«La escuela sigue siendo reflejo de lo que pasa en las sociedades», por lo que es urgente evaluar qué hay detrás de los altos índices de acoso escolar en América Latina, analizó la experta en educación regional Marcela Román.
La antropóloga chilena advirtió a IPS que «también debemos cuestionarnos y asumir cómo el sistema, la política educativa, está generando y permitiendo estos niveles de maltrato en las escuelas» de la región, donde más de la mitad del alumnado lo sufre en alguna de sus formas.
El acoso escolar, conocido como «bullying», define situaciones de intimidación, acoso, abuso, hostigamiento y victimización que ocurren reiteradamente entre escolares.
Insultos, apodos y sobrenombres; golpes, agresiones directas, robos; amenazas, rumores y la exclusión o el aislamiento social son las formas de maltrato más comunes y frecuentes. Pero últimamente aumentó de manera importante el «bullying cibernético» mediante el cual se maltrata y denigra al estudiante por Internet.
Román, del chileno Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación de la Universidad Alberto Hurtado, afirmó que la violencia escolar es un grave problema en toda América Latina, y su erradicación es una necesidad urgente en la búsqueda de una escuela de calidad.
El estudio «América Latina: violencia entre estudiantes y desempeño escolar», realizado en 2011 por Román y su colega Javier Murillo, constató que 51,1 por ciento de los estudiantes de sexto grado de primaria de la región, en general de 11 años, sufrieron robos, insultos, amenazas o golpes de otros condiscípulos.
A juicio de Román, el acoso escolar es grave porque no está focalizado en un tipo de estudiantes, de escuela o de nivel socioeconómico, sino que es transversal, según mostró el estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
«A veces cambia la forma y la prevalencia», afirmó. Una constante, precisó, es que es menor en las zonas rurales, «por lo que hay que analizar qué tiene lo urbano que desencadena con mayor facilidad, acciones que afectan la relación de los estudiantes».
Para Román, una característica central es que los sistemas educativos comienzan a ser cada vez más competitivos, más exitistas y a provocar abierta o implícitamente espacios de competencia entre los estudiantes y, por consiguiente, «menos tolerancia y menos respeto y valoración por el otro, lo que hace más fácil que surjan interacciones más violentas».
El estudio evidenció que la agresión más común en la región es el robo (39,4 por ciento del total de casos), seguida de violencia verbal (26,6 por ciento) y física (16,5 por ciento).
Pero hay amplias variaciones en los países. En Argentina se dan los mayores casos de insultos y amenazas (34,3 por ciento del acoso total), delante de Perú (37 por ciento), Costa Rica (33 por ciento) y Uruguay (31 por ciento).
Argentina encabeza también los casos de violencia física entre pares, con 23,5 por ciento de los casos totales, seguida por Ecuador (21,9 por ciento), República Dominicana (21,8 por ciento), Costa Rica (21,2 por ciento) y Nicaragua (21,2 por ciento).
Cuba es el país con la menor tasa de estudiantes que admitieron haber sido golpeados recientemente: solo 4,4 por ciento de los entrevistados.
«En general, en todos los países, salvo Cuba, la mitad de los niños reconocen haber sido víctimas de acoso escolar, un porcentaje que sube cuando preguntas si han sido testigos. La interpretación desde la antropología y la psicología es que siempre resulta más fácil mirar en otro y no reconocer que uno es también víctima», precisó Román.
Chile, un caso que muestra otros
El caso de Chile ayuda a aterrizar los datos del estudio regional en realidades concretas y en las políticas que algunos países han comenzado a establecer ante el bullying.
La Encuesta Nacional de Convivencia Escolar 2011, cuyos resultados fueron divulgados por el Ministerio de Educación el 30 de julio, reveló que 10 por ciento de los estudiantes de octavo grado básico, de 13 años, reconocen haber soportado acoso y 25 por ciento de ese total admiten que lo sufren diariamente.
Lo sabe muy bien Magdalena Velázquez, cuya hija, Antonia, de 7 años, fue objeto de maltrato reiterado en una escuela y lo siguió siendo en una segunda cuando, desesperada, la cambió.
«Antonia llegaba con moretones en los brazos. Sus compañeras le cobraban dinero o dulces para incluirla en los juegos y una vez llegaron a arrastrarla por el suelo. También la tomaron entre tres y una le pegó combos (puñetazos) en el estómago», relató Velázquez a IPS.
Pero lo peor fue la respuesta de los representantes escolares cuando les solicitó apoyo. «Para mi asombro, gran parte de ellos acusaron a mi hija de no integrarse y de llevar dinero al colegio. La responsabilizaron a ella del maltrato que estaba recibiendo», explicó.
Algo que suele olvidarse es que el bullying también impacta la calidad de la educación, dijo a IPS la socióloga Carolina Bascuñán.
Alan Wilkins, secretario regional del Ministerio de Educación, explicó a IPS que el gobierno busca disminuir las agresiones, que actualmente afectan a 20.000 estudiantes, aplicando la Política Nacional de Convivencia Escolar, «que establece las bases para tener una nueva comprensión de la convivencia».
También se implementó el Plan Escuela Segura que busca fortalecer en los colegios del país las medidas para prevenir y proteger a los estudiantes de todo tipo de riesgos, entre ellos el bullying, el abuso sexual o el consumo de alcohol y drogas.
Sin embargo, para Bascuñán, con una maestría en necesidades y derechos de la infancia y la adolescencia, las políticas públicas son insuficientes, porque aplican estrategias para reparar el daño y no centradas en la prevención.
Un ejemplo, opinó, es la Ley sobre Violencia Escolar, vigente desde 2011, que «está creada fundamentalmente con el ojo en la sanción».
El problema del acoso escolar «no solo se tiene que trabajar desde el niño, sino desde la comunidad educativa y desde la familia, porque todo este sistema es el que ampara, promueve la violencia, pero también es el que debe estar a cargo de prevenir y de erradicarla», analizó.
