«No podemos más con el atropello», dice cargado de tristeza Carmelo Tayo, el corregidor de esta pequeña comunidad de indígenas tsimanes, asentada hace décadas en una tierra de la Amazonia boliviana que ahora ganaderos pretenden apropiarse.El pueblo tsimane, también conocido como chimán y uno de los pocos grupos originarios cuya población crece en Bolivia, se movió tradicionalmente por el norteño departamento de Beni, aunque paulatinamente se ha asentado en comunidades como El Jatatal, en el límite de los municipios de San Borja y Rurrenabaque.
Allí vivían en forma tan tranquila como precaria una quincena de familias, distantes de la siguiente comunidad 15 kilómetros, hasta que ganaderos que se expanden en la zona con el apoyo de las autoridades de San Borja, según Tayo, pasaron a invadir su territorio.
A algunos les ofrecieron un poco de dinero por su vivienda, hecha como todas de materiales del lugar, y donde en promedio viven unas cinco personas, y por cada una de las florecientes plantas de banano que rodean cada casita. Ante la negativa de todos, comenzaron las agresiones.
Durante una de las tres visitas que IPS ha hecho a El Jatatal desde octubre, Tito Romero, uno de los comunarios (campesinos de tierras colectivas), contó que en una ocasión unos 40 ganaderos lo rodearon cuando volvía solo de uno de sus sembrados, y le advirtieron que por su bien debía irse del lugar.
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También le dijeron que contaban con el aval del alcalde de San Borja, Jorge Añez, por lo que nada podrían hacer los habitantes de El Jatatal para que el grupo ganadero, comandado por Darío Ramírez, ocupase las tierras y las alambrasen.
La amenaza no se quedó en palabras. Poco después, Fermín Carmelo Coata Mayto se encontró con que el camino entre sus cultivos y su casa había quedado alambrado. Ahora se ve obligado a dar un gran rodeo para transitar, amenazado, entre su vivienda y sus sembrados, pese a que ha vivido y producido allí desde su niñez.
Tayo, el líder tradicional comunitario, explicó que los cercados de terrenos prosiguen, así como el acoso a varios comunarios. «Han alejado al compañero Mayto de su vivienda y los supuestos ganaderos lo amenazan verbalmente cuando intenta acercarse», dijo.
El corregidor, quien tiene entre sus funciones la de mediar en los conflictos dentro de la comunidad y con las autoridades oficiales, contó que su única esperanza es que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) tome cartas en el asunto.
Pero el director general de Administración de Tierras del INRA, Víctor Espinal, no ha atendido aún su demanda de darles posesión legal comunitaria del lugar en que están asentados desde hace 60 años, lo que permitiría a las familias de El Jatatal defender sus derechos.
El INRA sí realizó a fines de febrero un censo en El Jatatal y otras comunidades del área, destinado a establecer las tierras públicas existentes y los eventuales derechos indígenas y campesinos sobre ellas, ya que de acuerdo con una ley de Reconducción Comunitaria, ese tipo de terrenos solo pueden dotarse a esos dos grupos y a los afrobolivianos.
Carlos Espinoza, especialista en pueblos indígenas de las tierras bajas, explicó a IPS que los tsimanes tuvieron siempre su centro ancestral en torno al río Maniqui y la parte noreste del río Tipnis, ambos de la cuenca amazónica. Pero mantuvieron su nomadismo en el extenso territorio, con comunidades alternativamente pobladas y despobladas.
Eso facilitó la ocupación por colonos llegados de otras áreas, que se expanden y crean nuevas actividades. Así pasa en San Borja, donde ahora predominan la crianza de ganado vacuno y los cultivos de arroz y maíz.
La preservación de las formas de vida de los pueblos originarios y de sus derechos sobre la tierra se facilita cuando sus comunidades están dentro de espacios naturales protegidos, regulados como Tierra Comunitaria de Origen (TCO), como sucede con la también reserva de biosfera de Pilón Lajas, o el Parque Nacional Madidi.
Pero El Jatatal no está dentro de un TCO u otra área protegida, por lo que sus familias se ven inmersas en la expansión de las fronteras agrícolas y ganaderas, «porque no tienen un derecho sobre los nuevos propietarios o nuevos asentamientos que se dan en esos lugares», explicó Espinosa.
Sobre este caso específico, aventuró que quizás el INRA tenga problemas técnicos para determinar la cadena de derechos sobre las tierras de El Jatatal, o «quizás se esté dando algún tipo de artimañas» para apropiarse el lugar.
Sobre eso último no tienen dudas Tayo y los demás miembros de la comunidad. Ni siquiera piensan que el grupo de Ramírez sea realmente de ganaderos, pues otras tierras que ya lograron apropiarse, como unas trabajadas por una comunidad religiosa menonita cercana, las han parcelado y ofrecido en venta a terceros.
Añez, alcalde de San Borja a quien en El Jatatal culpan de apoyar el atropello, se excusó de hablar con IPS por sus muchas ocupaciones.
Mientras, las 15 familias piden apoyo para volver a su vida de siempre, con los varones yendo a cazar, pescar o recolectar frutos silvestres o dedicados a cultivar sus pequeños y rotatorios sembrados, ayudados por sus hijos de acuerdo a su edad.
Carecen de escuela cercana o de servicios como agua o alcantarillado, la salud la atienden con el chamán (curandero), y las mujeres colaboran en el sostén familiar con diferentes tareas y la elaboración de miel y artesanías con la jatata, una palma propia del lugar.
Pero están orgullosos de ser tsimanes, un pueblo en crecimiento y con unos 8.600 miembros, de su lengua chimán, que hablan y escriben, y de poder seguir llamándose entre ellos chatdye (pariente).
Tayo, padre de nueve varones y cuatro mujeres y ya bisabuelo, dice entre el asentimiento general: «solo queremos que se nos deje vivir en paz, que se nos dé y no se nos quite y que, sobre todo, se reconozca que esto es nuestro, que aquí nacimos la mayoría y aquí queremos morir».
