Un día después de rechazar una propuesta internacional de moratoria a la pena de muerte, India ejecutó al pakistaní Mohammad Ajmal Kasab por participar en 2008 de una acción terrorista en la occidental ciudad de Mumbai, que causó la muerte a 166 personas.
Kasab, quien fue ahorcado en la mañana del miércoles 21, era el único sobreviviente de un grupo de 10 hombres armados que llegaron al puerto de Mumbai en noviembre de 2008 desde la costera ciudad pakistaní de Karachi para perpetrar una misión terrorista.
Nueve de ellos murieron en combates con las fuerzas de seguridad indias, mientras que Kasab fue acorralado y desarmado.
Su fotografía recorrió el mundo entero y su caso se convirtió en una prueba para la postura de India frente a la pena capital.
La Suprema Corte de este país estableció en 1983 que la pena capital solo sería impuesta "en los casos más excepcionales". Kasab fue la primera persona en ser ejecutada desde 2004.
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En diálogo con periodistas el miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de India, Salman Khurshid, dijo que Kasab "sin duda era uno de los casos más excepcionales", y sostuvo que su ejecución fue "un sombrío deber que debía ser cumplido".
En India, los delitos castigados con la pena máxima son el asesinato y las actividades terroristas. Los ahorcamiento se realizan solo luego de que los tribunales más altos han escuchado las apelaciones y si el gobierno niega clemencia al condenado.
Luego de que la Corte Suprema decidió en 2010 mantener firme la sentencia de muerte contra Kasab, el caso llegó a las manos del presidente Pranab Mukherjee quien, luego de escuchar los consejos de su gabinete, como es costumbre, le negó la clemencia el 5 de este mes.
El martes 20, India se unió a otros 39 países que votaron en contra de una resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que llama a aplicar una moratoria no vinculante de las ejecuciones.
Nueva Delhi insistió en que cada país tiene derecho soberano a mantener su propio sistema legal.
El proyecto de resolución fue adoptado por el Tercer Comité de la ONU sobre asuntos sociales y humanitarios, con una abrumadora mayoría de 110 votos a favor, 36 abstenciones, ocho ausencias y los ya mencionados 39 votos en contra.
"Es lamentable que India haya votado contra la moratoria, ya que es un país capaz de promover ideas progresistas y liberales en foros internacionales", dijo a IPS la activista Maja Daruwala, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Commonwealth Human Rights Initiative, con sede en Nueva Delhi.
"India debería liderar el movimiento para la concreción de una sociedad global compasiva", afirmó.
Considerando que todavía se evalúan los pedidos de clemencia de condenados cuyos casos son más antiguos, la ejecución de Kasab parece haber sido decidida bastante rápido.
Según el Ministerio del Interior, hay 14 pedidos de clemencia pendientes, incluyendo el de Mohammad Afzal Guru, condenado por su participación en el ataque terrorista de diciembre de 2001 contra el Parlamento indio.
Su defensor, Colin Gonsalves, dijo que el relativamente rápido ahorcamiento de Kasab podría tener efecto en los casos pendientes.
"No debería haber ninguna sentencia a muerte, pero el caso de Kasab era uno extremo", dijo a IPS el abogado, fundador de la Red sobre Leyes de Derechos Humanos.
"El caso de Kasab representa un significativo revés en los esfuerzos para la completa abolición de la pena de muerte en India", señaló Anup Surendranath, de la National Law University de Nueva Delhi, en una columna de opinión publicada en el diario The Hindu el 17 de septiembre.
Gonsalves dijo no creer que India aceptara ninguna moratoria internacional de las ejecuciones.
Además, los activistas están preocupados por la aplicación arbitraria de la pena capital en este país, como reveló un análisis de casos entre 1950 y 2006 hecho por Amnistía Internacional, así como por los fallos errados.
En agosto, 14 exjueces pidieron la intervención del presidente indio para que conmutara las sentencias a muerte de 13 convictos, señalando que no estaban correctamente fundadas.
Los magistrados retirados recordaron que la propia Corte Suprema de Justicia había admitido que al menos siete de las sentencias no entraban dentro de la categoría de casos "más excepcionales".
"Las ejecuciones de personas injustamente sentenciadas a muerte socavarán severamente la credibilidad del sistema de justicia penal y la autoridad del Estado para realizar esos castigos en el futuro", alertaron.
