Bernard Kayumba, el alcalde del occidental distrito ruandés de Karongi, recuerda los tiempos del genocidio que sufrió este país africano en 1994, cuando murieron casi un millón de personas en solo 100 días.No hay cifras definitivas sobre la cantidad de muertos, pero se estima que unos 800.000 tutsis y hutus moderados perdieron la vida en la masacre desatada luego de que el avión donde viajaba el entonces presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, y su par de Burundí, Cyprien Ntaruamira, fuera derribado el 6 de abril de 1994 cuando volaba sobre Kigali.
La mayoría de las víctimas fueron tutsis y los responsables, hutus.
Pero según el informe de Human Rights Watch «Leave none to tell the story: Genocide in Rwanda» («Qué nadie cuente la historia: Genocidio en Ruanda»), de 1999: «Muchos tutsis que están vivos sobrevivieron gracias a la acción de hutus, ya sea por el valor de un extraño o por la entrega de alimentos y protección durante varias semanas de amigos o familiares».
Karongi, conocido antes como la prefectura de Kibuye, fue escenario de dos masacres en 1994 que dejaron a miles de personas muertas en pocos días.
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Muchos se refugiaron en las iglesias y escuelas de esa localidad. Pero otros 30.000 tutsis se escondieron en las montañas de Bisesero, a unos 40 kilómetros de Karongi, con la esperanza de escapar de la violencia.
Kayumba fue uno de ellos. Tenía 19 años, pero no ha olvidado las masacres ni sus consecuencias.
«Sé lo que es faltar a la escuela y tener hambre. Cuando destino fondos para ayudar a los más vulnerables de mi distrito (en tanto alcalde), soy lo más imparcial», dijo Kayumba en entrevista con IPS con motivo del recordatorio del genocidio que comenzó el domingo y terminará este sábado 13.
Kayumba dice que es alcalde de Karongi gracias a la ayuda del Fondo Nacional de Asistencia a los Sobrevivientes del Genocidio (FARG, por sus siglas en francés) que le pagó sus estudios.
El fondo fue creado por el gobierno en 1998 para ayudar a los casi 300.000 sobrevivientes del genocidio y recibe seis por ciento del presupuesto nacional anual.
«Estoy agradecido porque el FARG me hizo lo que soy hoy en día. El fondo me pagó la universidad. Sin eso, no sé qué hubiera sido de mí», remarcó.
Desde su creación, el FARG gastó 127 millones de dólares, la mayoría en la matrícula de 68.367 estudiantes de secundaria y más de 13.000 de instituciones terciarias.
El gobierno ruandés dispuso la gratuidad de la enseñanza primaria y secundaria en 2010. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, alrededor de 60 por ciento de la población vive con menos de 1,25 dólares al día.
El fondo también ayuda a los sobrevivientes con atención médica y les ayuda a conseguir vivienda y asistencia social. Pero no por ello quedó exento de controversia por denuncias de mala gestión.
En 2011, el diario local New Times informó que el FARG descartó a unos 19.000 beneficiarios, 30 por ciento del total en ese momento, porque no cumplían con los requisitos. fue cuestionado además por la calidad de los proyectos de vivienda.
El Auditor General de Ruanda declaró en 2011 que las viviendas no valían el dinero gastado por FARG en su construcción. La auditoría, realizada entre 2006 y 2007, dice: «Una cantidad significativa de sobrevivientes y de otras personas necesitadas identificadas como beneficiarias seguirán requiriendo de un refugio, pues algunas de ellas, de hecho, no se resultaron beneficiadas».
Sin embargo, las autoridades del fondo consultadas por IPS dijeron que de los 300.000 sobrevivientes, todos salvo 500 familias, recibieron nuevas casas, y que estas la recibirán en diciembre de este año.
También señalaron que de las 40.000 viviendas construidas, 15.000 fueron con dinero de FARG. El resto fue construido con recursos de colaboradores del gobierno como organizaciones no gubernamentales, embajadas e iglesias.
«Algunas casas fueron construidas de apuro en 1995 por personas bien intencionadas por la urgencia de proveer alojamiento y por eso no se prestó demasiada atención en la empresa constructora», dijo a IPS el director general de FARG, Theophile Ruberangeyo.
Jean Pierre Dusingizemungu, presidente de Ibuka («recuerda» en kinyarwanda), una organización de sobrevivientes del genocidio, dijo a IPS que mucha gente mejoraba con valor y determinación.
«Los sobrevivientes aprendieron que odio y discriminación llevan a la muerte. Entonces eligieron una forma mejor de construir una comunidad unida para un futuro mejor», apuntó.
Pero no es el caso de todos. Muchos siguen sufriendo el trauma, el odio y el miedo por lo ocurrido.
Josée Munyagishari, de 51 años y originaria de Murambi, en el oeste de Ruanda, fue herida con una lanza en la parte baja del cuello que la dejó paralizada. También tuvieron que amputarle la pierna derecha, que se le infectó tras ser agredida a machetazos.
«Recibí tratamiento, tengo una casa y mi hijo estudia gratis, pero nada de eso me devolverá la pierna ni logrará que me sostenga de pie», dijo Munyagishari a IPS.
«La gente que me atacó fue liberada de prisión y, desde entonces, tengo pesadillas. Sueño que vienen a matarme», relató señalando una casa a unos 100 metros de la suya, donde, según ella, viven sus agresores.
