Las Sete Quedas (siete caídas) del río Teles Pires, que corre entre los estados amazónicos de Mato Grosso y Pará, en el centro de Brasil, son un oasis espiritual que veneran los indígenas kayabi.
Pero esos saltos rocosos, con cascadas de 20 metros de altura, podrían quedar definitivamente cubiertos por el embalse de una central hidroeléctrica que inundaría una superficie de 95 kilómetros cuadrados.
"Es un área sagrada, nuestra madre creadora. El 'pajé' (chamán) dice que es allí donde desovan los peces", dijo a IPS por teléfono desde la zona João Kayabi, de 52 años. Él es cacique de la aldea Kururuzinho, donde viven 106 habitantes de este pueblo hablante de una lengua de la familia tupí-guaraní.
Para los kayabis, el paisaje de Sete Quedas es uno de esos lugares que los humanos jamás deberían tocar, porque es la morada de un dios responsable del equilibrio natural. "Estará bajo el agua y solo permanecerá en el recuerdo. Intentamos impedirlo", lamentó João Kayabi.
Otros dos pueblos veneran las rocas de Sete Quedas: los apiakás y los mundurukús. Para estos últimos son la "madre de los peces" y la morada de sus antepasados.
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"Los mundurukús dicen que el río se va a secar, que faltará alimento y se acabarán los peces. Espero que no", dijo Kayabi.
Estudios sobre la biodiversidad del curso del río, efectuados por la estatal Empresa de Pesquisa Energética identificaron casi 700 especies vegetales y más de 200 de peces, como el surubí pintado, el dorado, el pirarará y el jaú, entre otros. Se estima que Teles Pires es uno de los mejores ríos del mundo para la pesca.
En la tierra indígena donde se encuentra la aldea de João Kayabi, 293 personas viven de la caza, la pesca y la recolección de frutos.
"Hasta ahora nuestra tierra es bastante abundante, pero nos preocupa cómo será de ahora en más y si va a faltar alimento", dijo el cacique y padre de siete hijos. "Recelo mucho por mis hijos, no sé qué será de sus vidas".
La central de Teles Pires tendrá una capacidad de generación de 1.820 megavatios. Pero la empresa concesionaria enfrenta una batalla judicial para finalizar las obras.
La justicia ha ido y venido con fallos de paralización de la construcción.
La obra colisiona con las creencias, costumbres y tradiciones de los kayabis, mundurukús y apiakás (en total unas 12.000 personas), dijo la indigenista Juliana de Paula Batista, que asesora a organizaciones aborígenes del sudoeste amazónico.
En los primeros días de agosto, el Tribunal Regional Federal de la Primera Región ordenó suspender las obras. Pero, tras una apelación de la Procuraduría General de la Unión y del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama), el martes 14 levantó la suspensión.
Hay un despojo de los "recursos naturales imprescindibles para que los indígenas puedan sostener su vida y su cultura", dijo Batista a IPS.
A comienzos de este año, el Ministerio Público Federal (fiscalía) introdujo una acción civil para anular la licencia ambiental, concedida por el Ibama en agosto de 2011, y disponer su paralización inmediata.
Según la abogada, el proceso del permiso ambiental tiene fallas. "En ningún momento se dimensionaron correctamente los impactos en las tierras indígenas", alegó.
"La central pone en riesgo los peces, el sitio sagrado, la calidad del agua, las especies raras y endémicas, la vegetación general y la caza", enumeró.
Si bien las tribus no deben ser desplazadas, en sus aldeas hay temor de permanecer en el área "porque en caso de accidentes, como la rotura de la presa, las aguas las arrasarían", aseveró Batista.
Los kayabis se encuentran a solo 50 kilómetros del emplazamiento de la hidroeléctrica.
"No hay remedio cuando es un plan del gobierno, no tenemos cómo oponernos. La única forma es buscar apoyo y orientación. La obra va a salir y el perjuicio va a ser nuestro, podemos perder nuestros derechos", dijo Kayabi.
Una de las irregularidades señaladas por el Ministerio Público es la falta de consulta previa a los pueblos afectados. En marzo las obras ya se habían suspendido en respuesta al pedido fiscal.
La empresa concesionaria, Companhia Hidrelétrica Teles Pires, replicó que "todas las audiencias públicas se realizaron en presencia de los interesados y fueron grabadas", según una nota divulgada por la justicia.
Teles Pires forma parte del Programa de Aceleración del Crecimiento, iniciado por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003- 2011). Su cronograma indica que debería estar concluida en agosto de 2015, con un costo de 1.970 millones de dólares.
Según la empresa, tendrá capacidad de abastecer a 2,7 millones de familias. La energía generada se sumará al sistema interconectado nacional.
En la Amazonia hay una abierta lucha contra decenas de centrales hidroeléctricas, escenificada sobre todo en los estrados judiciales. El lunes 13, el mismo Tribunal Regional Federal ordenó paralizar la construcción de Belo Monte, sobre el norteño río Xingú.
La construcción de tres decenas de centrales amazónicas debe ser objeto de "urgente debate en la sociedad", sostuvo la coordinadora del Observatorio de Inversiones en la Amazonia, Alessandra Cardoso.
La investigadora del Instituto de Estudios Socioeconómicos es autora de "A Corrida por Megawatts: 30 hidrelétricas na Amazônia Legal" (La carrera por los megavatios: 30 hidroeléctricas en la Amazonia Legal), una nota técnica publicada el 26 de julio.
Cada central, en especial grandes obras "como Jirau, Santo Antônio, Belo Monte, Teles Pires, São Luiz do Tapajós, ya exigen aisladamente una gran discusión sobre sus costos sociales y ambientales y sobre los impactos que es imposible mitigar", dijo Cardoso en entrevista con IPS.
"¿Cómo medir y valorar, por ejemplo, la destrucción de Sete Quedas? ¿Cómo valuar las consecuencias socioambientales de miles de migrantes que van a la región donde se instala una de estas grandes obras?", cuestionó.
Pero, además, debe formularse una valoración de los efectos del conjunto de estas obras y el desarreglo territorial que entrañan en "zonas de selva densa, de altísima concentración de biodiversidad, que se han mantenido así justamente por la ocupación dispersa y ecológicamente amigable de las poblaciones tradicionales", argumentó.
Estas cuestiones limitan la capacidad que tiene el proceso de licencia ambiental de obtener una evaluación realista de costos e impactos de las hidroeléctricas amazónicas, explicó Cardoso.
