El futuro es incierto para la familia Alhasairi, que habita un apartamento en el centro de la capital libia. La vivienda le fue cedida por el antiguo régimen de Muamar Gadafi, que a su vez la había confiscado a sus dueños originales. Estos ahora regresan a reclamarla.
"Esta es la herencia sagrada de Omari Zerti", reza como una advertencia un colorido grafiti en la entrada del edificio.
El gobierno expropió la moderna edificación de tres pisos a la familia Zerti en 1978, bajo la llamada Ley Número 4, inspirada en el Libro Verde de Gadafi. Esta establece que cada ciudadano puede tener solo una propiedad.
Hafed Alhasairi explicó que Safia, la esposa de Gadafi, le concedió el edificio a un amigo. Hace 10 años, este padre de cinco hijos pagó más de 40.000 dólares para poder habitar, no poseer, uno de los nueve apartamentos.
La falta de vivienda es un problema crónico en este país del norte de África, rico en petróleo y con más de seis millones de habitantes.
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Cuando se aprobó la Ley Número 4, un sinnúmero de propiedades residenciales y comerciales fueron confiscadas por el régimen de Gadafi y entregadas a otras manos, vendidas o alquiladas.
Algunos pudieron mantener algunas de sus propiedades, como el vecino de Alhasairi, que se quedó al menos con un apartamento de lo que antes era su edificio.
"Originalmente se pensaba sacarle a los ricos para darle a los pobres, pero eso fue solo parcialmente así", dijo Saleh Marghani, abogado de Trípoli.
"Muchas propiedades valiosas fueron confiscadas por el régimen y luego cedidas como favores. Los dueños originales fueron las víctimas", señaló.
Pero ahora también se ven amenazadas las familias como la de Alhasairi, perteneciente a la etnia amazigh, comunidad bereber discriminada durante el régimen de Gadafi. Hafed consiguió un empleo público en la capital luego de años de trabajar en una refinería de petróleo costera.
"Mi esposa recibió recientemente una visita de la familia Zerti en nuestra casa", contó. "Eran agradables y cordiales, pero insistieron en que era su edificio y que nos teníamos que ir. Van a llevar el caso ante la justicia".
Hafed dijo comprender la situación de los Zerti, pero dijo estar preocupado por su propia familia, que ahora no tiene a dónde ir.
"Les tomará tiempo, porque la ley (Número 4) aún está vigente. Están preparando una nueva ahora, (con la cual) los residentes serían trasladados a otros apartamentos. Pero estas (nuevas) viviendas están en construcción", señaló, en referencia un ambicioso plan de crear edificios de apartamentos en tierra desértica a las afueras de la nororiental ciudad de Bengasi y Trípoli.
Camisetas coloridas adornan el comercio de venta de ropa barata en la planta baja del edificio. Abdalá Aldiamy, de 22 años, atiende el negocio familiar. Le pagan al dueño del local 2.000 dólares mensuales de alquiler.
Aldiamy cree que el propietario a su vez le paga unos 10 dólares al gobierno por el espacio. La familia Zerti se reunió cuatro veces con él. "Yo les di su teléfono", dijo Aldiamy.
Luego de pasar por una etapa de aislamiento internacional en los años 80 y los 90, Gadafi, como parte de su periodo de "apertura", hizo que su hijo Saif al-Islam creara un comité de compensación en 2007, liderado por el actual jefe del gobierno de transición, Mustafa Abdul Jalil.
"Algunas personas recibieron una compensación, pero fue de muy poco valor", explicó Marghani. "Muchos ni siquiera se animaron a solicitarla, especialmente aquellos que huyeron del país. Y muchos no creyeron que fuera algo serio", añadió.
Marghani dijo que había grandes desafíos. "Las propiedades cambiaron de manos desde la confiscación inicial, y muchos no saben quiénes son los dueños originales. Cuando Gadafi ordenó la destrucción del registro de tierras en 1982, se perdió mucha evidencia importante", indicó.
"Ahora algunos tienen problemas para certificar sus propiedades. Algunos tienen documentos de 1970, pero esto no garantiza que no hayan vendido sus propiedades antes de 1978", dijo.
"Además, algunos ocupantes alquilaron las viviendas a los dueños originales antes de 1978, y sus familias se quedaron allí pagándole luego renta al gobierno", agregó.
El mes pasado, el Ministerio de Justicia creó un comité para revisar la compleja Ley Número 4, y propuso soluciones justas para las circunstancias de los ocupantes, así como compensaciones para los dueños originales. Pero las decisiones del comité aún no han sido hechas públicas, y los antiguos propietarios se vuelven más impacientes.
Marwan El Jondi creció en el exilio en Estados Unidos luego que el gobierno de Gadafi le confiscara todas las propiedades a su padre, un exitoso empresario de Trípoli.
El año pasado, su familia presentó un reclamo de compensación. "Alguien en el comité dijo: Les daré seis millones, pero me tendrán que dar un millón a mí", reveló disgustado El Jondi.
La propiedad "valía mucho más que eso. Pero no puedes culpar a la gente porque soborna. Así es como funcionaba el país", añadió.
El Jondi es uno de los 400 miembros de una asociación de propietarios liderada por Shakr Mohamed Dakhil, hijo de uno de los empresarios más prominentes de Libia en los años 70.
La organización presentó una petición al primer ministro Abdurrahim El-Keib para que anule la Ley Número 4. "Las propiedades fueron confiscadas de un día a otro, y es así como deben ser devueltas" a sus dueños", afirmó.
"No queremos compensación, queremos nuestras propiedades", dijo.
