La detención en Ghana y la posterior extradición de importantes allegados al expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo, renovaron las críticas al Poder Judicial marfileño por su actuación parcializada a favor de la parte vencedora en el cruento conflicto postelectoral de 2010 y 2011.
Más de 3.000 personas resultaron muertas cuando tras perder las elecciones de noviembre de 2010, Gbagbo se negó a entregar el gobierno al ganador, Alassane Ouattara, quien finalmente pudo asumir la Presidencia de este país de África occidental en abril siguiente
Fuerzas de ambos dirigentes políticos están acusadas de cometer graves delitos durante los enfrentamientos de esos dos años.
Hay pruebas de que partidarios de Gbagbo fueron identificados para ser ejecutados en zonas de Abiyán y en el oeste del país, pero ningún aliado de Ouattara ha sido sometido a una investigación creíble. Sin embargo, 55 seguidores del entonces presidente saliente fueron detenidos y condenados por delitos violentos.
Otros dos, el oficial de seguridad Jean-Noel Abéhi y el dirigente estudiantil Jean-Yves Dibopieu, fueron detenidos el martes 5 en Ghana, su vecino en la frontera oriental, sumándose a la lista de leales a Gbagbo bajo custodia de Costa de Marfil. Pero los cargos en su contra todavía no se conocen.
[related_articles]
Abéhi fue un alto oficial de la gendarmería del gobierno de Gbagbo, acusado ahora por un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de ayudar a orquestar los ataques del año pasado contra instalaciones militares marfileñas. Dibopieu fue dirigente de dos organizaciones juveniles implicadas en la violación de derechos humanos durante la violencia electoral.
"Queremos pedir a las autoridades marfileñas que sigan adelante y no solo apunten a los partidarios de Gbagbo", indicó Ali Ouattara, presidente de la Coalición Marfileña para la Corte Penal de Internacional (CPI).
"La justicia no puede avanzar a dos velocidades diferentes. Los seguidores de Ouattara también cometieron delitos. Es necesario que se emitan órdenes de detención contra ellos", dijo Ouattara a IPS.
"Estas detenciones son una advertencia para todos aquellos que cometan delitos en Costa de Marfil. Son una fuerte señal de la lucha contra la impunidad", añadió.
La Fiscalía Pública de Abiyán se negó a hacer declaraciones sobre el tema, con el argumento de que su titular, Simplice Kouadio, estaba muy ocupado.
La extradición de Abéhi y Dibopieu ocurrió después de que Charles Blé Goudé, presidente del ultranacionalista movimiento Jóvenes Patriotas, fuera detenido el 17 de enero en Tema, localidad costera de Ghana, y trasladado a Abiyán para ser procesado por crímenes de guerra.
Pero según Ouattara, Costa de Marfil no tiene capacidad para procesar crímenes de genocidio, de guerra o contra la humanidad, todos ellos delitos de la jurisdicción de la CPI. Además, las circunstancias en torno a la detención de Blé Goudé son de dudosa legalidad.
Desde que Blé Goudé fue traído a Abiyán, sus abogados se quejan de que han tenido un contacto limitado con él y de que no saben dónde está detenido, semejando su traslado a un "secuestro".
El Código Penal de Costa de Marfil garantiza el derecho del imputado a tener un abogado durante el proceso y los interrogatorios, aunque los abogados de Blé Goudé dijeron que no fueron notificados de su primera comparecencia ante un tribunal y temen que su defendido haya sido interrogado sin representación legal.
Tras su segunda comparecencia ante la justicia el 30 de enero, Hervé Gouaméné, uno de los abogados, dijo a IPS que el propio Blé Goudé no conocía donde lo tenían detenido. Lo único que sabía era que lo "tenían en una casa en algún lugar" y que no era un centro de detención.
Sus abogados sostienen que no hay ninguna ley que ampare esta situación, en tanto el ministro del Interior, Hamed Bakayoko, defendió las condiciones de su detención, alegando que eran necesarias para este caso.
René Legré Hokou, presidente de la Liga Marfileña para los Derechos Humanos, se mostró preocupado sobre los cargos de "crímenes de guerra" contra Blé Goudé, que calificó de cuestionables.
No hay estatuto para crímenes de guerra en el Código Penal de Costa de Marfil, aunque se menciona "crímenes contra la población civil", que puede ser lo que se aplique en el caso de Blé Goudé.
"No es, de hecho, un delito previsto por nuestra legislación", dijo Hokou a IPS. "Una situación de esta naturaleza, que plantea problemas sobre la legalidad del proceso, no puede tomarse a la ligera", añadió.
El abogado internacional de Blé Goudé, Nick Kaufman, informó en un comunicado, el 19 de enero, que había consultado a la fiscala de la CPI, la gambiana Fatou Bensouda, si ese tribunal había emitido una orden de arresto contra su defendido.
Según el comunicado, Bensouda se había negado a "confirmar o negar si había solicitado la entrega de Blé Goudé a La Haya o pensaba hacerlo". La ciudad holandesa es la sede la CPI.
El tribunal internacional ya había emitido órdenes de arresto contra Laurent y Simone Gbagbo. El gobierno de Ouattara permitió el traslado del exmandatario en noviembre de 2011, convirtiéndolo en el primer jefe de Estado en quedar bajo custodia de la CPI, pero no confirmó si haría lo mismo con su esposa o sería procesada en Costa de Marfil.
El ministro de Derechos Humanos y Libertades Públicas, Gnénéma Mamadou Coulibaly, había argüido que la justicia de Costa de Marfil había sido reformada tras el traslado de Gbagbo y que ahora era capaz de procesar los casos complejos de la violencia postelectoral.
"La justicia de acción unilateral para la violencia postelectoral de Costa de Marfil debe cambiar con rapidez, si el gobierno de Alassane Ouattara quiere romper el peligroso legado de la impunidad en este país", subrayó Corinne Dufka, investigadora para África occidental de Human Rights Watch.
