El guyanés Fabian George bebió y usó por décadas el agua de los ríos de la selva amazónica, cerca de su casa en la ladera de la montaña, hasta que los precios internacionales del oro comenzaron a despuntar en los últimos años.
Ahora él y otros aldeanos del distrito de Chi Chi, en el occidente de Guayana, cerca de Venezuela, no pueden beber ni bañarse más en el río más cercano a su comunidad indígena debido a la contaminación química, la sedimentación y las dragas operadas en la zona por mineros locales y brasileños.
Ellos, al igual que otras comunidades indígenas en las áreas ricas en oro de esta nación sudamericana, se ven hoy obligados a caminar largas distancias hasta llegar a riachuelos cuya agua consideran menos contaminada.
Las aguas están mezcladas con sedimentos y residuos de mercurio liberados por las dragas, las bombas de gran potencia y las mangueras que extraen barro y minerales para recuperar el oro.
"Se está poniendo muy feo en Chi Chi", lamentó este padre de dos hijos, de 39 años, mientras se relajaba en un albergue indígena del gobierno en Georgetown, a donde se dirigió para hacer negocios.
"A veces nos aseguramos de recolectar la suficiente agua de lluvia o vamos a los riachuelos", dijo, recordando los días cuando se podía beber libremente de los ríos.
También señaló que mucha fauna y flora del lugar está desapareciendo debido al ruido causado por los equipos, la contaminación de las aguas navegables y el aumento de la actividad humana, todo lo cual se agravó desde que los precios del oro a comienzos de este año amenazaron con alcanzar los 2.000 dólares la onza troy.
El incremento en los precios internacionales permitió que el sector aurífero guyanés superara rápidamente a los del azúcar, el arroz y la bauxita. Inversores de Australia, Sudáfrica, Estados Unidos, Brasil y Canadá en particular llegaron para participar de la fiebre del oro en esta excolonia británica de 730.000 habitantes.
Funcionarios estiman que este país ha atraído inversiones por más de 1.000 millones de dólares en los últimos años, y que estas se incrementarán significativamente en los próximos dos, cuando la firma Guyana Goldfields, con sede central en Toronto, inaugure una gigantesca mina en el distrito de Cuyuni, también cerca de Venezuela.
Al menos otras cuatro compañías, la mayoría canadienses, tienen similares proyectos para los próximos meses, todos basados en la premisa de que los precios internacionales del oro seguirán en alza en el corto plazo.
Se estima que la mina en Cuyuni puede producir más de siete millones de onzas troy, más del doble de lo que logró la firma canadiense Cambior cuando administró las minas de Omai en el occidente de Guyana durante 12 años, hasta 2005. Entonces era una de las más grandes en América del Sur.
El presidente de la Comisión de Geología y Minas, Joseph Singh, admitió que el auge del oro presenta grandes desafíos para las agencias del gobierno, que luchan por hacer cumplir sus regulaciones y contratar a inspectores, geólogos y otro tipo de personal calificado para mantener el orden en el sector.
La Comisión está abriendo nuevas oficinas en la selva en su esfuerzo por acercarse a los yacimientos y supervisar que el ambiente no sea dañado en forma permanente.
Singh aseguró que la Comisión estaba preparada para tomar acciones rápidas y detener todas las operaciones una vez que recibiera denuncias de transgresiones.
"Actuamos rápidamente cuando hay informes de cualquier trasgresión, aportados por nuestros propios oficiales de minas o por los pilotos que sobrevuelan para constatar contaminación de los ríos. Sí, afrontamos serios desafíos", dijo.
El líder de la Asociación de Pueblos Amerindios, Jean La Rose, dijo que su grupo viene solicitando desde hace semanas una audiencia con el presidente Donald Ramotar para presentarle una larga lista de quejas sobre los efectos negativos de la minería.
Entre estos incluyeron el aumento de los casos de prostitución y el tráfico humano con fines sexuales, el agravamiento de la contaminación, las dificultades de los indígenas para seguir consumiendo peces y el bloqueo de las desembocaduras de los ríos por la sedimentación.
Además, la actividad minera genera tensiones en la población. La policía investigó el año pasado casi 50 asesinatos, 40 más del promedio anual, muchos de ellos ocurridos en peleas por oro o por motivos pasionales, algunos cometidos por mineros alcoholizados.
Se pronostica que el número de homicidios será mayor este año si continúa la tendencia. La semana pasada fue asesinada una prostituta de apenas 16 años en un campamento minero.
El Ministerio de Recursos Naturales se arriesgó a generar una tensión con su amigable pero poderoso vecino Brasil al deportar a casi 100 brasileños que trabajaban sin documentación, y penalizó a varios guyaneses por diversas transgresiones. Funcionarios estiman que Guyana alberga a casi 15.000 brasileños, la mayoría de los cuales carecen de documentos y trabajan como mineros.
En la sudoccidental región de Potaro, cerca de Brasil, mineros excavaron dos veces en los últimos años la principal carretera y desenterraron las cañerías de agua pública mientras buscaban oro.
Los grandes cráteres que dejaron las operaciones separaron en dos a los residentes de la zona, que además se quedaron sin suministro de agua. Funcionarios incautaron los equipos de los mineros y amenazaron con una demanda legal.
Además de estos problemas, la Comisión y la policía combaten también una red de contrabando hacia la vecina Surinam.
El ministro de Recursos Naturales, Robert Persaud, dijo que este contrabando abarca a la mitad de las más de 600.000 onzas de oro que los mineros de pequeña y mediana escala producen al año.