Las campañas locales y estaduales en Estados Unidos se volvieron una verdadera puja económica. Las grandes empresas transnacionales y diversos grupos de interés corporativo esperan incidir en el resultado de los comicios de este martes 6.
Desde California, pasando por Texas hasta Florida, empresas internacionales, grupos ideológicos y otros muy adinerados volcaron unos 1.600 millones de dólares a la compaña a través de los comités de acción política y grupos sin fines de lucro, según el National Institute on Money in State Politics (Instituto Nacional sobre el Dinero en la Política Estadual), una organización que analiza el gasto electoral.
Parte del dinero fue para la campaña de legisladores locales y otra para las de jueces y jefes de policía, entre otros.
Hay más de 6.000 candidatos y candidatas al Congreso legislativo, según el National Council of State Legislators (Consejo Nacional de Legisladores Estaduales), la mayoría dependiente de fondos privados.
Es difícil seguirle la pista de los fondos destinados a las campañas, pues los estados tienen sus propias leyes al respecto y el dinero circula entre los partidos, los comités de acción política, grupos sin fines de lucro y organizaciones estaduales y federales.
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"El dinero es acceso, y definitivamente influye en el resultado de las elecciones", dijo a IPS la experta en ética gubernamental Judy Nadler, de la Universidad de Santa Clara, en el occidental estado de California.
"Una gran suma de dinero no está declara ni regulada" en algunos estados apuntó.
El "gasto externo" aumentó 38 por ciento entre 2006 y 2010, según el National Institute on Money in State Politics, y el gasto de los candidatos aumentó 19 por ciento en igual periodo.
Grandes sumas de dinero con fines especiales fueron destinadas a referendos locales. Este año, 38 estados sometieron iniciativas de este tipo a votación, según el National Council of State Legislatures.
De costa a costa
En California, la puja de intereses económicos es muy fuerte con 570 millones de dólares invertidos en la campaña para las elecciones de este martes 6.
De esa suma, 421 millones de dólares fueron destinados a grupos a favor o en contra de referendos vinculados al tabaco y a los alimentos genéticamente modificados.
En las elecciones primarias de este año no prosperó por escaso margen una iniciativa para aumentar un dólar los impuestos a los cigarrillos en California.
Los grupos favorables gastaron 18,2 millones de dólares en la campaña, pero las compañías tabacaleras, entre ellas Philip Morris y Reynolds, destinaron 46 millones de dólares en publicidad para defender su posición.
La propuesta de etiquetar alimentos genéticamente modificados enfrentó a consumidores, productores y comerciantes, con 8,2 millones de dólares, contra grandes corporaciones agrícolas y supermercados, con 48,7 millones de dólares.
El gigante de la biotecnología, Monsanto, destinó 7,1 millones de dólares en la campaña contra la iniciativa, seguida del consorcio Dupont, con 4,9 millones de dólares, y Pepsico, con 2,1 millones, entre otras.
En Texas, donde las contribuciones a los candidatos superaron los 113 millones de dólares, algunas personas y empresas se destacan por la excesiva generosidad de su aporte al proceso electoral.
Uno de ellos es Bob Perry, un magnate del sector inmobiliario de Houston que financió al candidato del Partido Republicano, Mitt Romney, otorgando más de 10,7 millones de dólares al comité de acción política Restore Our Future (recupera nuestro futuro), según el independiente Centre for Responsive Politics (Centro para una Política Responsable), con sede en Washington.
Este año, Perry superó su marca de 2,4 millones de dólares en Texas.
Más de 72,5 millones de dólares fueron invertidos en las campañas electorales de este año en el sudoriental estado de Florida, donde se destacan los grupos de interés empresariales.
La compañía de servicios Progress Energy fue la que más aportó al sumar 709.000 dólares para los candidatos, 90 por ciento de los cuales eran republicanos.
Otros importantes contribuyentes son la compañía de seguros de salud privada Blue Cross Blue Shield, que entregó 648.000 dólares, y Walt Dinsey Company, que donó 497.000 dólares.
El conservador Sheldon Adelson, el magnate dueño de un casino en la ciudad de Las Vegas, también se metió en la política de Florida con 250.000 dólares para el Partido Republicano de ese estado.
"No deberíamos tener corporaciones financiando las elecciones. No son personas, no votan y no deberían participar para decidir sobre nuestro gobierno", protestó Craig Homan, de Public Citizen, una organización de defensa del consumidor con sede en Washington.
La influencia de los comités
Los comités de acción política y grupos sin fines de lucro inciden en la campaña de Florida, así como en la de otros estados.
Tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de Florida podrían perder su puesto porque algunos grupos conservadores se molestaron con el apoyo que los magistrados dieron a la reforma de la salud lanzada en 2010 por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Según una investigación realizada por el Centre for Public Integrity (Centro para la Integridad Pública), los ataques contra los jueces proceden principalmente de dos organizaciones políticas ultraconservadoras con muchos recursos económicos, Restore Justice 2012 (Restablecer la Justicia) y Americans for Prosperity (Estadounidenses por la Prosperidad), financiadas por los millonarios hermanos Koch.
A favor de los magistrados está la organización Defend Justice from Politics (Defendiendo a la justicia de la política).
No está claro cuánto dinero se gastó en la campaña por la reelección de los jueces debido a las oscuras normas sobre rendición de cuentas.
En muchos estados, incluido Nueva York, la ciudadanía se moviliza para sacar el dinero de la política. Otros, como Arizona, Connecticut y Maine, restringieron las normas sobre la contribución a las campañas electorales, en gran parte a instancias de iniciativas ciudadanas.
Una amplia ley de reforma al respecto fue aprobada por la ciudadanía en Massachusetts en 1998, pero rechazada por los legisladores.
Algunos candidatos se niegan a recibir fondos corporativos e, incluso, uno que aspira a un asiento en la Cámara de Representantes de Massachusetts directamente se negó a recibir fondos. Se trata de Mike Connolly, también conocido como No Cash Mike (Mike sin efectivo), quien dijo a IPS que "el dinero en el sistema político interfiere con el progreso real".
"Noventa y cuatro por ciento del tiempo, el candidato que reúne más dinero gana. Cuando unas pocas personas son capaces de tener un impacto profundo en una elección y en la dirección de un gobierno, es realmente un atentado contra la esencia de la democracia", arguyó.
