Antiguos funcionarios del expresidente egipcio Hosni Mubarak (1981-2011) siguen siendo buscados por la justicia más de un año después de la caída del régimen, y su riqueza ilícita permanece fuera del alcance de los fiscales.
Bajo el gobierno de Mubarak, altos funcionarios y empresarios con vínculos cercanos al régimen se quedaron con bienes públicos y adquirieron monopolios en materias primas estratégicas.
Según los fiscales, el grupo de elite se enriqueció gracias a un capitalismo basado en el tráfico de influencias. Esto incluyó acuerdos de privatización conseguidos gracias a contactos, manipulación de la bolsa de valores y trato preferencial en los contratos sobre la tierra.
Tras el levantamiento popular que puso fin a los 30 años de mandato de Mubarak, los fiscales egipcios prohibieron viajar a los antiguos líderes del régimen y a sus socios del sector empresarial, además de congelar sus bienes.
Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores también contactaron a varios gobiernos para pedirles que identificaran y congelaran los bienes de individuos que se sospechaba habían participado en hechos de corrupción.
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Sin embargo, cientos de jerarcas del régimen de Mubarak siguen en libertad, muchos de ellos viviendo cómodamente en el exilio gracias a ganancias malhabidas, sostienen activistas.
Algunos de esos exfuncionarios, acusados de incurrir en sobornos y otras conductas delictivas, todavía no han sido sentenciados, mientras que sobre otros pesan órdenes de captura internacional.
Uno de ellos, imputado de orquestar algunas de las privatizaciones más polémicas de la historia de Egipto, ocupa un alto puesto en una prestigiosa institución financiera internacional.
"Los socios de Mubarak no están exactamente ocultándose", dijo Amir Marghany, abogado y experto en cuestiones anticorrupción.
"Sabemos dónde viven muchos de ellos, así como dónde trabajan y pasan su tiempo. Pero parece que nadie está intentando realmente atraparlos", agregó.
En enero, muchos egipcios se enfurecieron al saber que Youssef Boutros-Ghali, ex ministro de Finanzas de Mubarak, fue divisado asistiendo a un foro público en la London School of Economics.
El personal de seguridad de la universidad escoltó al exfuncionario fugitivo a su salida de la sala de conferencias después de que un activista egipcio que estaba entre la audiencia le gritó públicamente.
Boutros-Ghali, a quien muchos ven como el rostro público de un régimen que se enriqueció a expensas de los pobres, huyó a Gran Bretaña poco después del derrocamiento de Mubarak.
Un tribunal de El Cairo lo setenció en ausencia a 30 años de cárcel por abuso de poder y por dilapidar fondos públicos. Su nombre está en la lista roja de Interpol.
"Sabemos que vive en Londres", pero hasta ahora nadie hizo nada por detenerlo, dijo Marghany.
La cobertura de los medios de comunicación locales e internacionales creó la impresión de que hay una caza mundial de los allegados a Mubarak y un congelamiento mundial de sus bienes, sostuvo.
Pero en realidad, apenas unos pocos países ordenaron ese congelamiento, y el mandato se limita a la familia y el círculo íntimo de Mubarak.
Varios analistas cuestionan la determinación de las autoridades egipcias. Los fiscales han puesto en su mira al círculo de Gamal Mubarak, hijo y presumible sucesor del expresidente, pasando por alto a funcionarios y empresarios muy vinculados a la junta militar gobernante.
"El antiguo régimen todavía dirige el espectáculo, y parece tener intereses financieros en las personas acusadas (de corrupción), y no muestra entusiasmo por juzgarlas o recuperar el dinero que robaron", dijo Amr Adly, titular de la Unidad de Justicia Económica y Social en la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales.
Aunque varios exlíderes del régimen fueron llevados a juicio, entre ellos Mubarak y sus dos hijos, los veredictos son continua e inexplicablemente demorados. Además, ciertos individuos parecen haber escapado a todo escrutinio.
El fiscal general de Egipto ha exhibido una extraña deferencia hacia Mahmoud Mohieldin, quien se desempeñó como ministro de Inversiones de Mubarak entre 2004 y 2010.
Organizaciones anticorrupción señalan que Mohieldin cometió abusos mientras ocupaba ese cargo y estaba al frente del impopular programa de privatizaciones del país, para manipular la valuación de los bienes públicos, que se vendían a inversores extranjeros a una fracción de su valor real.
Mohieldin viven en Estados Unidos desde su designación como director gerente del Banco Mundial, en octubre de 2010. Pese a numerosas acusaciones de mala conducta financiera, no se presentó ningún cargo en su contra.
"A los egipcios les sorprende que todavía ocupe este puesto", dijo Amr Hassanein, presidente de MERIS, socia regional de la calificadora de riesgo Moodys.
"Hubo escándalos de corrupción en torno a las transacciones (privatizadoras), pero no en relación a él personalmente. La percepción es que el Banco Mundial lo protege, pero esto puede tener más que ver con el lado de Egipto", señaló.
Los amigos de Mubarak cultivan un bajo perfil en el exilio, obteniendo documentos de residencia y continuando con sus actividades empresariales, en algunos casos usando fondos ilícitos desviados de Egipto.
Varios expertos en temas legales sostienen que los gobiernos de otros países pueden ser reticentes a actuar contra exmiembros del régimen de Mubarak hasta estar seguros de que todas las denuncias de corrupción se confirmen y que se garantice del debido proceso para los acusados. Otros parecen tener motivos políticos para brindarles refugio.
Las autoridades egipcias pidieron que Qatar entregue a Rachid Mohamed Rachid, ex ministro de Comercio de Mubarak. En junio de 2011, Rachid fue sentenciado en ausencia a cinco años de cárcel, y en septiembre a otros 15, por dilapidar fondos públicos y por especulador. Interpol emitió una orden para su arresto.
Según fuentes cercanas a Rachid, huyó al Golfo durante la revolución, quedándose varios meses en Dubai antes de instalarse en Qatar.
El 2 de marzo, un tribunal español ordenó que Hussein Salem, muy allegado a Mubarak, y su hijo, fueran extraditados a Egipto.
Las autoridades españolas habían arrestado en junio de 2011 al magnate fugitivo, ampliamente considerado como uno de los hombres fuertes de Mubarak, en su mansión de Mallorca, por múltiples cargos de corrupción y lavado de fondos ilícitos transferidos desde El Cairo. También congelaron su cuenta bancaria de 47 millones de dólares y confiscaron residencias valuadas en unos 14 millones de dólares.
Salem, quien tiene pasaporte egipcio y español, es acusado de haber usado sus conexiones con Mubarak para asegurarse lucrativos acuerdos inmobiliarios y empresariales, incluido un contrato muy criticado para exportar gas egipcio barato a Israel. Huyó de Egipto días antes de la caída de Mubarak, y estuvo en la lista roja de Interpol hasta su captura.
Un tribunal penal de El Cairo sentenció a Salem y a dos de sus hijos en ausencia a siete años de prisión, por especulación y lavado de unos 2.000 millones de dólares en exportaciones de gas. A Salem también lo sentenciaron, en otro caso, a 15 años de prisión por adquirir ilegalmente propiedades públicas. Pese a la orden de extradición, sigue en custodia española.
