosos se incriminen a sí mismos, están haciendo de los juicios justos y del debido proceso meramente una opción y no un requisito. Volver a aventurarse por esa carretera hará que nadie se haga responsable de la aplicación de la ley», sostuvo.
Hasta la noche de este lunes, los reportes policiales sugerían que Tsarnaev, que recibió un tiro en la nuca, no podía hablar pero había iniciado las primeras interrogaciones, anotando las respuestas a preguntas básicas.
Los derechos de los detenidos por casos de terrorismo están particularmente polarizados ahora, dado el intenso debate sobre la prisión que Estados Unidos mantiene en su base de la cubana bahía de Guantánamo. Allí, nuevos informes sugieren que alrededor de la mitad de los reclusos que quedan están en huelga de hambre en protesta por su detención indefinida, que viola el derecho internacional.
Warren vinculó explícitamente los dos asuntos: «Como el programa expandido de matanza de Obama y su perpetuación de la detención indefinida sin mediar juicio en Guantánamo, esta es otra erosión más de la Constitución que cae directamente a los pies del presidente».
A pesar de que Obama no cumplió el compromiso asumido en 2008 de cerrar la cárcel de Guantánamo, el gobierno considera que el anuncio de este lunes 22 va en línea con una campaña más amplia contra los esfuerzos por enfatizar la justicia militar sobre la civil en casos de terrorismo.
«Es importante recordar que desde (los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington), hemos usado el sistema de tribunales federales para condenar y encarcelar a cientos de terroristas», dijo este lunes Carney, el portavoz de la Casa Blanca.
«El uso efectivo del sistema de la justicia penal ha derivado en el interrogatorio, la condena y la detención, tanto de ciudadanos como de no ciudadanos estadounidenses, por actos de terrorismo cometidos dentro de Estados Unidos y alrededor del mundo», añadió.
Aunque Obama intentó en primera instancia que algunos sospechosos de terrorismo de alto perfil fueran juzgados en el sistema de tribunales federales, la adversa reacción pública echó por tierra el plan.
Sin embargo, el gobierno decidió en marzo que Sulaiman Abu Ghaith, exportavoz de Al-Qaeda y yerno del líder de esa red, Osama bin Laden, fuera llevado a juicio en la ciudad de Nueva York.
Organizaciones de derechos humanos sugieren que la medida sienta un nuevo precedente para los juicios relacionados con el terrorismo.
«La gran dinámica que sigue la decisión de es que el gobierno de Obama ahora presiona claramente en la dirección correcta: hacia el uso de sistemas que funcionan», dijo a IPS Walla, de HRF.
«Parece haber una falsa sensación de que, de algún modo, una respuesta militar es una respuesta más fuerte, y eso realmente está errado cuando uno mira cómo se ha procedido en los casos de terrorismo. Afortunadamente, el sistema de la justicia penal de Estados Unidos ha hecho muchos avances desde el 11 de septiembre (de 2001) en cuanto al manejo de casos de terrorismo y para evitar las incertidumbres de la detención en Guantánamo», agregó.
