Ciudadanía gana la primera batalla contra los desalojos

Vecinos impiden a una comisión judicial ejecutar el desalojo de una familia en Málaga. Crédito: Inés Benítez/IPS
Vecinos impiden a una comisión judicial ejecutar el desalojo de una familia en Málaga. Crédito: Inés Benítez/IPS

El clamor social contra los desalojos de viviendas logró esta semana que el Parlamento de España admitiese una iniciativa popular contra las ejecuciones hipotecarias por cuotas impagas, que en los últimos siete días han causado cuatro suicidios.

"Los bancos me persiguen para que pague hasta el último céntimo" mientras ellos son rescatados con dinero público, denunció Benigno, un desempleado de 47 años que ocupa con sus tres hijos desde hace casi un año una de las 29 viviendas vacías de un edificio terminado y cerrado por quiebra de la promotora en la sureña ciudad de Málaga.

A Benigno embargaron dos viviendas. Llevaba tres años trabajando con un contrato indefinido en una empresa cuando decidió pedir un crédito para comprar una segunda casa, más grande, ofreciendo la primera como aval.

"Todo el mundo lo hacía (comprar inmuebles)", explicó a IPS. "Pero de la noche a la mañana me despidieron, he perdido todo y debo 102.000 euros (135.000 dólares) a pagar en 28 años", detalló.

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por el movimiento ciudadano Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) (http://www.afectadosporlahipoteca.com/) y respaldada por casi un millón y medio de firmas, reclama "la dación en pago" (saldo de la deuda a cambio de la entrega del inmueble) retroactiva, una moratoria de los desalojos y la creación de alquileres sociales con las viviendas vacías confiscadas por los bancos.
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"Somos el país de Europa que más desaloja y, al mismo tiempo, el que más millones de viviendas vacías acumula", alertó el 9 de este mes la portavoz de la PAH, Ada Colau, en una entrevista televisada. Entre 2007 y el tercer trimestre de 2012 se registraron 400.000 ejecuciones hipotecarias en España, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

"Me enteré de que había casas vacías y vine. No tuve otro remedio. No podía pagar el alquiler", contó Antonio, de 22 años, junto a su mujer Encarni, de 19, y su hija de dos. Lo poco que gana con la venta ambulante lo gasta en comida.

"Estoy sin luz y sin agua, pero al menos no tengo a mi niña en la calle", señaló a IPS este vecino de Benigno y de una veintena de familias que suplen la falta de electricidad con velas y generadores, y llenan recipientes con agua potable de surtidores cercanos.

La admisión a trámite de la ILP, que ante la presión social fue aceptada "in extremis" por el gobernante y derechista Partido Popular (PP) con mayoría parlamentaria, "es un primer paso", dijo Antonio Alarcón, activista del núcleo malagueño de la PAH, plataforma que en cuatro años ha frenado más de 500 desalojos, negocia daciones en pago y realoja a familias en régimen asequible de alquiler.

Está por verse si las medidas propuestas en la ILP se incorporan sin cambios a un proyecto de ley sobre el mismo tema que ya tramita el Parlamento.

En el caso de que los bancos apliquen por ley la dación en pago retroactiva, muchas personas que han perdido sus casas evitarían hacer frente a una deuda de por vida. "Me quitarán una trampa de 28 años", afirmó Benigno.

Hay voces del poder económico que se oponen a la dación en pago con el argumento de que encarecerá los créditos y perjudicará el sistema financiero, "pero lo cierto es que hoy no hay crédito para nadie y el sistema financiero ya está quebrado", subrayó a IPS la abogada de la PAH malagueña Sara Vásquez.

Para Vásquez, la admisión del proyecto de la ILP "fue un pulso muy grande" y supone "un antes y un después en este país", pues demuestra que "la única salida es la presión" de una ciudadanía que cada vez se siente menos representada por las instituciones, incrédula ante los casos de corrupción que sacuden al PP y a miembros de la monarquía.

"Ellos reciben sobres con dinero y nosotros sobres con facturas", criticó Azahara, otra vecina del edificio ocupado, en alusión a los supuestos pagos ilegales a miembros del PP, según lo publicado por el diario El País.

En los últimos cuatro meses se han producido siete suicidios de personas que iban a ser desalojadas, cuatro de ellos en los últimos siete días. El miércoles 13 la comisión judicial que iba a ejecutar el desalojo de un hombre, le encontró ahorcado en su vivienda de la suroriental ciudad de Alicante.

El desempleo afecta a 26,2 por ciento de la población activa en España, mientras hay recortes drásticos en sectores básicos como sanidad y educación.

"No se está rescatando a las personas y sí a los bancos", dijo Alarcón, aludiendo al dinero público destinado a sanear las entidades financieras y a la creación del llamado "banco malo", una gestora de créditos inmobiliarios impagados o de casas sin vender que los bancos se quedaron cuando quebraron las empresas constructoras a las que habían prestado dinero.

Durante el boom inmobiliario "en este país todo te empujaba a comprar una vivienda y no al alquiler (…) y los mismos bancos redactaban el contrato hipotecario", recordó Colau durante la entrevista.

La PAH ha convocado manifestaciones para este sábado 16 "por el derecho a la vivienda y contra el genocidio financiero".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en noviembre de 2012 el sistema de ejecución hipotecaria español incompatible con la legislación del bloque.

En un dictamen preliminar, que servirá de base para una sentencia, concedió a los jueces nacionales la posibilidad de suspender el embargo hasta revisar si las cláusulas del contrato de crédito son o no abusivas.

Los afectados llegan a la PAH con un "desconocimiento absoluto" sobre su situación: no saben cómo negociar con el banco o en qué les puede ayudar su abogado, advirtió Alarcón, quien criticó la falta de formación de los letrados que se encargan de defender los intereses de los afectados.

"Ninguno de los que hoy vivimos aquí estamos porque queremos", subrayó Benigno. Con la ayuda de la PAH, quieren negociar con el propietario y seguir en el edificio a cambio de su mantenimiento, para el que cada uno ya aporta 20 euros mensuales, según consta en una lista pegada en un ascensor que nunca llegó a funcionar.

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