Carla perdió todo a los 13 años, cuando quedó embarazada: su primer año en educación secundaria, su familia, su novio y su felicidad. Pasó un año mendigando en las calles de la capital de Nicaragua antes de ser recibida en un centro para niñas madres.
Todo estalló en diciembre del 2006, cuando su madre descubrió que tenía tres meses de gestación, producto de una violación de un profesor de su escuela de primaria. Entonces, la azotó con inclemencia con un cinturón y la echó a la calle, porque, le dijo, no había cómo alimentar una boca más.
El bebe de Carla, un nombre ficticio, murió al nacer por problemas respiratorios. Durante el embarazo, una antigua vecina de la familia le dio cobijo en su casa, pero no comida, así que tuvo que vender dulces artesanales y pedir limosna en las paradas de autobuses, donde sufrió acoso sexual de adultos que le ofrecían dinero, drogas y alimentos a cambio de sexo.
De la Casa Alianza, la institución que la acogió inicialmente, pasó a los 15 años a un albergue escolar, donde cursó estudios de belleza y cosmetología, en lo que trabaja ahora. También actúa como promotora voluntaria en el centro para niñas madres, que para ella le salvó la vida y le enseñó que tenía derechos humanos.
El caso de esta joven, ahora con 19 años, fue conocido por IPS gracias a una organización no gubernamental dedicada a la protección de niñez y adolescencia en situación de riesgo, e ilustra una realidad que alcanza niveles preocupantes en este país centroamericano.
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En Nicaragua, un país con 5,8 millones de habitantes, hubo 1,3 millones de partos en el sistema sanitario público en los últimos 10 años. De ese total, 367.095 correspondieron a niñas y adolescentes, 172.535 con menos de 14 años, según un informe estadístico del Ministerio de Salud, que abarca el periodo 2000-2010, difundido en julio.
Esto quiere decir que 27 por ciento de los embarazos son de niñas y adolescentes, de las cuales 47 por ciento tenían entre 10 y 14 años. De hecho, 13 por ciento de los nacidos en el país lo son de madres que no superan los 14 años.
El médico Osmany Altamirano, asesor en derechos sexuales y reproductivos del no gubernamental Plan Internacional Nicaragua, dijo a IPS que el fenómeno es grave, pero que va en descenso dentro de sus abultadas cifras.
"En el año 2000, el porcentaje de madres adolescentes era de 31 por ciento. La tasa de embarazos ha bajado, aunque sigue siendo la más alta de América Latina y una de las más altas del mundo", dijo.
Un estudio del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, de 2007, situó a Nicaragua como el país del subcontinente con la mayor tasa de fecundidad adolescente. Las nicaragüenses en edad fértil (de 10 a 49 años) representan 65 por ciento del total y entre ellas, 37 por ciento tiene entre 10 y 19 años.
Para el especialista, el fenómeno del embarazo precoz en Nicaragua es parte y reproduce el ciclo de pobreza en que han vivido las niñas y adolescentes madres.
"Las niñas embarazadas reproducen el ciclo de la pobreza porque se vuelven madres antes de madurar biológicamente, es decir, madres con bajo peso y desnutrición crónica, que al dar a luz tienen hijos o hijas con baja talla y bajo peso", explicó.
Indicó que, además, 47 por ciento de niñas y adolescentes en estado de gravidez pierden su derecho a la educación y no concluyen la educación primaria.
"Muchas son obligadas a buscar trabajo en condiciones de desventaja al no tener experiencia o preparación en una profesión u oficio, otras son echadas a las calles y muchas terminan víctimas de explotación sexual", apuntó.
Según datos de 2009 de la Organización Mundial de la Salud, 16 millones de niñas de entre 15 y 19 años dan a luz cada año, lo que representa 11 por ciento de todos los nacimientos en el mundo.
Karla Nicaragua, de la asociación Quincho Barrilete, explicó a IPS que una investigación realizada en 2011 con adolescentes de Managua reveló que 60 por ciento de ellas admitieron que se ven presionadas e inducidas a tener relaciones sexuales por parientes, compañeros de colegios, vecinos y a veces hasta por sus padres.
El fenómeno se explica, entre otras cosas, por un entramado social "que ve el embarazo como algo normal", y "por un sistema jurídico que obliga a mujeres a parir incluso bajo toda condición de peligro médico", explicó la representante de una organización dedicada a la prevención y tratamiento de toda forma de violencia contra la niñez y adolescencia
Nicaragua es desde 2006 uno de los pocos países del mundo que castiga con cárcel la interrupción voluntaria del embarazo en todos los supuestos, incluso cuando la gestación fue producto de violación o incesto o la vida de la madre está en peligro, aquellos en que se permitía hasta entonces.
"La falta de orientación sexual científica y confiable en las escuelas y familias, el abuso y acoso sexual, la presión social de los círculos de amistad de las adolescentes, la pobreza, el hacinamiento, más un sistema de justicia permisivo, influyen en las cifras de maternidad juvenil", explicó a IPS.
Para Lorna Norori, del Movimiento Contra el Abuso Sexual (Mcas), detrás de las cifras de embarazo precoz se esconden actos de violaciones sexuales.
El Código Penal de Nicaragua establece que toda relación sexual con una persona menor de 14 años, aun cuando ella alegue consentimiento, es considerado delito de violación y debe penarse con prisión de 12 a 15 años, recordó la activista de derechos humanos de mujeres.
Norori acusó al Estado de Nicaragua de complicidad en la política pública de obligar a niñas embarazadas a dar a luz, pese a que la ley es clara en que son víctimas de violaciones, al no permitirles a sus familias la decisión de un aborto.
Alrededor de 40 por ciento de las mujeres nicaragüenses víctimas de violación sexual no tienen acceso a la justicia, según el estudio "Indignación: datos sobre violencia sexual en Nicaragua 2011", de Macs.
Para realizar la investigación, la organización se basó en registros del estatal Instituto de Medicina Legal (IML) y del Departamento de Asesoramiento y Control de la Comisaría de la Mujer y la Niñez de la Policía Nacional.
El informe detalla que, mientras el IML reportó en 2011 un total de 4.409 peritajes a mujeres agredidas sexualmente, la Comisaría de la Mujer solo registró 3.047 casos atendidos por el Ministerio Público.
Los registros del IML revelaron que más de 85 por ciento de peritajes se hicieron a mujeres menores de edad. De ellas, 36,5 por ciento eran adolescentes de 13 a 17 años y 49 por ciento niñas de menos de 12 años.
