Líderes de comunidades salvadoreñas se oponen a los planes del gobierno de desarrollar, con fondos de ayuda estadounidenses, la franja sobre el océano Pacífico, pues entienden que conllevan una amenaza para el ambiente de una vasta zona.
«Los recursos naturales que hemos protegido por tanto tiempo se verán seriamente afectados» si las inversiones turísticas llegan a estas zonas del litoral, como pretende el gobierno en el marco del programa estadounidense Fondo del Milenio» (Fomilenio), dijo a IPS el activista Amílcar Cruz García, secretario de la Asociación Mangle, afincada en el Bajo Lempa, en el sur del sudoriental departamento de Usulután.
La Corporación del Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), la agencia del gobierno estadounidense que impulsa el Fomilenio, eligió en diciembre de 2011 a El Salvador para otorgarle un segundo paquete de ayuda no reembolsable, por 277 millones de dólares, con el fin de desarrollar la franja costera. La aprobación final podría estar lista a fines de este año.
El Fomilenio I para este país fue puesto en marcha entre 2007 y 2012, con una inyección de 460 millones, invertidos en la zona norte.
La MCC fue creada en 2004 por el Congreso legislativo de Estados Unidos para ayudar a que países pobres superen la pobreza. Desde entonces ha destinado 8.400 millones de dólares en asistencia en todo el mundo, según su portal de Internet.
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«Estamos de acuerdo con las cosas buenas que traería el Fomilenio, como escuelas, carreteras, clínicas médicas, pero nos preocupa la inversión turística privada», añadió Cruz García.
La Asociación Mangle y otras entidades no gubernamentales han trabajado en la zona del Bajo Lempa desde que esas tierras del sur de Usulután fueron otorgadas a exsoldados y exguerrilleros que dejaban las armas en 1992, al concluir la guerra civil de 12 años.
Esos terrenos lindan con la reserva natural Bahía de Jiquilisco, donde esas organizaciones han desarrollado importantes proyectos ambientales y sociales.
Esta bahía y el estero de Jaltepeque son el corredor ecológico más importante del país, con una extensión de 112.454 hectáreas.
Por su fragilidad y por ser área de anidación de especies en peligro de extinción, la bahía fue declarada en octubre de 2005 sitio protegido por la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convenio de Ramsar), y la misma protección recibió el estero en febrero de 2011.
Autoridades ambientales salvadoreñas precisaron que 50 por ciento de las únicas 300 tortugas carey existentes en la costa del Pacífico que se extiende de México a Perú anidan en los 37 kilómetros de playa de la Bahía de Jiquilisco, que fue declarada en 2007 reserva de biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Sin embargo, la declaración de protección permite en ese lugar la pesca y la extracción de productos de mar, así como la construcción de infraestructura que sea congruente con la zonificación y objetivos del área, explicó Álvaro Moisés Calderón, director ejecutivo de la fundación ecológica Salvanatura.
Ese puede ser el resquicio legal por el que penetren inversiones turísticas.
En este Fomilenio II, el gobierno izquierdista de Mauricio Funes apuesta a elevar la educación y capacitación de los jóvenes de la zona para que se inserten en los empleos que generarían los inversionistas privados que lleguen, mientras se construye infraestructura básica, como calles, agua potable y electricidad.
Pero esto «lo estamos viendo francamente como una amenaza», advirtió Mauricio Cruz, presidente de la cooperativa acuícola Sara y Ana, localizada en la comunidad Salinas del Potrero, en el municipio de Jiquilisco.
Este líder comunitario dijo a IPS que los socios de las siete cooperativas del lugar temen que los proyectos turísticos provoquen una contaminación que alcance al estero, cuyas aguas llenan los estanques donde ellos crían camarones.
«Nosotros somos gente bien organizada y no vamos a permitir que un hotel enorme se levante a la par de nuestros estanques», agregó.
El gobierno ha recibido hasta ahora 62 proyectos de inversión por un monto total de 450 millones de dólares, que están pendientes de que los apruebe la MCC.
Entre los consorcios interesados está la Asociación de Desarrolladores y Promotores Turístico-Marinos (Promar). Sus proyectos suman 208 millones de dólares, que incluyen hoteles de alta categoría y hasta un aeropuerto regional en el cercano departamento de La Unión, entre otros.
El presidente de Promar, Marco Guirola, comentó a IPS que es comprensible que haya desconfianza de la gente en las comunidades costeras, porque históricamente se les ha marginado.
Pero esa visión de hacer negocios violentando el ambiente y a los habitantes del lugar «ya no es sostenible, ni siquiera posible, por más que alguien quisiera, pues el nivel de organización en la zona es suficiente como para generar las presiones necesarias», admitió Guirola.
Además, sostuvo, es posible conciliar una inversión turística fuerte aun en áreas tan frágiles como una reserva natural.
«Ya dejemos de oponernos por deporte», criticó.
Por su parte, el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte, aseguró a IPS que no va a impulsar ningún proyecto turístico que no cumpla con los requerimientos ambientales mínimos.
Pero alguien más debería auditar esas inversiones, sostuvieron expertos. Moisés Calderón lamentó que ni el gobierno ni la MCC hayan establecido expresamente que los proyectos fueran certificados por instituciones externas.
Esas certificaciones, explicó Moisés Calderón, son mucho más amplias que los estudios de impacto ambiental requeridos por la ley salvadoreña, y permitirían evaluar el proyecto en su conjunto, ambiental y socialmente, bajo estándares internacionales.
«El Fomilenio debería ser una oportunidad para que El Salvador, uno de los países más vulnerables de la región a los eventos meteorológicos extremos, se adapte a los impactos que ya está causando el cambio climático», comentó el activista.
El Bajo Lempa sufre en particular esos efectos, con inundaciones durante la época lluviosa que cuestan muchas vidas y cuantiosas pérdidas de cosechas e infraestructura.
«La única garantía de que las inversiones se ejecuten cuidando el ambiente y respetando el tejido social de la zona no es el gobierno ni los empresarios, sino la organización de la gente», dijo a IPS el experto Emilio Espín, gerente de relaciones y gestión de la no gubernamental Asociación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal, con una presencia de 25 años en el área.
