Edwin Escobar, alcalde de una populoso distrito de la capital guatemalteca, se propone replicar el exitoso plan Barrios de Verdad, desarrollado en La Paz, Bolivia. «Está devolviéndole la dignidad al vecino al mejorar las condiciones de vida en su barrio, y esa es la intención nuestra», aseguró.
"Este año vamos a arrancar con un proyecto piloto que financiará la propia municipalidad de Villa Nueva y otro por cooperación técnica no reembolsable", explicó a IPS el alcalde Escobar, a su regreso de La Paz, a donde viajó para conocer in situ la experiencia.
"Si las condiciones mejoran, esperamos que el gobierno (nacional) nos apoye en 2013", añadió.
Escobar permaneció en la ciudad sede del gobierno boliviano del 22 al 27 de junio, junto con los alcaldes Antonio Coro, de Santa Catarina Pinula, y Luis Barillas, de San Miguel Petapa, y autoridades municipales de Amatitlán y Villa Canales, también situadas en el sur de la capital de Guatemala.
La delegación se completó con la ministra de Desarrollo Social, Lucy Lainfiesta, y personal de la municipalidad de Guatemala y del gobierno nacional de Otto Pérez Molina, todos interesados en conocer el programa municipal reconocido por mejorar la calidad de vida de los barrios paceños más empobrecidos.
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"Los comunidades se están empoderando. Por medio de su participación validan los proyectos y también se hacen responsables de sus resultados", indicó Escobar.
Barrios de Verdad es una iniciativa del gobierno municipal de La Paz, mediante la cual se promueve la mejora de las condiciones de vida de la población de áreas marginales, con la participación ciudadana activa en el desarrollo integral de su comunidad.
La construcción de casas comunales con centros infantiles y de espacios de recreación, como parques y canchas de fútbol, la mejora de vías de acceso a vehículos y peatonales, así como la construcción de drenajes, son parte del trabajo de ese programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Guatemala ha visto en esta iniciativa una oportunidad para transformar la situación de miles de familias del área urbana.
Así, solo en la capital, con cuatro millones de habitantes, se ubican más de 400 asentamientos irregulares, donde viven unas 800.000 familias, muchas de ellas sin servicios de agua potable, drenajes y alumbrado público, según el no gubernamental Movimiento de Pobladores de Guatemala, una agrupación que vela por el derecho a una vivienda digna.
Las condiciones de Bolivia y Guatemala tienen similitudes, pero también diferencias, lo cual obliga a adecuar el programa para replicarlo.
"En Bolivia, la inseguridad no es tan crítica como en Guatemala. Por eso, a estos programas les vamos a agregar cámaras de video, lámparas, un sistema de reporte y denuncia anónima y más presencia policial", precisó el alcalde.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que en Guatemala, con 14 millones de habitantes, mueren de forma violenta de 16 a 20 personas cada día en promedio, muchas de ellas en áreas marginales.
Cándido Cruz, concejal de Villa Canales, informó a IPS que en su distrito se piensa comenzar en 2013, a partir de un sector denominado El Porvenir, considerado uno de los más inseguros de su municipio.
"Los gobiernos hacen sus proyectos, pero se olvidan de esos barrios que es precisamente donde nace la delincuencia. Si esto se llega a replicar correctamente, nuestros municipios clasificados como zonas rojas por la delincuencia, serán recuperados", sostuvo.
Agregó que las negociaciones para que este programa sea una realidad en Guatemala van viento en popa. Los alcaldes ya firmaron convenios de cooperación técnica con el gobierno de La Paz.
"El 22 de este mes vendrá a Guatemala el alcalde de La Paz, Luis Revilla, para ver el modo en que brindarán su apoyo y enseñarle a nuestra gente cómo puede desarrollarse ese proyecto", indicó.
Cruz se mostró sorprendido por los logros del programa boliviano, que por ejemplo ha llevado la "limpieza a la ciudad, parques, muchas áreas verdes, miradores, zonas de descanso y salones de usos múltiples".
Mencionó, además, que los proyectos en marcha en La Paz se originan en los propios vecinos y cuenta con un estricto control comunitario. El costo de cada uno oscila entre 700.000 y 800.000 dólares.
Esta parte del diseño del plan es fundamental para Guatemala, donde las autoridades de gobierno, incluidas las municipalidades, a menudo son señaladas de apropiarse de los dineros públicos.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2011, elaborado por Transparencia Internacional, Guatemala retrocedió del puesto 91 al 120 entre los 182 países analizados, quedando en América Latina solo delante de Nicaragua, Honduras y República Dominicana.
Jeremías González, gerente de una cooperativa en Villa Canales, dijo a IPS que el involucramiento de los vecinos en sus proyectos beneficiaría en la transparencia y la calidad de las obras.
"Nosotros fuimos víctimas de la corrupción. La municipalidad nos estaba cobrando un impuesto de 4.500 quetzales (576 dólares), cuando en realidad eran 1.000 quetzales (128 dólares)", se quejó.
"Si los vecinos participan, hay muchas ventajas porque ellos mismos buscan su progreso y la comunidad mejora su calidad de vida", apuntó.
Elizabeth Montenegro, otra vecina, comentó a IPS que una iniciativa con las características de Barrios de Verdad, con la participación activa de los vecinos, "nos permitiría darnos cuenta qué es lo que están haciendo bien o mal".
Los expertos también avalan una réplica de este programa boliviano.
Amanda Morán, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la estatal universidad de San Carlos, entiende que "sería lo óptimo" que se pueda replicar la iniciativa boliviana, "porque la misma gente lleva el control de todo el proceso de sus proyectos".
"Aquí la experiencia es que vienen organizaciones no gubernamentales u otros sectores de fuera y les meten proyectos que no funcionan y no se les da seguimiento", lamentó en conversación con IPS.
La experta dijo que su aplicación debe ser de forma "integral" e incluir también proyectos de mejoras en servicios de salud, educación y vivienda para cumplir su cometido: mejorar la calidad de vida de la población.
