Mario Guzmán planea talar entre agosto y septiembre, cuando amaine la temporada lluviosa. «Ahorita los caminos se atascan y los camiones no pasan para bajar la madera», narró a IPS este campesino mexicano cuya comuna ha logrado un manejo sostenible de sus bosques.
Guzmán integra el ejido El Potrero, ubicado 150 kilómetros al sur de la Ciudad de México, uno de los 11 que forman la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, de Amanalco, fundada en 1981, conformada por 2.400 propietarios agrarios y que ha conseguido conservar 11.600 hectáreas de bosque y se ha beneficiado del aprovechamiento forestal de especies como el pino, la encina y el oyamel (abeto nativo de México).
La zona pertenece a la Cuenca Valle de Bravo-Amanalco, vital para el abastecimiento de agua para el Valle de México, donde se sitúan la capital del país y varios municipios del vecino estado de igual nombre.
"Es una ayuda que nos beneficiemos con los bosques. Durante años vimos cómo una empresa los aprovechaba y no sabíamos si esos beneficios se quedaban aquí o si salían", relató Guzmán, quien siembra maíz, avena y papa en las 7,5 hectáreas que posee, especialmente para el autoconsumo.
Este campesino de 51 años y padre de seis hijos, que ahora es el presidente del Consejo de Vigilancia del ejido (propiedad colectiva rural), pasó por la experiencia de emigrar a Nueva York, donde vivió entre 2002 y 2004.
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La Unión de Ejidos es un ejemplo exitoso en materia de manejo forestal y uno de los seis proyectos pilotos en este país del Programa de Reducción de Emisiones Provocadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD+), que impulsa la Organización de las Naciones Unidas como instrumento para mitigar el cambio climático.
Los ejidatarios han impuesto la práctica de talar para vender solo los árboles más viejos o que presentan algún daño, para de ese modo preservar los bosques a la vez de sacarle provecho. Además, eligen los que están más cerca de las los caminos interiores de los montes para que la extracción sea más sencilla y no haya necesidad de cortar las especies más jóvenes.
México cuenta con unos 65 millones de hectáreas cubiertas de árboles. Las autoridades aseguran que se pierden anualmente unas 150.000 hectáreas, pero organizaciones ambientalistas elevan esa cifra hasta las 300.000 o más.
Los bosques son parte de los territorios de unas 2.300 comunidades, 600 de las cuales manejan empresas forestales, según el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
Este país, con 112 millones de habitantes, emite anualmente unos 709 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), uno de los contaminantes responsables del recalentamiento del planeta. Y 16 por ciento corresponden a las actividades agropecuarias, la tala de bosques y a otros usos de suelo.
El gobierno y las organizaciones sociales diseñarán este año la versión de REDD+ para someterla a consultas regionales en 2013, con el fin de ejecutarla al año siguiente.
"Se han aplicado técnicas sostenibles para el manejo de los recursos naturales. Estos modelos deben aplicarse en REDD", sostuvo ante IPS el presidente de la no gubernamental Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios del sureño estado de Oaxaca, Félix López.
REDD+, que básicamente apoya a los países del Sur en desarrollo con ayuda financiera y tecnológica, tanto para prevenir la deforestación como para regenerar los bosques, financia programas nacionales en 16 países.
En enero, el Banco Mundial aprobó un préstamo de 392 millones de dólares para el Proyecto de Bosques y Cambio Climático en México, destinado mayoritariamente a iniciativas encaminadas por comunidades forestales. Para este año, el sector forestal cuenta con un presupuesto de unos 441 millones de dólares.
Pero el proyecto REDD+ no ha estado exento de polémica, pues académicos y comunidades consideran que supone el riesgo de mercantilizar los bosques y que puede amenazar su autonomía. De hecho, varios estudios últimos han alertado sobre la capacidad institucional para ejecutar esos programas.
El informe "Assessing capacities of non-Annex I countries for national forest monitoring in the context of REDD+" (Evaluación de las capacidades de los países no incluidos en el Anexo I para la vigilancia forestal nacional en el contexto de REDD+), publicado en mayo en la revista holandesa Environmental Science & Policy, señaló que México tiene una "brecha muy pequeña de capacidad", al igual que Brasil y Chile, en la comparación con el resto de América Latina.
La brecha de capacidad surge de la comparación entre el compromiso nacional con el programa en cuestión, las capacidades existentes de control y seguimiento frente a los retos que implica el programa REDD+ y la tecnologí¬a aplicada.
El análisis, elaborado por Erika Romijn, Martin Herold y Lammert Kooistra, de la holandesa Universidad de Wageningen, y Daniel Murdiyarso y Louis Verchot, del Centro para la Investigación Forestal Internacional, se enfocó en 99 naciones, 49 de las cuales presentan grandes brechas.
Los autores concluyeron que los países pueden beneficiarse de la cooperación Sur-Sur y compartir capacidad regional.
En Amanalco, con 22.872 habitantes y cuyo nombre significa "en el estanque" o "lugar cerca del lago" en lengua náhuatl, los ejidatarios aprendieron a instalar barreras naturales, sembrando árboles frutales u otras plantas, para evitar el lavado de la tierra.
Es que la modalidad de labranza a manera de cornisas en las pendientes hace que, cuando llega la temporada de lluvias, los torrentes arrasen con todo a su paso, incluido las propiedades del suelo, si no encuentran esas barreras.
La Unión de Ejidos Emiliano Zapata ha recibido financiamiento de fuentes como el CCMSS y las fundaciones Gonzalo Río Arronte, de México, e Interamericana, de Estados Unidos. Eso le ha permitido operar un aserradero que emplea a 23 personas y procesa diariamente 6.000 pies cúbicos (170 metros cúbicos) de madera.
Así, los productores ya no están a merced de intermediarios, sino que colocan la madera directamente con el aserradero o con compradores externos, con lo cual reciben mejores precios. Actualmente, cada productor vende el metro cúbico en el equivalente a unos 73 dólares, indicaron.
Los ejidos aspiran a fortalecer su administración, las prácticas agrícolas y la gobernanza forestal, todos ellos asuntos centrales para REDD.
"Que los dueños de los recursos decidan si quieren participar o no. Si se generan capacidades locales, se puede disponer de esos recursos y lograr que se mantengan", enfatizó López.
La Unión de Silvicultores abarca a unas 100.000 hectáreas de bosque, en las que hay algunos proyectos de aprovechamiento forestal.
Con REDD+, México podrá preservar y hasta aumentar la superficie de bosques, con lo cual se calcula que se evitará la emisión de 41,8 millones de toneladas de CO2 y, complementariamente, se reducirán los espacios para la actividad agrícola-ganadera sumando así otra merma de casi 4,7 millones.
En su reporte de avances de junio, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques señaló que uno de los retos mexicanos es cómo armonizar las iniciativas en marcha en los estados, mientras la estrategia nacional cobra forma, "sin frenarlas, pero al mismo tiempo promoviendo consistencia y coherencia entre los niveles nacional y subnacional".
México es uno de los ocho proyectos piloto del Fondo, una alianza de 28 países, organismos no gubernamentales e internacionales para apoyar la reducción de emisiones causadas por la deforestación y la degradación forestal.
Un asunto urticante es cómo aplicar la estrategia en sitios donde existen conflictos agrarios, que suman 526, según la Secretaría (ministerio) de la Reforma Agraria.
Además, otro aspecto preocupante para comunidades avanzadas en la gestión forestal es que no accederían a fondos por luchar contra la degradación, pues no la sufren. Se estima que cerca de la mitad del territorio mexicano está degradada.
