Meses después de que una comisión independiente presentó evidencias sobre la dura represión del gobierno de Bahrein contra manifestantes prodemocráticos, renacen los llamados a que ese reino del Golfo adopte reformas genuinas.
A inicios de este mes, unos 100.000 civiles llenaron las calles de ese país, en lo que, según observadores, fue la mayor manifestación desde que comenzaron las protestas el año pasado.
La continua represión de las casi diarias protestas motivó el martes 20 una condena de la Organización de las Naciones Unidas por el "desproporcionado uso de la fuerza".
El mismo día, el Centro Bahreiní para los Derechos Humanos, una de las pocas organizaciones no gubernamentales que operan en el país, presentó evidencias de la muerte de dos civiles asfixiados la semana pasada con gases lacrimógenos.
"Desde el 23 de noviembre, cuando el rey recibió el informe de la comisión independiente, murieron 31 civiles que supuestamente habían causado disturbios, pero no hubo muertes de miembros de las fuerzas de seguridad", dijo a IPS el director de la organización Bahrain Watch, Bill Marczak.
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El gobierno de Bahrein limitó la entrada de periodistas y observadores de derechos humanos, mientras testigos independientes siguen documentando diversos abusos, incluyendo torturas, detenciones arbitrarias, acoso sexual, golpizas y un creciente número de muertos y heridos con balas de goma y gases lacrimógenos, armas provistas muchas de ellas por fabricantes estadounidenses.
"Aunque Estados Unidos frenó un acuerdo de armas por 53 millones de dólares con Bahrein, están en marcha otras entregas más pequeñas, y el gobierno estadounidense aparentemente emite licencias para ventas comerciales directas de gases lacrimógenos y otros artículos" a ese país del Golfo, dijo Marczak.
"No ha habido ninguna investigación conocida sobre el uso de armas con probable origen estadounidense contra los manifestantes, como los (vehículos blindados) M113 APC, equipados con (ametralladoras pesadas) Browning M2.50, que fueron utilizadas el año pasado", indicó.
"El empleo de estas armas contra manifestantes desarmados constituye probablemente una violación de las leyes estadounidenses y va en contra de las condiciones acordadas" cuando estas fueron donadas a Bahrein "a bajo costo o gratuitamente en los años 90 y en la década de 2000 bajo el programa Artículos de Defensa Excedentes", apuntó.
La comisión fue creada por el propio gobierno de Bahrein y estuvo presidida por Mahmoud Cherif Bassiouni, profesor de derecho internacional humanitario en la Universidad DePaul.
A pesar de sus hallazgos, que contenían evidencia inequívoca de abusos a los derechos humanos y recomendaciones políticas, la probabilidad de una reforma genuina o de una solución pacífica a la crisis parece ir disminuyendo, según analistas en Washington.
A comienzos de este año, el gobierno bahreiní reanudó el juicio a 20 médicos acusados de fomentar la insurrección armada contra el gobierno. Los médicos recibieron sentencias de entre cinco y 15 años, luego de haber confesado sus delitos aparentemente bajo tortura.
Según Brian Dooley, observador de Human Rights First y quien presenció el juicio la semana pasada, a los acusados no se les permitió presentar testigos para su defensa, mientras que los fiscales ofrecieron como "evidencia" imágenes de ambulancias que supuestamente "transportaban armas a los manifestantes".
A comienzos de esta semana, diplomáticos bahreiníes aseguraron que el rey Hamad bin Isa Al Khalifa estaba dando pasos hacia una reforma política.
"Desde hace 10 años, su majestad el rey ha instituido un proceso de reformas que produjeron un cambio significativo en Bahrein. Y, a pesar de las afirmaciones en contrario, este proceso nunca se detuvo", escribió en su blog el miércoles 21 el embajador bahreiní en Estados Unidos, Houda Nonoo.
En un intento de mostrar buena fe, funcionarios de Manama anunciaron el jueves que se instalarían cámaras en las cárceles del país para disuadir abusos contra los detenidos.
"En conjunto, los pasos tomados hasta ahora y los prometidos son bien recibidos, y deberíamos tomarlos seriamente y ver hasta dónde llegan. Sin embargo, persisten varios problemas", dijo Joost Hiltermann, experto en el Golfo para el centro de estudios Grupo Internacional de Crisis, con sede en Washington.
"Claramente están intentando convencer al mundo de que la situación no es tan mala como suena", señaló.
La oposición bahreiní está unida en la resistencia al rey Hamad, pero tiene varias discrepancias en diversos temas, como por ejemplo si se debe negociar con la monarquía o directamente luchar para que sea derrocada.
Mientras, un sector del gobierno bahreiní constituido por los más leales al poderoso primer ministro, jeque Khalifa bin Salman Al Khalifa, se resiste vehementemente a adoptar reformas genuinas, y por tanto crecen las dudas sobre si algún día serán adoptadas las recomendaciones de la comisión.
"Una táctica que parece ser usada por el gobierno para no tener que ceder poder es construir barreras de miedo e intolerancia entre diferentes grupos de la población: sunitas versus chiitas, expatriados versus nativos, ciudadanos versus policías", opinó Marczak.
"¿Cómo hará Bahrein para comenzar a dar pasos (hacia la democracia)? Es difícil decirlo, pero creo que la solución es una continua presión tanto de gobiernos extranjeros y de los bahreiníes comunes", sostuvo.
