Víctimas de los asesinatos y violaciones a los derechos humanos que se perpetraron en Costa de Marfil tras las elecciones de noviembre de 2010 presentaron denuncia ante los tribunales locales, con el apoyo y amparo de organizaciones no gubernamentales.
La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) auspicia la decisión de llevar sus casos ante la justicia de 75 personas afectadas por la violencia de entonces y que aún temen represalias de los responsables de los ataques.
Bertrand Koué (nombre ficticio para proteger su identidad) huyó de la occidental ciudad de Duékoué dos días después de la llegada de las fuerzas de Alassane Ouattara, enfrentadas con las del entonces presidente saliente Laurent Gbagbo (2000-2011), quien se negó a entregar el cargo dando paso así a brutalidades de todo tipo con miles de víctimas.
Ouattara finalmente asumió en mayo de 2011 el gobierno de Costa de Marfil.
"Cuando los soldados llegaron a nuestra casa, atraparon a mi esposa y a mis dos hijos y los ejecutaron. Yo estaba escondido en el monte, no muy lejos de allí", relató este hombre de 34 años.
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"Tengo amigos que me dicen que los mismos hombres siguen por ahí. No puedo volver. Pero espero verlos ante un tribunal", añadió.
Fatima Konaté (también con identidad oculta) acompañaba a su tía al mercado de Abobo, en el norte de Abiyán, la capital económica de Costa de Marfil, cuando cayó un proyectil a cinco minutos de pasar frente a un grupo de soldados favorables a Gbagbo que estaban alrededor de un tanque.
"Luego explotó otro a pocos metros de nosotras. Mi tía murió en el acto", recordó llorando esta mujer de 27 años.
La investigación preliminar de ese episodio indicó que el proyectil fue disparado desde un tanque y dejó una decena de personas muertas. Los soldados implicados fueron detenidos en julio de 2011.
Konaté todavía recuerda la cara de los soldados, muy nerviosos, que amenazaban a los transeúntes. "Le decían a todo el mundo que nos iban a agarrar", dijo a IPS.
Más de un año después, Konaté dice que está lista para declarar en la causa contra los asesinos, a quienes está segura de poder identificar.
"Tuve miedo de que me mataran y no me presenté ante la Comisión Nacional de Investigación. Pero ahora estoy lista a decir la verdad para ayudar a alcanzar una paz duradera", añadió.
Konaté y Koué son dos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la crisis postelectoral de 2010-2011 que permanecieron en silencio por temor a las represalias o por falta de confianza en el sistema de justicia.
La FIDH, con sede en París, y sus dos organizaciones asociadas en Costa de Marfil, la Liga Marfileña por los Derechos Humanos y el Movimiento Marfileño por los Derechos Humanos, se unieron este mes a las 75 víctimas como parte civil en la demanda.
Las tres organizaciones apoyan la iniciativa legal a fin de contribuir al proceso de búsqueda de verdad, justicia y reconciliación emprendido por este país de África occidental, devastado y dividido por crisis políticas y militares durante una década. Un grupo de abogados de estas instituciones expondrán el caso por parte de los demandantes.
"El objetivo de la iniciativa legal es ayudar a las víctimas a contribuir con la justicia en Costa de Marfil y que ellas ocupen un lugar central en el proceso", indicó Patrick Baudouin, coordinador de acciones legales de la FIDH.
La mayoría de los casos tienen que ver con ejecuciones sumarias, el asesinato de familiares, violación y otros abusos sexuales, torturas, saqueo y destrucción de viviendas y propiedades, indicó la organización.
También Losséni Fofaza, (otro nombre ficticio) afirma haber visto desde su choza la profanación por parte de jóvenes combatientes de las fuerzas de Gbagbo de la cercana mezquita de Yopougon-Koweit, en el oeste de Abiyán, antes de asesinar a las cuatro personas que estaban en el lugar. Cuando lo vieron, fue golpeado salvajemente y dejado tirado frente a la puerta de su vivienda.
"Creyeron que estaba muerto", dijo a IPS. "Sangraba mucho, y cuando llegaron mis vecinos me llevaron al hospital. Desde entonces rezo para que esa gente pague por sus delitos", añadió el hombre de 26 años.
Marcelline Kouamé, quien tampoco usa su verdadero nombre, fue violada en Guiglo, en el oeste de Costa de Marfil.
"Como vivía cerca de un cuartel, cuando llegaron las fuerzas de Ouattara se me abalanzaron. Me golpearon frente a mis hijos antes de violarme. Cada vez que me acuerdo, me siento mal del estómago", relató la mujer de 48 años.
El presidente de la Liga Marfileña por los Derechos Humanos, René Hokou Legré, explicó que "antes que nada, el objetivo es comprender qué pasó".
"Además, queremos que se respeten los derechos de las víctimas para que podamos evitar que vuelvan a ocurrir atrocidades de este tipo. Por eso solo incluimos personas que puedan identificar a sus torturadores", añadió.
"Las víctimas temen represalias y que sus casos no sean entendidos en un sistema legal justo. Los tranquilizamos respecto de ambos asuntos, y será responsabilidad de las autoridades la seguridad de quienes quieran entrar en un programa de protección de testigos. Creemos que si algo le pasa tan solo a uno de ellos, bueno, algunas cosas estarán claras", añadió.
Según Karim Ouattara, asesor especial del presidente de la Comisión de Diálogo, Verdad y Reconciliación, la justicia para las víctimas es esencial para evitar que la impunidad tenga consecuencias negativas en el futuro.
"Costa de Marfil necesita de la reconciliación, pero también necesita verdad y justicia. Hay una iniciativa que permite a las víctimas expresarse, pero también necesitamos que los culpables acepten su responsabilidad", explicó.
Mientras, la Comisión Nacional encargada de investigar la violencia postelectoral sigue con su trabajo. Su mandato fue ampliado hasta febrero para que pueda terminar una investigación imparcial y exhaustiva de los crímenes cometidos por todas las partes.
