Las tensiones políticas entre los principales rivales de la coalición gobernante de Zimbabwe y las duras medidas contra la sociedad civil dejan varias dudas sobre un futuro democrático, cuando la ciudadanía acaba de decirle sí a un nuevo texto constitucional. Más de tres millones de personas votaron el sábado 16 a favor de la nueva Constitución, un ejercicio electoral que prepara el camino para los comicios de fines de este año, mientras más de 179.000 lo rechazaron. Hubo 56.627 votos anulados o en blanco.
Pero el día del referendo, la conocida abogada de derechos humanos Beatrice Mtetewa fue detenida por presunta obstrucción de la justicia. La razón fue que, al parecer, le habría pedido a la policía que le mostrara una orden de registro, cuando allanaron el domicilio de un asesor del primer ministro Morgan Tsvangirai. También fueron registradas las oficinas de este último llevándose detenidas a otras cuatro personas.
"Las medidas drásticas del gobierno contra personas y organizaciones que apoyan la democracia muestran claramente que hay fuerzas que no están listas para el funcionamiento democrático que vendrá con la nueva Constitución", dijo a IPS el activista de derechos humanos Nixon Nyikadzino.
Nyikadzino trabaja en la Coalición Crisis en Zimbabwe, que reúne a 250 organizaciones civiles que trabajan para lograr un cambio democrático.
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La gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF), del presidente Robert Mugabe, y el Movimiento por un Cambio Democrático de Tsvangirai (MDC-T) suscribieron un Acuerdo Político Global para compartir el gobierno en 2008, cuando la violencia atentó contra el proceso electoral.
El régimen de Mugabe, quien está en el poder desde hace 33 años, fue acusado de corrupción, abuso de poder, intimidación política y violaciones de derechos humanos.
La nueva ley fundamental establece que el presidente puede permanecer en el cargo por dos periodos consecutivos de cinco años y estipula la neutralidad de las fuerzas de seguridad y su no interferencia en los procesos electorales.
Mtetwa y las otras personas imputadas están acusadas de hacerse pasar por oficiales de policía, posesión de artículos para uso criminal, violar la Ley de Secretos Oficiales y obstruir la justicia.
También los acusan de recopilar de forma ilegal expedientes de funcionarios del gobierno, entre ellos miembros del ZANU-PF, considerados corruptos.
El miércoles 20, el juzgado de instrucción de Harare les negó la libertad bajo fianza, pese a que dos días antes un dictamen de la Alta Corte de Zimbabwe ordenó la liberación de Mtetwa. La policía desoyó la orden, la mantuvo detenida y la presentó ante otra instancia judicial.
"No entendemos cómo un tribunal inferior anuló la orden de otro superior", dijo a IPS el portavoz de Abogados de Zimbabwe por los Derechos Humanos, Kumbirai Mafunda.
"La Alta Corte ordenó que fuera liberada, pero la policía no obedeció. Ahora un tribunal de instancia inferior vuelve a desafiar la orden. Cómo el tribunal llega a esa decisión todavía nos sorprende. La estamos estudiando", indicó.
"Es su estilo: dejarla detenida lo más posible porque saben que no tienen un caso", arguyó Nyikadzino. "Conozco casos en que la policía recurrió al artículo 121 del Código Penal, que le permite mantener a un sospechoso detenido por periodos prolongados antes de presentarlo a la justicia", explicó.
La organización Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, dijo en enero que el sistema judicial de Zimbabwe seguía "extremadamente favorable" a la gobernante ZANU-PF.
La tensión entre ZANU-PF y MDC-T muestra que la coalición gobernante no está lista para abrazar la democracia, añadió Nyikadzino.
Pero la policía insiste en que el procedimiento es legítimo.
"Las cuatro personas detenidas no son funcionarias. Deben serlo para ser considerados personal de la oficina del primer ministro. Ellas trabajan para una organización no gubernamental, el Instituto de la Alianza Democrática de Zimbabwe. No tienen derecho a hacerse pasar por personal de la oficina del primer ministro", dijo a IPS la comisaria adjunta y portavoz de la Policía Nacional, Charity Charamba.
HRW criticó al gobierno en un comunicado divulgado el martes 19, y mencionó varios "abusos con fines políticos contra activistas y organizaciones de la sociedad civil".
El portavoz de ZANU-PF, Rugare Gumbo, se rió del hecho y descartó las acusaciones respecto de medidas drásticas contra la sociedad civil.
"Sabemos que el sensacionalismo es un treta de Tsvangirai y sus allegados para que la SADC (Comunidad para el Desarrollo de África Austral) organice una cumbre antes de que tengamos elecciones generales", dijo a IPS.
"Dejemos que la policía y la justicia hagan su trabajo. Conocemos sus maquinaciones", añadió.
"La historia nos muestra que cuando está por haber un cambio, hay ciertos elementos dispuestos a desviarlos", alertó el primer ministro Tsvangirai el martes 19 en conferencia de prensa.
"En 2000 rechazamos el proyecto de ley fundamental y, unas semanas después, hubo confiscación de tierras y violencia generalizada. En 2008, cuando firmamos el Acuerdo Político Global, ¿cuánta gente fue detenida?", recordó.
Para que el presidente promulgue el nuevo proyecto constitucional antes habrá una instancia de debate parlamentario.
