El gris del cielo de la capital de Colombia pareció sumar al luto de cientos de manifestantes que protestaron el domingo 3 por el asesinato de Rosa Elvira Cely, muerta el 29 de mayo tras una semana de horrible agonía.
El hecho conmovió a este país signado por la violencia política y renovó la triste y casi siempre solitaria protesta de miles de familiares y amigos de mujeres violadas, atacadas con ácido, asesinadas o desaparecidas por razón de su género.
Yineth Bedoya, víctima de secuestro y violación en 2000 y autora del libro "Te hablo desde la prisión", leyó durante la manifestación una lista de mujeres agredidas sexualmente que rodeó los 1.000 casos, incluyendo niñas de menos de cuatro años y ancianas de más de 80.
Los nombres de las víctimas escritos en papel se pegaron a los árboles del recorrido de casi cuatro kilómetros hasta el lugar donde Cely fue encontrada aún con vida por la policía.
El ataque sucedió el 23 de mayo. Golpeada, violada y empalada, el agresor destrozó sus intestinos, útero y vientre. Pero en ese estado, Cely, tras un tiempo no determinado de inconsciencia, logró llamar al servicio de emergencia de la policía.
En el Hospital Santa Clara la operaron siete veces en el infructuoso intento de salvar su vida, según afirmaciones públicas de los médicos que calificaron el hecho de "atroz".
Cely tenía 35 años, cuidaba de su madre y una hija de 11 años, lograba ganar apenas 11 dólares diarios como vendedora ambulante y estudiaba de noche para validar el bachillerato. Su sueño era estudiar psicología.
Los presuntos responsables del feminicidio son compañeros de estudio. "Como muchas mujeres, ella confió en un par de conocidos con quienes compartió unos tragos, una noche de rumba, preludio de su final desesperado", dijo a IPS la médica y activista Luz Helena Sánchez.
El 1 de junio la policía detuvo a Jairo Velasco, el presunto autor material y con antecedentes policiales, mientras el domingo 3 se entregó otro implicado.
Hasta entonces Velasco seguía libre y tras el ataque a Cely continúo asistiendo a clases, aunque dejó de llevar la moto que manejó hasta la noche en que habría cometido el ataque, tras engañarla con el ofrecimiento de llevarla a su casa.
Pero, según las investigaciones, desvió el camino y la condujo forzadamente al Parque Nacional, una extensión de 65 hectáreas ubicada en una zona central de Bogotá.
El parque, visitado los domingos por familias, deportistas y practicantes de yoga y tai-chi, es plano en inmediaciones de la central Avenida Séptima, pero escarpado y montañoso en la parte superior, colindante con la Avenida Circunvalar que rodea los cerros orientales.
El río Arzobispo lo cruza, paralelo a una angosta carretera de dos carriles que une las dos avenidas. Un lugar extenso y oscuro, vigilado por nueve guardias privados y el apoyo de 40 efectivos de la Escuela de Carabineros.
La horrible agresión contra Cely hubiese quedado como tantos otros feminicidios en el anonimato, a no ser por la catarata de mensajes sobre su martirio que circularon por las redes sociales tras su muerte, desde donde llegó el eco a los medios masivos de comunicación, algo muy poco frecuente en este país.
"Hay que reconocer que los medios han mejorado un poquito: no han dicho hasta ahora, que ella fue responsable por salir a tomarse unos tragos con estos hombres", anotó Sánchez.
En cambio sí hay señalamientos contra la policía y el sistema de salud.
A la primera se la critica por versiones de negligencia en la búsqueda de Cely tras su desesperada llamada.
"Por los informes fragmentarios pudieron pasar hasta siete horas entre el momento en que Rosa Elvira Cely hizo la llamada y su ingreso a un centro de salud", indicó Sánchez.
El sistema de salud es acusado de no actuar con prontitud para salvarle la vida.
"Por el sistema imperante, no fue llevada al hospital más cercano, como el San Ignacio, a pocas cuadras (calles) del Parque Nacional, sino que para tirar su cuerpo deshecho, escogieron el Hospital Santa Clara, bastante lejos. Pero era allí, donde podía ser atendida una pobre vendedora de dulces", agregó la médica.
La razón de esta actitud es fruto también de que "los crímenes contra las mujeres, los niños y las niñas, no aparecen aún en las prioridades de la política pública. No hay voluntad política para hacerlo", concluyó.
La Policía de Bogotá ha revelado que en lo que va del año fueron denunciados 113 casos de violación. Una mujer cada día, que en la realidad son muchas más, porque autoridades y organizaciones de la sociedad civil reconocen que hay un gran sub-registro de agresiones sexuales, al igual que de feminicidios.
En Colombia, en los últimos tres años fueron violadas 721.246 mujeres, según la organización no gubernamental Profamilia.
En 2010, según los últimos datos oficiales, del Instituto de Medicina legal fueron asesinadas 144.000 mujeres en el país por razón de género, 26 por ciento dentro de sus hogares. Pero organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres matizaron que la cifra real es mayor.
La conmoción que despertó la muerte de Cely llevó al presidente Juan Manuel Santos a informar sobre la detención de su presunto agresor, y a asegurar a las mujeres que "no vamos a bajar la guardia" para enfrentar ese tipo de delitos, mientras el vicepresidente, Angelino Garzón, calificó el crimen de "salvaje".
La movilización del domingo 3 demandó el cese de la impunidad y de la negligencia judicial que rebaja penas u otorga casa por cárcel o libertad a los acusados de agresiones sexuales contra mujeres.
Entre los casos de impunidad citados durante la protesta, está el del asesinato de los hermanos Jenny, Jimmy y Jefersson Torres, muertos en el departamento de Arauca, presuntamente a manos de un miembro del ejército, después de violar a la niña.
El diario El Espectador informó este domingo, sobre la cancelación del acuerdo de rebaja del 47 por ciento de la pena por parte de la Fiscalía, a favor de Giovanny Ceballos, quien el 31 de marzo asesinó a su esposa, Viviam Urrego, en un centro comercial, ante cientos de personas atónitas.
Durante la manifestación en medio de una lluvia pertinaz, los representantes a la Cámara (diputados) Iván Cepeda y Ángela Robledo anunciaron que promoverán en el parlamento un reforzamiento de la legislación a favor de las víctimas de feminicidios y de otras manifestaciones de violencia de género.
Esta iniciativa se sumará a otra para imponer penas más altas para quienes ataquen a mujeres con ácido, una forma de agresión de género que está creciendo en forma alarmante en el país.
