Los esfuerzos de Estados Unidos por reconstruir Iraq, país al que invadió hace casi una década, se han quedado muy cortos.
Así lo señala el informe final del inspector general especial para la Reconstrucción de Iraq, Stuart Bowen.
El inspector general ya había calculado que entre 6.000 millones y 8.000 millones de los más de 60.000 millones de dólares aportados por los contribuyentes estadounidenses para los planes de estabilización y reconstrucción de Iraq fueron malgastados por incompetencia o fraude.
Pero en su informe final, titulado "Learning from Iraq" (Aprendiendo de Iraq), indicó que al menos otros 8.000 millones de dólares del propio dinero iraquí, que era administrado por la Autoridad Provisional de la Coalición (APC), establecida tras la invasión en 2003 y liderada por Estados Unidos, fueron también derrochados.
La investigación concluye que "el gobierno de Estados Unidos no está hoy mucho más preparado para la próxima operación de estabilización de lo que estaba en 2003", y llama a la creación de una Oficina para Operaciones de Contingencia que se encargue de planificar y preparar mejor futuras tareas de reconstrucción.
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Cientos de proyectos no alcanzaron todo su potencial, y en algunos casos quedaron inconclusos, dejando "un legado de amarga insatisfacción entre muchos iraquíes", indica el estudio de 184 páginas, divulgado este miércoles 6.
"Usted puede ir a cualquier ciudad de Iraq y no encontrará un solo edificio o construcción" financiada por Washington, dijo el ministro del Interior interino de Iraq, Adnan al-Asadi, según cita en el informe. "Puede volar en un helicóptero sobre Bagdad u otras ciudades, pero no podrá señalar un solo proyecto que haya sido construido y completado por Estados Unidos", añadió.
Basándose en cientos de auditorías, inspecciones, investigaciones y entrevistas a casi 50 altos funcionarios iraquíes y estadounidenses, así como a legisladores responsables de varios aspectos de la reconstrucción, el informe realiza una serie de recomendaciones.
Los esfuerzos de reconstrucción solo deben comenzar una vez que se haya garantizado la seguridad en el país, y con pequeños proyectos y programas, sugiere.
Además, se deben establecer sistemas uniformes de contratación y de administración de la información, así como una estricta supervisión desde el comienzo.
El informe sostiene que la administración del expresidente George W. Bush (2001-2009) estaba particularmente mal preparada para los particulares desafíos de estabilización y reconstrucción que afrontaba tras la invasión.
"La idea predominante entre los planificadores del Departamento de Defensa era liberar e irse", basándose en lo que consideraban un exitoso precedente en Afganistán, donde Estados Unidos, aliado con fuerzas locales, desalojó al movimiento islamista Talibán en 2001 y lanzó un muy modesto programa de ayuda.
Pero, frente al colapso del Estado y el rápido aumento de la insurgencia, la administración de Bush y la APC se vieron obligados a canalizar miles de millones de dólares, principal aunque no exclusivamente, a través de los militares para una plétora de programas ad hoc.
"La naturaleza improvisada del programa de reconstrucción de Iraq, la constante rotación de personal y sus cambiantes regímenes de administración obligaron a Estados Unidos a cambiar constantemente la velocidad y el curso de su estrategia, derrochando recursos en el camino y exponiendo dólares de los contribuyentes a fraudes y abusos", indica el informe.
El mayor proyecto en el sector de la salud, por ejemplo, fue el Hospital Infantil de Basora. En él se interesó especialmente la esposa del entonces mandatario estadounidense, Laura Bush.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) le adjudicó un contrato a la empresa Bechtel en 2004 por 50 millones de dólares para la construcción del sanatorio.
El hospital fue equipado con 94 camas y sistemas avanzados para oncología pediátrica. Las obras de construcción terminaron en 2010, a un costo final de 165 millones de dólares. El centro comenzó a brindar tratamientos en forma limitada.
Pero hasta el año pasado seguía esperando equipamiento fundamental y capacitación para su personal, según el informe. El primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, le dijo al inspector general que algunas obras del hospital seguían inconclusas.
En otro caso, la APC le otorgó a la compañía Parsons Delaware un contrato por 80 millones de dólares para construir la prisión de Khan Bani Saad, en la provincia de Diyala, que añadiría 3.600 plazas a un centro penitenciario ya existente en el lugar.
Tres meses después de la fecha prevista para la conclusión de las obras, en 2006, la firma pidió otros dos años y medio para concluir el proyecto.
Washington rechazó el pedido y rescindió el contrato, arguyendo, entre otras razones, "enormes sobrecostos", y procedió a firmar nuevos contratos para concluir las obras.
Pero estas fueron suspendidas en 2007, cuando el proyecto fue transferido al Ministerio de Justicia de Iraq a pesar de que esa cartera había dejado en claro que no tenía planes de ocuparse del nuevo edificio.
