Cuando el presidente de Filipinas, Benigno Aquino III, dio en julio su discurso anual sobre el estado de la nación, exhortó a los legisladores de ese país predominantemente católico a sacar de su estancamiento un avanzado proyecto de ley sobre control de natalidad.
Unas 15 mujeres filipinas mueren cada día por complicaciones relacionadas con el embarazo (hace una década, la cifra era de 11), muchas de las cuales son adolescentes de los sectores más pobres, según datos oficiales.
En la década que transcurrió desde que se presentó originalmente el proyecto de ley, los embarazos no deseados aumentaron 54 por ciento, según el "Estudio de salud familiar 2011", realizado por el gobierno.
El proyecto busca atender esta problemática ofreciendo opciones anticonceptivas, servicios de salud reproductiva y educación sexual en las escuelas.
Según el estudio gubernamental, la tasa de mortalidad materna alcanzó los 221 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos en el periodo 2006-2011, un incremento de 36 por ciento respecto del lapso 2000-2005.
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A comienzos de agosto, la bancada oficialista en el Congreso legislativo celebró cuando finalmente concluyó el debate que frenaba la Ley sobre Paternidad Responsable, Salud Reproductiva y Desarrollo Poblacional.
Pero ahora, mientras el texto es sometido a diversas enmiendas en el Senado y en la Cámara de Representantes, sus defensores resisten la presión de una minoría que intenta impedir que sea sancionado antes del 15 de octubre, cuando termina la actual legislatura.
"Las fuerzas opuestas al proyecto saben que, en este momento, quienes lo apoyan tienen mayoría, así que su estrategia es prolongar el proceso parlamentario", dijo a IPS el congresista Walden Bello, del Partido Acción de los Ciudadanos.
"Cuando lleguemos a mediados de octubre, será muy difícil lograr quórum para legislar, ya que la mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes estarán ocupados haciendo campaña para su reelección" en los comicios previstos para mayo de 2013, explicó.
Según Bello, otra estrategia de la minoría opositora al proyecto (unos 120 de los 285 legisladores en la cámara baja) es facilitar la influencia de la Iglesia Católica, a la que siguen más de 90 por ciento de los 94,8 millones de habitantes de ese archipiélago.
Unos 190 académicos de la Universidad de Manila, administrada por la Compañía de Jesús (jesuitas), fueron amenazados por las autoridades eclesiásticas con ser acusados de herejía si apoyaban el proyecto, según informó la prensa local.
"El principio más importante de la ley canónica es que no permitimos que se enseñe algo contrario a las enseñanzas oficiales de la Iglesia", dijo el obispo Leonardo Medroso a una radio local.
"Si alguien da instrucciones contrarias a las enseñanzas de la Iglesia, entonces debe ser investigado de inmediato", agregó.
La Iglesia Católica también apoyó manifestaciones callejeras contra el proyecto de ley. Una de las movilizaciones congregó a 10.000 personas en Manila.
Los católicos señalan que el proyecto amenaza los valores familiares y permite la interferencia del Estado en asuntos que consideran dominio de la religión.
El proyecto de ley se convirtió en un importante tema político debido a la intromisión de la Iglesia Católica, dijo Harry Roque, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Filipinas.
"La influencia de la Iglesia es muy persuasiva", dijo en entrevista telefónica desde Manila.
"Pero la realidad es que necesitamos esta ley", opinó. "Es importante que el presidente haga lo correcto".
Sin este proyecto, el país corre peligro de quedar rezagado en los Objetivos de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas para el Milenio (ODM), que entre otras cosas se proponen reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna para 2015 respecto de los índices de 1990.
Organizaciones locales de mujeres y agencias de las Naciones Unidas alertan que Filipinas tiene pocas probabilidades de alcanzar esa meta.
El primer proyecto de ley, presentado en ambas cámaras del Congreso en 2001, tenía el objetivo de "responder a los varios problemas de salud reproductiva en forma integrada", dijo Junice L. Demeterio-Melgar, directora ejecutiva de Likhaan, centro para los derechos de las mujeres.
"Específicamente quería llamar la atención sobre una serie de temas tabú, como la salud reproductiva adolescente, la atención médica luego del aborto y la educación sexual", dijo a IPS. "Era necesaria una ley para oficializar el enfoque integrado de salud y derechos humanos".
La no aprobación del proyecto afectará especialmente a los más vulnerables de Filipinas, donde 20 por ciento de la población vive con menos de 1,25 dólares al día.
"Las mujeres ricas quieren un hijo y tienen dos, y las más pobres quieren cuatro y tienen seis", explicó Demeterio-Melgar. "Los embarazos no deseados hacen que las familias pobres y las familias con más de tres hijos tengan dificultades para mantener a sus pequeños y enviarlos a la escuela".
