Las 380 familias del poblado de Piquiá de Baixo, en el nororiental estado brasileño de Maranhão, deben convivir con la elevada contaminación del agua, el aire y el suelo causada por el vecino polo siderúrgico.
La localidad toma su nombre del árbol piquiá, que da una madera altamente apreciable, pero que se extinguió en la región, donde están instaladas desde hace 25 años cinco plantas siderúrgicas, lideradas por la empresa minera privada brasileña Vale.
Actualmente se producen en ese lugar al año 500.000 toneladas de arrabio, materia prima del acero que se obtiene fundiendo en altos hornos carbón, caliza y mineral de hierro.
El polo de Açailândia, municipio que tiene jurisdicción sobre la zona, depende del fortalecimiento de la actividad de las minas de hierro de Vale, cuya producción es luego transportada a los puertos del océano Atlántico en las proximidades de São Luís, la capital estadual ubicada a 500 kilómetros de distancia.
Los habitantes del pequeño pueblo, donde los patios de sus modestas viviendas lindan con los terrenos de las grandes fábricas, ya demuestran en su salud los impactos de la contaminación y degradación ambiental.
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Debido a la pésima calidad del aire que respiran y del agua que consumen, más de 40 por ciento de los vecinos de Piquiá de Baixo se quejan de enfermedades y males respiratorios y de los pulmones, así como de lesiones dermatológicas, según un estudio del Centro de Referencia en Enfermedades Infecciosas y Parasitarias de la Universidad Federal de Maranhão.
Esta población, que reclama el traslado a un lugar seguro, limpio y distante del polo siderúrgico, está conformada en su mayoría por agricultores que hoy solo pueden laborar la tierra a más de 200 kilómetros de sus hogares.
Este es un drama que se repite en muchas de las ciudades mineras de Brasil, varias de ellas también movilizadas.
Edvard Dantas Cardeal, 68 años, es presidente de la asociación de los vecinos de Piquiá de Baixo, afectados por el humo y residuos generados por los 70 hornos de fundición que existen en la región.
"Estamos en peligro, pues vivimos al lado de cinco siderúrgicas y, además, Vale tiene un puesto minero a 300 metros de nuestras casas, donde todos los días centenas de toneladas de hierro cruzan nuestro pueblo las 24 horas", comentó a IPS.
La denuncia de las precarias condiciones de vida en Piquiá de Baixo está destacada en la Relatoría de Insostenibilidad de Vale 2012 (http://amazonia.org.br/wp-content/uploads/2012/04/relatorio-insustentabilidade-vale-2012.pdf), lanzada el 18 de este mes en Río de Janeiro por la Articulación Internacional de los Afectados por Vale, que reúne a 30 movimientos sociales de Argentina, Brasil, Canadá, Chile y Mozambique, algunos de los países donde actúa esta empresa, privatizada en 1997.
La directora ejecutiva de la organización no gubernamental Justicia Global, Andressa Caldas, señaló a IPS que el caso de Açailândia es emblemático, porque es una comunidad asentada hace más de 50 años y que "pide ser trasladada por el grado de degradación ambiental y contaminación tóxica que sufre".
En coincidencia, Danilo Chammas, abogado de los habitantes de Piquiá de Baixo, precisó que el pueblo ya existía cuando se instaló el polo siderúrgico en la región hace 25 años. Ahora "la convivencia se ha tornado inviable, ya que la población respira todos los días polvo de hierro mezclado con carbón", apuntó.
"El traslado de las familias debió hacerse cuando comenzó la construcción del polo, pero aún esa alternativa es la única y urgente", aseguró a IPS.
Chammas añadió que le exigen "a Vale un compromiso mayor con los vecinos y que, efectivamente, aporte recursos para la construcción de un nuevo asentamiento lejos de la contaminación".
Según la Relatoría de Insostenibilidad, la firma Vale "se niega a reparar los daños causados a esas personas y, por consiguiente, a cargar con el costo de reasentar las familias".
Cardeal también se sumó al reclamo de modo perentorio, porque su comunidad "no puede más quedarse allí, dado que hay un gran riesgo de degradarse aun más la salud pública".
"No podemos más, las siderúrgicas contaminan el río que cruza la población y solo podemos pedir a Dios para salir del lugar", manifestó.
IPS pudo confirmar que existe un terreno alejado del polo siderúrgico que fue expropiado en julio de 2011 por el municipio de Açailândia para reasentar a los vecinos afectados. A pesar de que en un principio hubo recursos legales presentados por su anterior propietario, el asunto fue resuelto el 20 de marzo por el tribunal de justicia de Maranhão.
Cardeal y el abogado de Chammas viajaron hasta Río de Janeiro intentando ser recibidos por representantes del consorcio Vale.
"Venimos con el espíritu de dialogar y para que Vale aproveche la oportunidad para limpiar su imagen, que está empañada por el vínculo que tiene con las industrias de arrabio, muchas de las cuales promueven el trabajo esclavo e infantil", denunció Chammas.
La asesoría de prensa de Vale no quiso comentar nada al ser consultada por IPS, aunque posteriormente divulgó un comunicado en respuesta a la Relatoría de Insostenibilidad.
"Vale recibe con respeto todas las sugerencias y denuncias referentes a sus operaciones. Tenemos consciencia de que la actividad minera provoca impacto y, por eso, trabajamos en conjunto con las comunidades y gobiernos para encontrar soluciones que garanticen seguridad a las personas, así como una convivencia harmónica y saludable", indica el texto de la empresa.
