Los indígenas keniatas de la comunidad ogiek, cazadores-recolectores que hace tres años fueron desalojados del bosque de Mau, ya no se cruzan de brazos ante las empresas que lucran talando los recursos de su hogar tradicional mientras ellos viven en la miseria.
La tribu reside en tiendas de campaña ubicadas en torno al bosque, donde carece de los servicios más básicos, entre ellos saneamiento.
"La comunidad vive y depende del bosque de Mau desde tiempos inmemoriales", dijo a IPS el coordinador nacional del Consejo de Bienestar Ogiek, Joseph Towett.
"Solo hemos participado en los esfuerzos de conservación plantando árboles, y no nos beneficiamos del dinero acumulado a partir de este bosque", planteó.
"Pero no vemos que el gobierno se mueva para iniciar proyectos de desarrollo en Mariashoni, Neiswet y Tinet, donde ahora viven los ogiek", agregó. Desde hace tres años, unos 20.000 indígenas de esa comunidad residen en esas tres áreas, ubicadas en las afueras del bosque.
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Actualmente hay 100 aserradores con licencia para talar 50.000 hectáreas de árboles maduros, tanto exóticos como autóctonos, en la reserva forestal. Con 400.000 hectáreas, esta es la más grande del país.
Los aserradores tienen permisos para talar los árboles maduros antes de que se deterioren, y cada mes generan unos 11.000 dólares de ganancia para el gobierno.
La comunidad ogiek fue desalojada del bosque en 2009, después de que el gobierno ordenó frenar la deforestación masiva que tenía lugar allí. Las autoridades prometieron hallar tierras alternativas para ellos. Pero en 2011, el ministro de Tierras, James Orengo, admitió que se habían cometido errores en el proceso de desalojo.
Los indígenas tienen que viajar a otras aldeas para acceder a servicios de salud y a escuelas. Y como deben trasladarse a pie, les lleva entre cuatro y seis horas llegar al centro de salud más cercano, mientras que niñas y niños pasan entre dos y cuatro horas diarias yendo a y volviendo del colegio.
Towett dijo que los ogiek quieren que el Servicio Forestal de Kenia, la agencia gubernamental que protege los bosques, les dé permiso para cosechar una plantación de cuatro hectáreas de 8.000 cipreses maduros.
También señaló que planeaban hacer un acuerdo con una empresa taladora privada que les compraría los árboles a ellos. Se espera que la venta de todos los árboles genere unos 350.000 dólares.
"Este dinero se destinará a la construcción de carreteras, escuelas y centros de salud. Sabemos que no es suficiente, pero se lo usará para los proyectos más cruciales, para prevenir las muertes de mujeres, niñas y niños enfermos que antes ocurrían debido a la falta de servicios", dijo.
Según el Servicio Forestal de Kenia, hay hasta 100 aserradores con licencia, entre ellos tres importantes empresas madereras, que cosechan árboles en el bosque de Mau. Los taladores también tienen que pagarle al gobierno, a través del Servicio Forestal, una suma adicional de entre 17 y 60 dólares por árbol talado.
"Los taladores tienen licencia y operan en alrededor de 50.000 hectáreas de la plantación", dijo a IPS el director de Mau Forest Conservancy, Cosmas Ikiugu.
También cosechan árboles originarios maduros, señaló, facturando unos 11.000 dólares mensuales. "Las ganancias son buenas, pero no tan altas como sostienen algunos de los líderes ogiek", planteó.
El director del Servicio Forestal, David Mbugua, dijo a IPS que, según la Ley Forestal de 2005, un aserrador genuino debe cumplir varios requisitos. Entre ellos, poseer equipamiento para tala y máquinas procesadoras, así como probar que paga sus impuestos. Y estos, afirmó, son requisitos que los ogiek y otras comunidades no cumplen.
Mbugua planteó que, aunque no se puede extender licencias a la comunidad para cosechar árboles, puede funcionar que el Servicio Forestal halle una manera de que se beneficie del bosque.
"La comunidad ogiek tiene un problema genuino, y yo soy consciente de sus preocupaciones, porque hemos discutido estos temas con sus líderes. Ellos sienten que quedaron fuera del desarrollo y que tienen derecho a compartir las ganancias derivadas del bosque de Mau, lo que es constitucional. Sin embargo, permitirles ingresar al bosque a cortar árboles no es la manera. Si les permitimos que lo hagan, ¿qué hacemos con otras comunidades que viven cerca del bosque?", preguntó Mbugua.
Los ogiek deberían enviar propuestas de proyectos que les gustaría que implementara el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa del Servicio Forestal.
Pero Towett sostuvo que la corrupción era rampante en esa entidad. Dijo que, de los 100 aserradores autorizados, se asignan árboles a menos de 30, porque sobornan a funcionarios del Servicio Forestal.
El mismo regula qué taladores tienen permitido operar en el bosque de Mau, que se turnan mes a mes, y algunos reciben más turnos que otros.
Las tres empresas principales normalmente remiten al gobierno cinco millones de dólares, dijo Towett, y los demás aserradores un millón. "Pero buena parte de este dinero va a bolsillos de individuos", aseguró.
La comunidad ogiek cree que si no fuera por el mal manejo del dinero, habría suficientes recursos para iniciar proyectos de desarrollo para sus integrantes.
Ikiugu confirmó que los aserradores talan árboles por turnos, pero negó que algunos sean favorecidos por sobre otros.
Los ogiek también han pedido al gobierno asignar 320 kilómetros cuadrados de tierra cerca del bosque para asentarse de modo permanente.
"Como ocurre con cualquier otra comunidad, los ogiek tienen derecho sobre una porción de las ganancias generadas a partir del bosque. Ellos deberían reclamar su parte de las ganancias por medios legales, incluida una demanda al gobierno", dijo el abogado experto en ambiente Bernard Ngetich.
De todos modos, se declaró en contra de permitir que la comunidad viva en el bosque o junto a él.
